Informe especial del CINEP que aborda uno de los problemas críticos de la coyuntura nacional: el reconocimiento político del campesinado.
Resumen ejecutivo
Para acercarse a una mejor comprensión de las dinámicas políticas y sociales del campesinado en Colombia, el informe presenta datos sobre las tendencias de luchas sociales protagonizadas por los sectores campesinos, las dinámicas de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de las cuales son víctimas y algunas características del proceso de construcción del Estado de cara a las necesidades y demandas de estos grupos sociales. El momento actual de movilización social que se vive en el país, en el cual los campesinos y otros sectores sociales se expresan vigorosamente, invita a reconocer los vínculos y relaciones que han tenido los procesos de victimización, las trayectorias de las luchas sociales y la formulación de políticas públicas orientadas a estos sectores sociales.
El presente informe, es un llamado a profundizar el proceso de reconocimiento político de los sectores campesinos, partiendo de las deudas históricas que el Estado central y los gobiernos regionales tienen con ellos, las graves y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y la necesidad de implementación de políticas públicas que respondan a sus necesidades al igual que a las de toda la población. Igualmente, pretende hacer énfasis en que el reconocimiento político de estos sectores, pasa por la necesaria construcción de diseños institucionales y de políticas públicas en los cuales su participación sea efectiva.
El documento presenta información de luchas sociales y violaciones de los derechos humanos contra campesinos en el periodo 1988-2012. La persistencia en los motivos de sus luchas sociales y la emergencia de nuevas exigencias en las movilizaciones, permite comprender el carácter dinámico de estos sectores y su capacidad de formular propuestas tanto para la solución de problemas estructurales - la alta concentración de la propiedad de la tierra-, como para la implementación de políticas sectoriales y/o territoriales.
En términos de derechos humanos, los campesinos son unos de los sectores sociales que más victimizaciones han sufrido en el marco de la violencia política y el conflicto armado en Colombia. El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP/PPP, reporta 17.559 campesinos víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario entre 1988 y 2012. Durante los últimos años, se puede observar que muchas de estas victimizaciones han ocurrido en el transcurso de protestas protagonizadas por las organizaciones campesinas. Es necesario superar la estigmatización de la protesta social y comprender las trayectorias de las luchas y las demandas sociales que las motivan, para poder atender y superar los elementos estructurales que las generan.
Si bien este informe hace énfasis en las luchas sociales y la victimización de los sectores campesinos, el déficit de reconocimiento político también es una realidad para otros sectores rurales populares, como los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Así, es necesario reconocer la deuda histórica con los sectores rurales campesinos, indígenas y afrocolombianos, cuya principal expresión en el país es el continuo fracaso en la implementación de las políticas de reforma agraria. A esta situación se suman las remotas posibilidades de participación e incidencia de éstos en los procesos regionales y nacionales de planificación y formulación de políticas de desarrollo rural.
El informe presenta datos que evidencian que ha sido precaria la constitución de instancias de participación, los posibles vínculos de esta situación con las demandas no satisfechas de estos sectores, y la expresión de esto en la persistencia de las luchas sociales en determinadas regiones del país.
El reconocimiento político del campesinado requiere además de su reparación como víctimas de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, una profundización democrática que les permita participar e incidir efectivamente en la formulación e implementación de políticas agrarias y de desarrollo rural que les afectan directamente. La reciente conformación de una comisión negociadora para superar la crisis que se vive en la región del Catatumbo, la reinstalación de la mesa de interlocución del Sur de Bolívar o la conformación de una mesa intersectorial de desarrollo rural para los Montes de María, son ejercicios de reconocimiento político que deben ser profundizados y replicados de forma prioritaria en aquellas regiones del país en las cuales las luchas sociales se han mantenido a lo largo del tiempo, o en las que las violaciones a los derechos humanos contra estos sectores se hayan presentado de una forma sistemática. El reconocimiento de derechos especiales para los campesinos, puede permitir afianzar el reconocimiento político de este sector, hecho que además se vislumbra necesario de cara al proceso de construcción de una paz sostenible y duradera.
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