Las tales alianzas

Por: Alfredo Molano Bravo

EL MEDIO NUEVO GABINETE DE SANtos tiene mucha tela por cortar. Me ilusionan los nombramientos de Alfonso Gómez Méndez, en Justicia, y de Amylkar, en Minas.

Gómez Méndez es lo que se puede llamar un auténtico liberal chaparraluno, de la estirpe de Darío Echandía, Murillo Toro y del lamentado Reyes Echandía. Ha sido procurador y fiscal y en este cargo se dio la pela de echarle mano a Víctor Carranza. Sin duda, el hombre que va a resolver el problema de justicia, verdad y reparación en La Habana. Amylkar Acosta ha sido otro liberal; lo conocí como dirigente estudiantil en la Universidad de Antioquia en los duros años 70. Conoce mejor que nadie, por su sentido social, el conflicto minero y puede encontrarles salida a las brutalidades de una locomotora que, como la que se descarriló en Santiago de Compostela, no deje más que viudas y huecos. Contrasta este nombramiento de un crítico del gobierno de Santos con el de una empleada de confianza del Cerrejón y de Ecopetrol en el Ministerio de Medio Ambiente, del que fue especialista en el trámite de licencias ambientales. Quién sabe qué buscarán aprobar por este costado. Pero el peor nombramiento es el del señor Lizarralde, un gran empresario palmero del Magdalena Medio y un poderoso comprador de tierras en Vichada. Con estos títulos ya podemos saber para dónde va el Pacto Agrario. Un nombramiento muy poco afortunado después de un paro agrario como el que acabamos de ver y en medio de las negociaciones de La Habana. Lizarralde ha sido el renombrado promotor de dos nefastas instituciones agrarias: las cooperativas de trabajo asociado, que, en realidad, como ha sido bien sabido, son una fórmula para birlarles a los trabajadores sus derechos laborales a través de las tales alianzas productivas. Las cooperativas nacieron en las gigantescas plantaciones que tiene Indupalma en San Alberto, Cesar, región controlada, aún hoy, por el paramilitarismo acérrimo. La cosa fue así: los obreros habían logrado un gran poder y los empresarios decidieron liquidarlo para “hacer viables las compañías”. A raíz del secuestro de Hugo Ferreira Neira y del asesinato de Francisco Agámez Leal, las cosas se ensangrentaron y durante los 90 los renombrados jefes paramilitares Julián Bolívar, Camilo Morantes y El Panadero pusieron en orden los asuntos con la ayuda de la Fuerza Pública. Un reguero de sindicalistas resultó asesinado. Para sellar el proceso se crearon las cooperativas de trabajo asociado, que garantizaban mano de obra barata sin sindicatos. Como la cuestión no cedió porque el hambre y el desplazamiento de campesinos amenazaban por todas partes, se idearon las tales alianzas productivas. El esquema es simple. La compañía de palma —y en el futuro las de caucho, soya, caña, papa, etc.— firma un contrato con un campesino para que éste le venda toda la fruta de la palma durante 28 años, a precios determinados por la misma empresa, que además le presta plata para comprar un lote para sembrar palma y le vende las semillas, los abonos, los venenos y la asistencia técnica. Y hasta los uniformes, la harina, el aceite, la cerveza. El campesino queda amarrado como una gallina ponedora en un gallinero: no puede moverse. El tumbis está en que el precio de compra, aparentemente impuesto por el mercado, es en el fondo castigado en la calidad de la fruta entregada al único comprador, la empresa, que es la que se gana las economías de escala. El juez de esas calidades es el comprador. Mejor dicho: las alianzas productivas son la economía del “endeude”, usada ayer por los caucheros de la Casa Arana en Amazonas y por los “planteros” de la de coca hoy. Y esas tales alianzas productivas son la política agraria que el Gobierno prepara tras el paro agrario y que opondrá a las zonas de reserva campesina. El resultado de las tales alianzas arroja el siguiente resultado neto y nítido:
 

“Según los 38 usuarios de la Cooperativa de Palmicultores de Sabana de Torres (Coopsabana) —fundada por el hoy ministro—, desde que en 2007 se firmó la alianza productiva, Indupalma no ha pagado los porcentajes sobre la venta mensual del fruto, que en un principio se había solicitado del 50%, pero que en la actualidad se redujo al 20%”. Según el nuevo ministro, los palmeros tienen 380.000 hectáreas de palma, pero buscan poner en producción 3,5 millones. Es el plan agrario nacional. El hombre llegó con mucho trabajo por hacer.

• Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com