La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 9 de 2013
Alcanzar un Acuerdo de Paz es, sin duda,
necesidad fundamental de los colombianos. Pero un Acuerdo de tal
naturaleza, no es posible si definitivamente no se asume que son las
normas jurídicas las que se deben someter a la necesidad de esa paz y no
al contrario.
Esta verdad implica asumir políticas de
máximo interes social y no de coyuntura, sobre todo si estamos próximos a
adentrarnos en el escabroso camino que significan los procesos
electorales en Colombia.
Toda Colombia necesita de la paz,
entonces, para qué atravesarle ruindades a un proceso como el de la
Habana. Los problemas que tienen inconforme al pueblo más humilde, y
reclamando justicia en las calles, no pueden ser enfrentados con medidas
de represión militarista, que ya han causado 17 de muertos, cerca de
850 heridos, y más de medio millar de personas judicializadas en
desarrollo de la criminalización de la protesta ciudadana, en un momento
en que precisamente se debate en la Mesa de Diálogos, sobre el asunto
de las garantías de oposición política que deben tener los partidos y
movimientos políticos, como también los movimientos sociales a los que
tradicionalmente se les desconoce estos y otros derechos fundamentales.
A la insurgencia se le pide confiar en
el gobierno, y proceder a cambiar las armas por las urnas electorales.
Se nos pide confianza en las instituciones mientras se dispara contra el
pueblo inerme utilizando al escuadrón asesino del ESMAD. No se puede
esperar más el desmantelamiento de esta máquina de muerte.
Colombia urge la paz, pero la paz se debe construir desde ya cesando esa infame represión desatada contra los de abajo y garantizándole sus derechos civiles; entre ellos el derecho a la protesta y a la oposición política.
Ya particularmente para el
desenvolvimiento de la Mesa, creemos que ahora urge volver al orden de
la Agenda, atendiendo a lo que está pactado desde los inicios del
diálogo, lo cual ninguna de las partes puede pretender variar, tal como
en ocasiones ha ocurrido por acción unilateral del gobierno, como cuando
se echaron a andar mecanismos inicuos referidos a un marco jurídico
para la paz que, obviamente, para nosotros no cuenta, o como cuando se
ha abordado la definción de procedimientos de refrendación sin
considerar la opinión de las FARC-EP, como ya es de público
conocimiento.
No obstante, y debido a que al tema del
referendo se le hadado un inusitado impulso en los medios de
comunicación y en el Congreso de Colombia, sin descuidar nosotros el
punto de participación política que es el que corresponde discutir,
estamos pendientes de la visita de la Comisión de Senadores,
Representantes a la Cámara y jefes de partidos políticos, entre los que
se ha dicho que se incliuirá a la martirizada Unión Patriótica. Por
invitación de las FARC-EP vienen los mencionados hasta la sede de las
conversaciones a tratar lo concerniente a los mecanismos de refrendación
que están en cuestión y aspectos del segundo punto de la agenda cuyo
estudio está pendiente, entre los que podría incluirse lo que alude al
estatuto de la oposición.
Públicamente, con los medios presentes y
en tiempo real,el país debe conocer de estos temas a plenitud, como ya
ocurrió con el gobierno en el capitolio en Bogotá. Luego en una sesión
conjunta de ambas delegaciones de paz se deberá contar, incluso,con una
exposición integral de parte de los representantes del gobierno en la
mesa, de lo que es la propuesta que de manera recortada presentaron al
país sobre el tema del referendo, pues es un deber de lealtad que
Colombia conozca cuáles son las pretensiones del Presidente y su
gobierno. Nada queremos a espaldas del pueblo, más cuando estamos
convencidos de que no parece nada prudente, sensato, ni legítimo, ligar
los asuntos de la paz al proceso electoral.
Muchas otras cosas prácticas habrá que
hacer por la paz. Por ejemplo, pensar en mejorarla situación del
ministerio de agricultura, el cual ahora tiene que soportar sin
necesidad la presencia de un protagonista y representante del círculo de
latifundistas que han acumulado tierras baldías mediante trucos y
simulaciones jurídicas. ¿Puede ser el señor Lizarralde el ministro
adecuado que resolverá los múltiples problemas planteados por los
campesinos que sobre todo claman por la tierra que el mismo ministro se
ha apropiado indebidamente en escenarios como el Vichada? ¿Puede ser
este el funcionario idóneo para tratar los problemas derivados de la
imposición de los TLC? ¿Qué garantías para la reforma agraria, podría
brindar un ministro que se ha opuesto encarnizadamente a las zonas de
reserva campesina?
Mientras el país está que arde, no
podemos alargar el tiempo preguntándonos ¿cuándo van a bajar el precio
de la gasolina? Congelarlo por unas semanas no es la solución; la medida
debe ser la de bajarlo de manera significativa y por un largo término
que beneficie a los usuarios.
¿Hasta dónde se seguirá acrecentando la
deuda social? No se pueden seguir postergando las soluciones para los de
abajo mientras se incrementan los gastos de guerra y se ratifica como
ministro de la Defensa a Juan Carlos Pinzón, parlanchín que sataniza la
protesta y ordena al ejército su aplastamiento a sangre y fuego.
¿Hasta cuándo se va a demorar la reforma
a la justicia? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la ausencia de su
independencia orgánica? ¿Acaso resolver este entuerto será la tarea del
otrora Fiscal del proceso 8.000, o por el contrario, será la de aplicar
la ley de justicia y paz?
Y finalmente, por ahora, si en verdad
deseamos que se escuche el clamor de todas las víctimas del conflicto,
sin hacer uso utilitarista y demonizante del perdón y del dolor ajeno,
¿hasta cuándo el gobierno va a demorar la conformación de la Comisión de
Revisión y Esclarecimiento de la verdad de la Historia del Conflicto
Interno Colombiano que han solicitado las FARC-EP?
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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