La
reciente presentación de proyecto que busca reformar la ley para
permitir que la realización de un referendo pueda coincidir con la fecha
normal de otra convocatoria electoral pública, no es un hecho tan
límpido como pretende presentarlo el gobierno nacional.
El Presidente Santos expone que busca generar las condiciones que posibiliten, ante un eventual acuerdo en la Mesa de La Habana, que se pueda realizar de manera expedita el referendo aprobado en el Acuerdo Final, a fin de poder materializar el pacto de paz.
Y como si buscara restarle importancia al tema, argumenta que si no se logra ningún Acuerdo en la Mesa, o si allí no se define que el procedimiento de refrendación de los acuerdos sea un referendo, simplemente no va a pasar nada, la ley aprobada no se aplicaría y punto.
El Presidente Santos expone que busca generar las condiciones que posibiliten, ante un eventual acuerdo en la Mesa de La Habana, que se pueda realizar de manera expedita el referendo aprobado en el Acuerdo Final, a fin de poder materializar el pacto de paz.
Y como si buscara restarle importancia al tema, argumenta que si no se logra ningún Acuerdo en la Mesa, o si allí no se define que el procedimiento de refrendación de los acuerdos sea un referendo, simplemente no va a pasar nada, la ley aprobada no se aplicaría y punto.
Reflexionemos un instante sobre eso. ¿Tiene alguna presentación, se ha visto en algún país del mundo, que un gobierno proponga una ley, presuponiendo algo que no se sabe si se va a dar, y afirmando que si no se da, no importa nada?
¿Puede un gobierno poner en funcionamiento la máquina estatal entera, involucrar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con carácter de urgencia, a fin de obtener una ley que le permita ejecutar algo que él mismo admite que es probable que no se dé?
Las razones para hacerlo tienen necesariamente que ir mucho más allá de la simple generosidad bonachona. Santos debe tener serias motivaciones. Y es a ese respecto que vale la pena convidar al país a pensar con detenimiento y no tragar entero como parece indicarle la gran prensa.
El propio Humberto de La Calle, reconoce que el tema hace parte del punto 6 de la Agenda, el cual ni siquiera se ha comenzado a discutir. Cuando se discuta, puede ser acordada una fórmula bien distinta, caso en el cual la ley propuesta sería una simple medida de prevención por si acaso.
Eso no puede creerse, no se puede ser tan ingenuo. Durante varios meses, como queda visto desde ya, los grandes medios y el país entero van a estar ocupados en las incidencias del proyecto de ley sobre referendo, el cual será elevado de ese modo a la fórmula de una panacea salvadora.
Cuando el tema del mecanismo de refrendación sea abordado en la Mesa, va a suceder que el argumento central del gobierno para imponer la vía del referendo, va a ser precisamente el del engranaje estatal puesto ya en marcha y la expectativa nacional al respecto.
Cualquier otra fórmula, verbigracia una Constituyente, será desechada de inmediato con el solo argumento de que implicaría más trámites y demoras. La nación entera quiere poner fin al conflicto ya, dirán. Así la fórmula gubernamental del por si acaso resultará impuesta por inercia.
En caso de que en la Mesa las FARC, por
su inclinación a cualquier otro, se nieguen a admitir que el mecanismo
de refrendación sea el referendo, es seguro que el gobierno nacional y
los grandes medios van a lanzarse en masa contra ellas acusándolas de
haber engañado al país.
Van a decir que después de haber embarcado al Congreso, la Corte Constitucional, los grandes medios y la opinión pública en la fórmula salvadora del referendo, se echaron atrás en una demostración de su mala fe habitual y su manía de mentir al país.
Que el Presidente Santos pretenda arrinconarnos de ese modo con su por si acaso, no resulta lo más grave del asunto. Desde hace medio siglo pretenden hacer lo mismo con bombas y metralla, lo cual, como organización, nos ha enseñado a desarrollar un blindaje a toda prueba.
En un país en donde probadamente han sido elegidos presidentes con dinero de las mafias y apoyo paramilitar, en el que ya es costumbre valerse de algún modo de las FARC y el tema de la paz para llegar a la primera magistratura, no es raro que Santos recurra al proceso para reelegirse.
La agitación legislativa y mediática se encargará de preparar la opinión para ello, sin importar que el Presidente tenga previsto el filo de la espada contra las FARC en caso de que no se sometan a sus imposiciones. Si no logró la paz por las buenas, de todos modos lo conseguirá por las malas.
Pero hay algo más serio. El gobierno nacional no ha dicho aún una palabra pública sobre la ley que convocaría el referendo. Ha hecho creer que ella dispondría una elección en la que la ciudadanía votará por el sí o el no a cada uno de los puntos del Acuerdo Final de La Habana.
Cuando no hay nada más lejos de su propósito. Lo que Santos pretende con ese Referendo es que el país vote sí o no, a dotar de facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a poner en vigencia los Acuerdos firmados en La Habana.
Para lo cual el país debe votar sí o no a la conformación de un pequeño Congreso o cuerpo legislativo encargado de redactar los decretos. Ese Congreso estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos y en él tendrá cabida una pequeña representación de las FARC.
Es esa la segunda parte sobre la que el gobierno calla. Así y tal fue informado en reunión informal a un grupo de voceros de las FARC en La Habana, los cuales plantearon un tiempo prudencial para pensar sobre ello. El gobierno, sin embargo, decidió arrancar con su idea sin esperar respuesta.
Así que las FARC estamos envueltos ahora en un carrusel que desborda de largo el Acuerdo General firmado en La Habana hace un año, sin contar con nuestra opinión, y al cual, según el gobierno, no podremos oponernos sin que aparezcamos como falsarios y enemigos de la paz.
Esa es toda la verdad. Nuestra intención es seguir adelante con el proceso de paz, de acuerdo con lo pactado en el Acuerdo General, haciendo caso omiso de las maniobras que el gobierno intente paralelamente. Colombia y el mundo deben saber quién está violando las reglas.
Es claro que el gobierno presiona en todas las formas por un acuerdo antes de fin de año. Pero sus posiciones en la Mesa siguen siendo inamovibles en cuanto a no tocar un solo aspecto del orden establecido. Insistimos en que lo pretende es nuestra simple adhesión a sus políticas.
Eso no sería un acuerdo. Tampoco la paz por la que han luchado y entregado su vida tantos colombianos y tantos guerrilleros patriotas. Menos la paz por la que el pueblo raso de este país clama hoy día en calles, carreteras y plazas.
Van a decir que después de haber embarcado al Congreso, la Corte Constitucional, los grandes medios y la opinión pública en la fórmula salvadora del referendo, se echaron atrás en una demostración de su mala fe habitual y su manía de mentir al país.
Que el Presidente Santos pretenda arrinconarnos de ese modo con su por si acaso, no resulta lo más grave del asunto. Desde hace medio siglo pretenden hacer lo mismo con bombas y metralla, lo cual, como organización, nos ha enseñado a desarrollar un blindaje a toda prueba.
En un país en donde probadamente han sido elegidos presidentes con dinero de las mafias y apoyo paramilitar, en el que ya es costumbre valerse de algún modo de las FARC y el tema de la paz para llegar a la primera magistratura, no es raro que Santos recurra al proceso para reelegirse.
La agitación legislativa y mediática se encargará de preparar la opinión para ello, sin importar que el Presidente tenga previsto el filo de la espada contra las FARC en caso de que no se sometan a sus imposiciones. Si no logró la paz por las buenas, de todos modos lo conseguirá por las malas.
Pero hay algo más serio. El gobierno nacional no ha dicho aún una palabra pública sobre la ley que convocaría el referendo. Ha hecho creer que ella dispondría una elección en la que la ciudadanía votará por el sí o el no a cada uno de los puntos del Acuerdo Final de La Habana.
Cuando no hay nada más lejos de su propósito. Lo que Santos pretende con ese Referendo es que el país vote sí o no, a dotar de facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a poner en vigencia los Acuerdos firmados en La Habana.
Para lo cual el país debe votar sí o no a la conformación de un pequeño Congreso o cuerpo legislativo encargado de redactar los decretos. Ese Congreso estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos y en él tendrá cabida una pequeña representación de las FARC.
Es esa la segunda parte sobre la que el gobierno calla. Así y tal fue informado en reunión informal a un grupo de voceros de las FARC en La Habana, los cuales plantearon un tiempo prudencial para pensar sobre ello. El gobierno, sin embargo, decidió arrancar con su idea sin esperar respuesta.
Así que las FARC estamos envueltos ahora en un carrusel que desborda de largo el Acuerdo General firmado en La Habana hace un año, sin contar con nuestra opinión, y al cual, según el gobierno, no podremos oponernos sin que aparezcamos como falsarios y enemigos de la paz.
Esa es toda la verdad. Nuestra intención es seguir adelante con el proceso de paz, de acuerdo con lo pactado en el Acuerdo General, haciendo caso omiso de las maniobras que el gobierno intente paralelamente. Colombia y el mundo deben saber quién está violando las reglas.
Es claro que el gobierno presiona en todas las formas por un acuerdo antes de fin de año. Pero sus posiciones en la Mesa siguen siendo inamovibles en cuanto a no tocar un solo aspecto del orden establecido. Insistimos en que lo pretende es nuestra simple adhesión a sus políticas.
Eso no sería un acuerdo. Tampoco la paz por la que han luchado y entregado su vida tantos colombianos y tantos guerrilleros patriotas. Menos la paz por la que el pueblo raso de este país clama hoy día en calles, carreteras y plazas.
Timoleón Jiménez, Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
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