Es posible limitar los mayores riesgos
institucionales de la Procuraduría y los peores excesos personales del
procurador Ordóñez sin necesidad de reformar la Constitución; basta una
corta ley de tres artículos.
La
Constitución autoriza (desafortunadamente) que la Procuraduría ejerza
un poder disciplinario preferente sobre todos los servidores públicos,
incluso aquellos de elección popular; pero señala que las sanciones
deberán ser “conforme a la ley”. La ley debe entonces definir las
sanciones que puede imponer el procurador.
El
primer artículo diría entonces que la Procuraduría no puede inhabilitar
a ningún funcionario, pues esa sanción, impuesta por una autoridad no
judicial, como la Procuraduría, viola el artículo 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que establece que esas restricciones a
los derechos políticos sólo las puede ordenar un juez.
El
segundo artículo reconocería que la Procuraduría puede sancionar
disciplinariamente a los funcionarios electos popularmente (pues así lo
prevé la Constitución), pero diría que no puede suspenderlos ni
destituirlos, pues esas sanciones tienen efectos muy negativos sobre los
derechos políticos de los ciudadanos que los eligieron y que esperan
que cumplan su mandato. El procurador podría, por ejemplo, amonestar
públicamente a un funcionario electo popularmente, pero su destitución o
suspensión estaría reservada a los jueces.
El
tercer artículo limitaría el excesivo poder burocrático del procurador,
que le facilitó su reelección y que está muy ligado al manejo de los
cargos de procurador judicial, que son empleados costosos pero casi
inútiles, pues duplican las tareas de otros funcionarios. El artículo
podría reducir la planta de procuradores judiciales de 760 a unos 30 y
trasladar a los actuales a otras instituciones, como la Fiscalía o la
Defensoría Pública, en donde hacen falta y cumplirían una labor
productiva.
Yo prefiero que la
Procuraduría sea eliminada, pues es una institución costosa, redundante y
riesgosa. Pero esta ley, corta y poderosa, eliminaría sus peores
riesgos. Y solucionaría además el problema de Petro y de muchos otros
funcionarios injustamente sancionados por el procurador, como Alonso
Salazar, el exalcalde de Medellín, ya que tendría efectos retroactivos,
pues son normas más favorables para los sancionados.
Una
ley así podría además ser aprobada en dos semanas, si el Gobierno lo
quiere. El presidente podría convocar a sesiones extraordinarias del
Congreso y el proyecto, con mensaje de urgencia, sería debatido
conjuntamente en las comisiones de las dos cámaras; las plenarias pueden
aprobarlo ocho días después. Sería un buen regalo de año nuevo para
Colombia. Pero como los avances democráticos no son usualmente regalos,
como ciudadanos deberíamos transformar nuestra indignación en voluntad
política y exigir inmediatamente una ley de esta naturaleza.
* * *
Por
fin una buena noticia en la conformación de las altas cortes: la
elección del respetado profesor Néstor Osuna a la Sala Disciplinaria.
* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
-
Rodrigo Uprimny * | Elespectador.com
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