Sorprende que la política editorial de los medios masivos de comunicación, nos esconda en secciones interiores una noticia que debería ser para la primera pagina. Por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior de Medellín, tomó la decisión de investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por promover, auspiciar y apoyar a los grupos paramilitares. La ponencia fue leída por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del tribunal. Este tribunal ha hecho un balance de hechos delictivos, en los cuales aparece vinculado el ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas.
Que se pida la investigación de un ex presidente por su compromiso paramilitar, parece no interesarle a los medios masivos de comunicación, más preocupados por estigmatizar a los participantes del paro agrario y popular que desde el 19 agosto cubre todo el territorio nacional.
Todo el país conoce a partir de hechos y testimonios de mucha credibilidad, que el ex presidente Uribe Vélez ha tenido un compromiso paramilitar. Sin embargo, a pesar del pedido del tribunal superior de Medellín, la impunidad seguirá reinando en torno al ex presidente, si tenemos en cuenta, que por su inmunidad, sólo el parlamento colombiano, tiene la potestad para investigarlo y judicializarlo. Todo el país sabe, que el parlamento colombiano no es una instancia creíble. Durante los temas cruciales que afectan al pueblo colombiano, el parlamento no ha tenido la estatura moral para tomar decisiones transcendentales, contrario a eso, ha legislado contra los intereses de las mayorías sucumbiendo incluso, en prácticas delincuenciales. No será en el parlamento, donde se hará justicia si no cambia la correlación de fuerzas que lo componen.
De cómo un presidente se vuelve delincuente
El sociólogo estadounidense Ch. Tilly después de años de investigación sobre el desarrollo histórico del Estado, llegó a establecer que en la configuración de los estados modernos, la guerra había jugado, y juega un papel importante. En ese desarrollo histórico, entre otras, dos instituciones han jugado un rol trascendental, ellas son; el ejército y el sistema de impuestos, instituciones que a la base son los cimientos del Estado moderno. Siendo esquemáticos, la premisa fundamental de Tilly es que la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Estos dos procesos son, si se quiere inter-dependientes.
De otro lado, M. Weber señaló su consabida premisa de que es el Estado el que tiene el predomino o monopolio de la fuerza. Para estos dos autores, la legitimidad aparece como un requisito fundamental para este ejercicio. Esta legitimidad en su ascensión moderna, pasa por respectar el ordenamiento jurídico, palabras más, palabras menos, el Estado de Derecho vigente, cosa que Uribe Vélez nunca hizo.
Muchos jefes de Estado se creen investidos por una misión sagrada de violar las leyes que ellos mismos han ayudado a promulgar, cuando en realidad, ningún jefe de Estado o de gobierno puede esgrimir, bajo el argumento de las amenazas contra el statu quo o las instituciones que, en aras de su defensa, el régimen que preside se puede desbordar el marco jurídico vigente. El estado y el régimen político en cabeza de un presidente o un jefe de Estado, no puede bajo ninguna circunstancia combatir una rebelión pasando por encima del Estado de derecho. Un pilar, al menos teórico de la democracia burguesa es que el Estado, y en su conjunto el régimen político, no puede recurrir al delito para combatir a quienes le compiten el monopolio de la fuerza o su legitimidad. Debemos recordar aquí, que el presidente o jefe del Estado es, el comandante en jefe de las fuerzas militares (FFMM) y que debe velar para que el poder estatal opere en los márgenes del derecho. Si no lo hace, el jefe del Estado viola el ordenamiento jurídico interno y externo ya que las normas del derecho internacional, -para el caso de una guerra o conflicto interno- han sido integradas –vía tratados- al derecho interno, como es el caso del tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Uribe Vélez ayer y Santos hoy, parecen olvidar el efecto legitimador que tienen sus actos y palabras cuando estigmatizan a una organización política opositora, como es el caso actual de la Marcha Patriótica, exponiéndola a la violencia institucional y para institucional.
En el proceso histórico de desarrollo del Estado moderno, el Estado se ve confrontado a ciertos contradictores que le cuestionan su legitimidad. En algunos casos de orden militar, las fuerzas regulares oficiales fueron incapaces de enfrentarse con éxito a fuerzas irregulares, por eso ciertos Estados y regímenes políticos crearon las famosas fuerzas paramilitares irregulares o grupos de justicia privada que fueron una extensión de la represión del Estado. Este modelo involucra dos visiones complementarias, por un lado la visión del enemigo interno, y por el otro, la visión del soldado-ciudadano que debe luchar junto al ejército oficial contra los enemigos de la patria. Este modelo paramilitar por excelencia ha sido utilizado por muchos Estados y regímenes, con el agravante de la degradación de los conflictos, la violación del Estado de derecho y del derecho de guerra. El estado participa entonces en la criminalidad organizada.
Esta criminalidad de los aparatos de poder muestra que el crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia (Zaffaroni, 2007: 25). La gravedad de éste tipo de delincuencia radica en que el nivel superior estratégico del Estado, es decir su autoridad central utiliza, en el ejercicio de su cargo las estructuras del aparato estatal [Léase, DAS, ESMAD, FFMM, y las paraestatales, léase los paramilitares] para la comisión sistemática de delitos que por sus gravedad y riesgos de impunidad adquieren relevancia internacional (Faraldo cabana 2006:200). No se puede condenar a todos los colaboradores cercanos a Uribe Vélez, sin reclamar responsabilidades a su jefe inmediato, el comandante en jefe de las FFMM, como no se podía, en Perú condenar a Montesinos sin tocar a Fujimori. Por lo tanto, un régimen estatal que desde su nivel estratégico superior ordena la comisión de estos graves delitos no puede ser calificado como un Estado de derecho.
Hoy cuando el país vive un justo Paro agrario y popular a nivel nacional, es de extrema gravedad, cuando un presidente de la república estigmatiza a contradictores políticos como miembros de la insurgencia armada, y posteriormente éstos son víctimas de la guerra sucia, organizada desde el Estado, o desde las fuerzas paramilitares. Este hecho consolida del dominio que el presidente ejerce sobre la organización y hará que los ejecutores estén más predispuestos hacia la comisión del delito, en tanto estos conocen e internalizan que no habrá norma o autoridad que puedes limitar o sancionar su actuar delictivo. Un comportamiento reciente, es la actuación del ESMAD ante la justa protesta campesina y popular.
En su lucha por preservar privilegios del statu quo vigente, los regímenes políticos con sus presidentes a la cabeza encubrieron la comisión de delitos graves, por acción u omisión con actos sistemáticos tendientes a anular al opositor político, tendientes a desnaturalizar al opositor político, presentándolo como insurgente, terrorista, apátrida, traidor a la patria, etc. etc. De esos señalamientos, bajo el gobierno de Uribe no se escapó ni la corte suprema de justicia, ahora Santos replica el mismo método estigmatizando a la Marcha Patriótica.
Cuando a través de pronunciamientos públicos de las más altas personalidades en la jefatura del Estado, empezando por el propio presidente de la república, el ministro de la defensa, que en muchas intervenciones reseñas por los medios de comunicación han incitado a la eliminación física de organizaciones/y o personas que han osado emitir una crítica contra su régimen acusándolas sistemáticamente de ser insurgentes, “guerrilleros de civil o simplemente terroristas”. Esto se ha interpretado como una patente de corso para que los paramilitares actúen y ejecuten a los opositores políticos, sindicalistas, defensores de DDHH, y ciudadanos en general.
Pero Uribe Vélez no es intocable, la señal más clara e importante, es el antecedente de dos jefes de Estado, uno en ejercicio (El presidente de Darfur Al Bashir) y otro ex presidente (Alberto Fujimori), no pueden ocultarse en la inmunidad propia de sus cargos, ésta no le garantiza la impunidad a ningún jefe de Estado en ejercicio para el caso de Darfur, o la inmunidad que puede garantizarse un ex presidente, que como en el caso de Fujimori controló en su momento todas las instancias de los tres poderes públicos peruanos. Los delitos cometidos por Fujimori y por Al Bashir son una gota de agua comparado con el mar de atrocidades e impunidad que ha reinado en Colombia durante los dos mandatos de Uribe Vélez y que sigue reinando hasta ahora.
Recordemos que las responsabilidades no se pueden perder en la cadena de mando. Que el presidente de la república es el comandante en jefe de las FFMM, y que un funcionario público es culpable por acción u omisión de las funciones propias de su cargo.
Le corresponderá a la justicia nacional, y si no, a la justicia internacional establecer la predisposición a la realización de hechos ilícitos del ex presidente colombiano. El corpus teórico está ahí, en la tesis de Claus Roxin (2004, 2006) el poder de mando de Uribe, su apartamiento del Estado de derecho, la fungibilidad y su disponibilidad para saltarse la constitución nacional deben ser objeto de estudio del parlamento colombiano, de la corte suprema de justicia y sino de la Corte Penal Internacional.
A pesar de que los medios de comunicación silencian el pronunciamiento del tribunal superior de Medellín, este es un hecho esperanzador para todas las miles de víctimas del terrorismo de Estado. Hoy ante la dignidad del sector agrario y popular, que se levanta en una sola voz a exigir sus derechos, el gobierno de turno repite su ciclo de señalamientos y estigmatizaciones contra el movimiento social y popular, la oligarquía colombiana no aprende, incluso en tiempos de diálogos de paz, la represión y judicialización siguen al orden del día.
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