En Colombia la desaparición forzada se ha constituido
como un mecanismo de represión desde hace más de 40 años. A través de
éste crimen de Estado, miles de personas han sido raptadas de sus
hogares pretendiendo desarticular propuestas políticas y agendas
sociales, aterrorizar a la población civil y sembrar miedo como forma de
eliminar su capacidad de reacción conjunta.
Frente a esta situación, las familias de las personas desaparecidas sufren un daño permanente y sostenido en el tiempo, debido a la incertidumbre sobre la suerte que han corrido sus seres queridos. Esto sumado a un escenario de absoluta impunidad, pues apenas el 1% de los casos logran alguna respuesta judicial que identifique y sancione a los responsables.
En el año 1982 las familias de 12 estudiantes desaparecidos se encontraron en un acto de solidaridad por una causa: la desaparición de sus hijos, hermanos y compañeros estudiantes de la Universidades Nacional y la Universidad Distrital. Desde entonces, cientos de familias han asumido la dignidad como camino y se han tomado diferentes espacios para compartir desde allí sus historias de vida, relatos y situaciones que no son un asunto del pasado sino que suceden cotidianamente en todo el país.
Por eso en calles y plazas públicas preguntamos al Estado colombiano ¿Dónde están las personas desaparecidas? y ¿Por qué, a pesar de las denuncias radicadas en sus instituciones judiciales, pronunciamientos de buena voluntad de sus gobernantes y la existencia de oficinas de DDHH dentro de la fuerza pública, las personas continúan siendo desaparecidas?.
Sin embargo la respuesta obtenida ha sido la implementación en los últimos 8 años de una maratón de exhumaciones masivas, justificadas en el marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz que si bien, han permitido que algunas familias logren la recuperación del cadáver de aquellos seres queridos a quienes han estado esperando durante décadas, no ha permitido una solución efectiva a esta problemática ni tampoco el acceso a los derecho a la verdad y la repación.
La cifra presentada por la Fiscalía General de la Nación sobre 3.551 hechos de desaparición forzada que fueron confesados por paramilitares , contrasta con las más de 27.000 víctimas registradas oficialmente sin que aún se sepa sobre su paradero. Así mismo las 3.929 fosas exhumadas, los 4.809 cadáveres recuperados junto con los 1.813 cuerpos entregados a las familias en la actualidad, son un avance pero no una respuesta satisfactoria para quienes quisiéramos saber lo sucedido con nuestras y nuestros desaparecidos.
Informes como estos ignoran la dimensión de los daños causados por la desaparición de un ser querido e impulsan a las familias a continuar realizando acciones públicas y campañas publicitarias con el fin de recordar quiénes han sido víctimas de desaparición y quiénes sus desaparecedores.
Sabiendo que las personas desaparecidas vuelven cada vez que las trae el pensamiento, consideramos la memoria como una estrategia poderosa contra el olvido y la ausencia que pretendieron dejar los victimarios. Por eso el Movice anuncia el inicio de la Campaña “¿Qué pasó con nuestros desaparecidos?”, iniciativa construida entre diversas organizaciones sociales defensoras de DDHH, colectivos artísticos y juveniles.
Frente a esta situación, las familias de las personas desaparecidas sufren un daño permanente y sostenido en el tiempo, debido a la incertidumbre sobre la suerte que han corrido sus seres queridos. Esto sumado a un escenario de absoluta impunidad, pues apenas el 1% de los casos logran alguna respuesta judicial que identifique y sancione a los responsables.
En el año 1982 las familias de 12 estudiantes desaparecidos se encontraron en un acto de solidaridad por una causa: la desaparición de sus hijos, hermanos y compañeros estudiantes de la Universidades Nacional y la Universidad Distrital. Desde entonces, cientos de familias han asumido la dignidad como camino y se han tomado diferentes espacios para compartir desde allí sus historias de vida, relatos y situaciones que no son un asunto del pasado sino que suceden cotidianamente en todo el país.
Por eso en calles y plazas públicas preguntamos al Estado colombiano ¿Dónde están las personas desaparecidas? y ¿Por qué, a pesar de las denuncias radicadas en sus instituciones judiciales, pronunciamientos de buena voluntad de sus gobernantes y la existencia de oficinas de DDHH dentro de la fuerza pública, las personas continúan siendo desaparecidas?.
Sin embargo la respuesta obtenida ha sido la implementación en los últimos 8 años de una maratón de exhumaciones masivas, justificadas en el marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz que si bien, han permitido que algunas familias logren la recuperación del cadáver de aquellos seres queridos a quienes han estado esperando durante décadas, no ha permitido una solución efectiva a esta problemática ni tampoco el acceso a los derecho a la verdad y la repación.
La cifra presentada por la Fiscalía General de la Nación sobre 3.551 hechos de desaparición forzada que fueron confesados por paramilitares , contrasta con las más de 27.000 víctimas registradas oficialmente sin que aún se sepa sobre su paradero. Así mismo las 3.929 fosas exhumadas, los 4.809 cadáveres recuperados junto con los 1.813 cuerpos entregados a las familias en la actualidad, son un avance pero no una respuesta satisfactoria para quienes quisiéramos saber lo sucedido con nuestras y nuestros desaparecidos.
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