Escrito por la guerrillera Yira Castro
No es un delito, no pueden ser juzgados ni judicializados quienes con la sana intención de aportar su grano de arena a la Paz de Colombia, vengan a hablar con las FARC-EP a través de nuestra Delegación de Paz. Y lo dijo el fiscal Montealegre, quien difícilmente puede ser señalado de ser persona con afectos hacia las FARC-EP.
La Paz: de derecho y deber, a hecho punible es el titulo del comunicado presentado hoy ante los medios de comunicación por el comandante Ricardo Téllez, vocero en la mesa de diálogos.
Y es que lo que se veía venir comienza a hacerse efectivo. Es irracional la posición gubernamental al pretender prohibir la interlocución de la sociedad colombiana con la insurgencia, estigmatizando a todo aquel que viaje a esta isla.
La Habana es destino turístico por sus hermosas playas, su sol, la calidad humana, sus ritmos y la tranquilidad que se respira en sus ciudades, la seguridad que dificilmente puede encontrarse en otro país de Latinoamérica. Es inadmisible que a quien viaje en plan vacacional o como invitado a participar a nombre de determinada organización social a cualquier evento integracionista de los que se realizan constantemente en este país, queden reseñados en migración dentro del grupo de personas a las que ya se les adelanta investigación disciplinaria por nexos con las FARC-EP.
Está en pleno desarrollo el punto de la participación política, la gente quiere hablar, quiere oir de primera voz nuestras iniciativas en torno a la Paz, quiere conocernos de cerca para poder hacer sus propios juicios, pero ante todo, quieren ser escuchados, quieren cerciorarse de que sus propuestas en realidad están siendo tomadas en cuenta por ambas partes.
Cabe el dicho popular “ahí si llegamos al nudo”. Es un gran obstáculo que el mismo gobierno le está interponiendo al avance del proceso. Difícilmente puede haber concertación cuando una de las partes se opone al desarrollo de lo acordado.
Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, entre sus definiciones significa libertad de expresión; no es posible hablar de esto, cuando se están negando las posibilidades de intercambio ciudadanía-insurgencia.
Lo consigna el preámbulo del Acuerdo General de La Habana: “La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”.
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