Intervención de Sergio Coronado en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo sobre los impactos de la minería a gran escala en Colombia, en cuanto a derechos humanos, pobreza y derechos ambientales.
El 17 de septiembre pasado, la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo mantuvo una audiencia titulada: “Promoting development through responsible business practices, including the role of extractive industries in developing countries” a la cual Sergio Coronado - Representante de la Plataforma Democracia Desarrollo y Derechos Humanos* fue invitado.
En esa intervención de 10 min (que puede visualizar aquí), el Sr. Coronado se refirió a varios aspectos relacionados con los impactos de la minería a gran escala en Colombia, principalmente en cuanto a derechos humanos, pobreza y derechos ambientales.
Extractos de la intervención de Sergio Coronado
Durante los últimos años Colombia ha experimentado un intenso debate sobre el papel que cumple la extracción minera en el proceso de desarrollo nacional. La historia colonial de América Latina deja al descubierto las grandes dificultades que tiene la minería para la construcción de un proceso de desarrollo que favorezca la garantía de los derechos humanos integrales del conjunto de la población. En Colombia, la actual resistencia social al incremento de actividades extractivas se alimenta de esta historia.
El país atraviesa un periodo de auge de las actividades extractivas:
• En una década casi se duplicó el carbón explotado en el país, pasando de 38.242 millones de toneladas en el año 2000 a 74.350 millones de toneladas en el año 2010 ;
• Además, la superficie titulada durante los últimos años creció vertiginosamente. Pasamos de tener concesiones mineras sobre 1,1 millones de hectáreas en 2002, a tener concesiones sobre 8,4 millones de hectáreas en el año 2009.
Este auge ha implicado la emergencia y profundización de conflictos sociales vinculados a la presencia de las empresas mineras que realizan actividades de exploración y explotación en los territorios rurales. Entre enero de 2001 y diciembre de 2011 se registraron 274 luchas sociales asociadas a la extracción de petróleo, oro y carbón. Las luchas sociales ocurren en un escenario de represión y criminalización de la protesta.
Conclusión y recomendaciones:
• En las regiones y municipios mineros no se ha garantizado los derechos económicos, sociales y culturales de la población, ni se han superado condiciones estructurales de pobreza.
• La minería a cielo abierto vulnera el derecho a la tierra y al territorio de muchas comunidades rurales y profundiza el riesgo ante el cambio climático.
• La explotación minera a gran escala es incompatible con la garantía del derecho al agua de un gran número de ciudadanos y ciudadanas.
• Hay vínculos entre minería, conflicto y violaciones a los derechos humanos, en particular desplazamiento forzado, que obligan a la implementación de criterios de transparencia y debida diligencia, tanto de la actividad de las empresas en terreno, como de los países consumidores.
Al respecto, dado que la UE está preparando y adoptando medidas en materia de empresas y derechos humanos, presentó frente al Parlamento Europeo las siguientes recomendaciones:
Iniciativas sobre transparencia (como EITI), y para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos son importantes, pero no suficientes. Es necesario avanzar en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos vinculantes que permitan el acceso a la justicia de personas y comunidades que han sufrido violaciones de sus derechos vinculadas a las actividades de las empresas mineras. El acceso a la justicia no debe restringirse a los tribunales nacionales, sino que se debe facilitar el acceso los sistemas de justicia de los países en los cuales están las casas matrices de las empresas.
Además, se requiere que la Unión Europea exija de forma obligatoria a las empresas la publicación de informes de impactos de actividades (llamados informes no-financieros). Estos informes deben estar acompañados por auditorias sociales en las que participen directamente las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan.
Dado que Colombia es un país en el que persiste un largo conflicto armado, debe entenderse que los minerales que de allí se extraen provienen de una zona de conflicto y alto riesgo. Pedimos a la Unión Europea aplicar los principios de transparencia y debida diligencia en la cadena de suministro de las industrias extractivas. Esta es una obligación que debería implementarse para todos los recursos naturales colombianos que se consumen en Europa.
Es necesario comprender las consecuencias ecológicas y sociales que tiene la minería en el largo plazo, antes de establecer las rentas y el valor comercial de la extracción de los depósitos de minerales y metales. La extracción a gran escala y acelerada de minerales y metales no se puede conciliar con un proyecto social de sustentabilidad. Esta es una lección histórica que hemos aprendido.
*La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo se concibe como una red plural, convergente y autónoma de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias y no gubernamentales de todo el país, que busca promover acuerdos estratégicos entre los diversos actores sociales e institucionales que trabajan en la construcción de un estilo de desarrollo basado en la profundización de la democracia y en la promoción y el respeto integral de los Derechos Humanos.
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