Un negocio de ultratumba

Por Daniel CoronellRevista Semana

OPINIÓN. Al final, lo que había era un proceso para legitimar la propiedad de Carranza y presentarlo como un tenedor de buena fe. El mismo estatus al que hoy aspiran Riopaila, Castilla y La Fazenda.

Foto: Jhon Calson

Un certero disparo de pistola con silenciador mandó al otro mundo a un hombre que sabía demasiado. El pasado jueves Pedro Libardo Ortegón Ortegón, de 64 años, fue asesinado por un adolescente que fue capturado a media cuadra del lugar del crimen, en la céntrica avenida Jiménez de Bogotá. 

Ortegón se llevó varios secretos a la tumba, entre otros su fórmula para trabajar con dos archienemigos como Víctor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha; la enigmática finalización de un proceso por narcotráfico iniciado en su contra en Estados Unidos en 1989 y su habilidad para negociar baldíos con los muertos.

De los dos primeros solo quedan referencias borrosas: una mención en una acusación contra otro hombre en donde es identificado con sus nombres y apellidos completos y el alias de Don Pedro; un artículo de prensa del diario Desert News de Salt Lake City, Estados Unidos, que lo relaciona con un cargamento de dos toneladas de cocaína y una página en un libro llamado "Sobornos, balas e intimidación".

De lo que sí quedó rastro claro fue del negocio que hizo con dos muertos. Una huella indeleble fue encontrada por el portal periodístico verdadabierta.com, dentro de la investigación por la apropiación de baldíos en la altillanura colombiana. (Ver vínculo)    

En una operación fraudulenta –idéntica a otras recientemente conocidas– Pedro Libardo Ortegón terminó haciéndose a las fincas de cinco adjudicatarios de baldíos. A ese punto ya había una violación de la ley que ordena que nadie puede comprar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) para hacer una hacienda mayor. Pero lo que siguió fue peor.

Pocos conocían en la región a quienes figuraban en los papeles como adjudicatarios de los baldíos comprados por Ortegón y por otras personas. Las tierras eran en realidad de Víctor Carranza. Las había comprado en 1986 a una viuda por el precio de las ‘mejoras’. Esas ‘mejoras’ realmente eran 25.000 hectáreas de tierra, una hacienda llamada El Porvenir que le fue vendida por escasos 2 millones y medio de pesos poco después de que un grupo paramilitar empezara a asolar la región.

 

Para colmo de casualidades, los beneficiarios teóricos de esos baldíos en Puerto Gaitán (Meta) tenían documentos de identidad de Muzo, Somondoco, Guateque y Garagoa; municipios de la zona esmeraldera de Boyacá. Entre ellos estaba, por ejemplo, Joaquín Silva Ramos a quien no recuerdan como un campesino del área. Silva era un escolta de Víctor Carranza que murió protegiendo a su jefe en uno de los atentados que sufrió.

Sin embargo, la mayor sorpresa fue otra: dos de los cinco adjudicatarios que le vendieron tierras a Pedro Libardo Ortegón estaban muertos para el día del negocio.

José del Carmen León Gaitán y Hugo Efraín Bustos Silva otorgaron poder en diciembre de 2007 para firmar la cesión. Pero José del Carmen murió seis años antes en Muzo (Boyacá), el 14 de enero de 2001, como consta en el registro de defunción que publica verdadabierta.com.

El señor Bustos Silva llevaba aún más tiempo fallecido. Murió el 22 de abril de 1996 a causa de una laceración cerebral. 

La venta a Ortegón era solo una estación previa a la legalización del gigantesco latifundio construido sobre el despojo, el fraude y las amenazas a los campesinos de la zona.

Al final, lo que había era un proceso para legitimar la propiedad de Carranza y presentarlo como un ‘tenedor de buena fe’. El mismo estatus al que hoy aspiran Ríopaila Castilla y "La Fazenda". 

Ante las denuncias del representante Iván Cepeda sobre el tema de El Porvenir, el gobierno inició un proceso para que esas tierras retornen al Estado. En contraste, nada está haciendo con relación a los predios de La Fazenda, englobados en una operación muy similar (incluyendo un muerto firmando).

 

O quizá sí. Está preparando una ley para legalizar esas conductas y disfrazar las ilegalidades cometidas de debate político sobre “el mejor modelo económico para el agro”.