Esta
mañana, 5 de agosto 2013, el comandante Pablo Catatumbo leyó un
comunicado escrito por la Delegación de Paz de las FARC-EP, llamado "la responsabilidad histórica de la violencia".
En Colombia se ha desatado una discusión polémica sobre el tema de las
víctimas. El Estado colombiano y sus medios de comunicación han llevado a
cabo grandes campañas para convencer a Colombia y al mundo de que la
insurgencia es victimario del conflicto.
Las
FARC-EP, por el contrario, han insistido en la necesidad de un análisis
en profundidad e independiente de las causas del conflicto, las razones
de la existencia de la guerrilla en el país, para establecer
responsabilidades. Afirman que:
"El Estado es responsable, por acción o por omisión, de lo sucedido durante el conflicto”
Es
importante comprender las razones de la insurgencia para hacer estas
afirmaciones, ya que mucha gente piensa (no en último lugar por la
manipulación de los medios de comunicación) que las FARC-EP están
tratando de eludir la responsabilidad de sus acciones, lo cual es un
análisis bastante superficial. En una reciente entrevista, el comandante
Pablo Catatumbo declaró:
"Hemos
cometido errores, algunos graves, es cierto. Pero diga lo que diga la
propaganda, la agresión a la población no ha sido una estrategia de las
FARC. Yo no tengo problema en decirle a una señora, a una familia:
“siento el dolor que le hemos producido con la muerte de su ser
querido.” Pero esto es mucho más complejo”.
Y ese es el quid del asunto. El terrorismo de Estado en Colombia ha sido una política
conscientemente trazada, que obligó a 48 campesinos a tomar las armas
en 1964. Ellos no lo hicieron por diversión, no lo hicieron porque eran
violentos por naturaleza; lo hicieron porque el terrorismo de Estado les
obligó a hacerlo. El presidente Juan Manuel Santos, en declaraciones
recientes a la Corte Constitucional, reconoció la responsabilidad del
Estado, por acción u omisión, en el conflicto, que es una declaración
importante para empezar la discusión.
En
el documento de hoy, las FARC-EP afirman además que es crucial hacer
los cambios institucionales necesarios, como las reformas en la
justicia, a fin de que el poder judicial se independice otra vez de la
rama ejecutiva.
"si se quiere pasar
de la guerra a la normalización de las relaciones sociales, saliendo
del terrorismo de Estado para entrar en la construcción de la democracia
verdadera, son ambas partes las que se deben acoger a la Carta
fundamental”.
La
Constitución Política de Colombia, en su artículo 22 dice que: La paz
es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El hecho de que el
Estado colombiano se negó a aceptar un alto el fuego bilateral indica
que el Estado no quiere aplicar el mandato de este artículo de la
Constitución.
Por
último, las FARC-EP aludieron al tema de víctimas. Observando la
actitud de los medios de comunicación, quienes están "alimentando
odios", la cuestión de las víctimas debe ser:
"asumido con sensatez, realismo y apego a la verdad, proponemos la integración inmediata de una Comisión
con nacionales y extranjeros, que estudie la historia de la
confrontación, desde el inicio de la violencia, a fin de preparar el material requerido para evacuar el punto cinco de la Agenda de Diálogos, referido a víctimas"
Después
de la lectura del documento, un periodista le preguntó sobre el tema
del reclutamiento de niños en el conflicto; Pablo Catatumbo respondió
que eso sería precisamente una de las tareas del comité que las FARC-EP
acaban de proponer: la reconstrucción de la memoria histórica y la
búsqueda de la verdad.
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