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Los grandes medios promueven y contratan la realización de
sucesivas encuestas, cuyos resultados divulgan con bombos y platillos,
procurando hacer énfasis sobre el propósito predeterminado que buscaban,
de conformidad con el interés específico de las clases dominantes en un
momento dado. Es así cómo, con pretensiones de ciencia social e
imparcialidad informativa, insuflan en la mente de la comunidad una
determinada manera de pensar, que se refuerza además con múltiples
titulares noticiosos, entrevistas y comentarios.
Es uno de los apartes de lo que se conoce como la guerra ideológica,
la lucha incesante por aplastar, desprestigiar y destruir todas las
formas de pensamiento que puedan inducir a la población a reaccionar de
modo distinto al deseado y esperado por los dueños del poder. Guerra que
además desmienten, calificándola como inexistente, fundando su
actividad en un supuesto carácter imparcial y objetivo, ajeno por
completo a cualquier manifestación de deshonestidad. Buena parte de
ellos se ufana de practicar lo que llaman democracia informativa.
La semana pasada, por ejemplo, tuvieron a bien especular con los
resultados de la última gran encuesta en torno a las posibles
candidaturas presidenciales, la reelección y la paz. Es probable que en
cúpula económica y social del país exista expectativa en torno a cuál
será la actitud más conveniente a adoptar en torno a esas materias, y
que esos ejercicios estadísticos tengan el propósito de auscultar
posibles alternativas. Pero lo que nunca será cierto, es que lo que esté
opinando la gente sobre una u otra materia, va a ser lo determinante a
la hora de las decisiones. Más bien el reto puede ser el contrario, cómo
diseñar estrategias para entrar a variar las percepciones poco
admisibles del público.
Varios comentaristas de la gran prensa se referían para el caso de
las conversaciones de paz de La Habana, a lo que consideraron una
interesante revelación de los resultados de la encuesta. Según ella, el
proceso de paz es un tema de carácter secundario o terciario en las
preocupaciones de los colombianos. La gran mayoría de los nacionales
habita en las ciudades grandes y medianas, donde no se sienten los
efectos de la guerra, por decir operaciones militares, combates,
bombardeos, minados, entre otros, lo cual hace a la gente indiferente a
la existencia e incidencias de los diálogos.
Así que no se trata de que los colombianos estén cansados o no con el
proceso de paz, ni si están de acuerdo con que continúe o se rompa, no,
de lo que se trata sencillamente es que a la gente no le importa el
tema, le es prácticamente ajeno. Es innegable que si los grandes medios
informativos coinciden en hacer difusión de tal tesis, están promoviendo
interesadamente la idea sobre la inutilidad del proceso de paz y
otorgando el aval a una decisión oficial de ruptura del mismo.
Igual podría pensarse en torno a la consulta acerca de qué vía
consideran los entrevistados como más apta para poner fin al conflicto.
Las disyuntivas presentadas al público fueron tres, la militar, la de la
reinserción y la de las conversaciones de paz. Los resultados
presentados indican que cada una de ellas tiene prácticamente un tercio
de seguidores, un porcentaje aproximado al treinta por ciento. En
apariencia, la vía de las conversaciones, con un 33 por ciento, dos o
cuatro puntos por encima de las otras, parece ser la ganadora. Pero, si
se observa bien, en realidad no le fueron presentadas al público tres
alternativas, sino dos hábilmente manipuladas. La vía militar comprende
la de la reinserción, pues basta con escuchar las cuñas radiales que
promueven esta última, para darse cuenta que está montada sobre el miedo
a la muerte que pueden sentir los guerrilleros ante las arremetidas por
tierra y aire.
Así que el resultado aparente de una precaria mayoría en torno a la
solución dialogada del conflicto, se encuentra en realidad avasallado
por más del sesenta por ciento de los encuestados que se inclinan por la
continuación de la guerra, verdadero resultado que esperaban los
patrocinadores de la encuesta y que seguramente pretende reforzar la
voluntad del más alto gobierno en el sentido de no seguir adelante con
un proceso que en su opinión no produce nada palpable.
Del mismo modo, al presentar los titulares de noticias, algunos
medios comienzan esta semana afirmando que Iván Márquez condicionó los
avances en la mesa de conversaciones a la firma de un cese al fuego y
una tregua bilaterales, en la misma línea de seguir presentando las
posiciones de la guerrilla como obstáculos al logro de un acuerdo
efectivo. Las posiciones uribistas, puestas de moda ahora con su
ridículo remedo democrático de convención, y el discurso encendido
contra el proceso de La Habana por parte de su mediocre candidato, hacen
parte de la misma arremetida contra las FARC. De lo que se trata al fin
y al cabo es de aniquilar las ideas expuestas por la guerrilla, para
eso fue concebido el proceso por el gobierno, y hasta su terminación, si
contribuye a ese gran propósito, resultará bienvenida para él.
No se puede admitir tan fácilmente que el tema de la paz carezca de
interés. Ese tipo de trivializaciones niegan las enormes incidencias que
el conflicto armado tiene para todo el país. El debate en torno a los
falsos positivos en los que aparece implicado un coronel del Ejército y
relacionado un magistrado del Tribunal de la Judicatura, o las sacudidas
producidas con la tumbada del fuero militar, así como el interés puesto
por el gobierno en la aprobación del referendo, o el incremento en más
de 20 billones del presupuesto de la nación para el 2014, etcétera, son
temas profundamente ligados a la existencia del conflicto y a las
conversaciones de paz. Y afectan absolutamente a toda la población.
Además existe otra cuestión ligada íntimamente al proceso. En la Mesa
de La Habana se enfrentan dos grandes proyectos, por parte del
gobierno, el de las locomotoras neoliberales que saquean al país,
arrollan su soberanía, enriquecen exageradamente a una minoría
privilegiada, empobrecen cada vez más una masa más grande de colombianos
y aplastan por la vía de la violencia, la persecución y la cárcel la
resistencia a sus políticas. Por parte de las FARC y el pueblo
colombiano, el proyecto de un nuevo país democrático y tolerante, en el
que al pensar en desarrollo se privilegie la población sobre las
empresas y los bancos, en el que sean abolidas las abismales diferencias
económicas y sociales, en el que no tengan cabida la brutalidad
militar, paramilitar y policial. Eso, necesariamente, nos incumbe a
todos y no es una cuestión baladí. Las clases dominantes y los grandes
medios no quieren ver la gente pensando en eso.
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