Para el diario capitalino El Tiempo, el soldado estadounidense Kevin Scott Sutay, "ex marine, fue secuestrado por las Farc el pasado 20 de junio en El Retorno (Guaviare)".
Este medio de comunicación titula una nota de su Redacción Judicial del 22 de julio, tomando las palabras del ministro de la guerra, el señor Pinzón, quien pretende que el país crea que, inocentemente, Kevin Scott "llegó al Guaviare en busca de fortuna".
No somos tontos, nadie se va a tragar el cuento de que una persona con la formación militar del soldado Sutay, que hasta hace pocos meses cumplió misión en las guerras que el imperio desató en Asia, va a llegar de su propia inspiración, de "turista" a un área de guerra.
Así las cosas, el "joven aventurero que planeó cruzar las selvas del Guaviare, a pie y con la ayuda de un machete y un GPS", no es otra cosa que un mercenario, o lo que eufemísticamente suelen llamar como "soldado de la fortuna". Y esa fortuna no consiste propiamente en "buscar una mina de oro", según de manera casi angelical lo expresa el ministro Pinzón
El embajador estadounidense, Michael Mckinley, dijo el sábado anterior que "su compatriota era un militar retirado y que no hacía parte de una misión de su país en Colombia". Es lo menos que puede decir, y se entiende. A él le corresponde tratar de proteger a su compatriota, y sobre todo ocultar el intervencionismo militar de su país en Colombia. Pero ocurre que desde los inicios del mal llamado Plan Colombia, los Estados Unidos incrementaron como política oficial la presencia de mercenarios y su intromisión en el conflicto interno, lo cual ha obligado a que las FARC tomen elementales medidas de seguridad y precaución en sus áreas de operaciones, como ésta de capturar e investigar a un extraño, bastante extraño, que aparece de la noche a la mañana con pinta de RAMBO en medio de la selva.
Estamos en guerra, una confrontación respecto a la cual, aunque estemos en diálogos de paz, el gobierno ni siquiera ha querido pactar un cese bilateral de fuegos que brinde un mejor ambiente de tranquilidad que permita avanzar con más celeridad. Entonces, es absurdo que el ministro Pinzón insista en que las Farc rompieron su promesa de no volver a secuestrar.
Las capturas de militares, incluyendo mercenarios y paramilitares, en áreas de confrontación no son secuestro, así que no suenan más que a bravuconadas torpes e innecesarias las exigencias de Pinzón cuando dice respecto a Sutay, que las FARC “Tienen que liberarlo rápidamente y dejar de decir mentiras señalándolo como un mercenario”. La fraseología de El Tiempo en ese sentido tampoco sirve de nada, sobre todo cuando por nuestra propia voluntad hemos dicho que será liberado, aunque tendríamos todo el derecho de canjearlo por alguno de los nuestros que sufren hacinamiento, tortura y todo tipo de vejaciones en las cárceles del régimen.
Necesario sería que en vez de hacerle eco al sonsonete mediático que sigue apuntando a señalar a los insurgentes como secuestradores, la "gran" prensa más bien, desenmascarara con la denuncia la creciente presencia de mercenarios en Colombia, pues bastante utilizados han sido y son como instrumento para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio de los pueblos a la libre autodeterminación.
Con solamente recordar los "servicios" que el Mercenario israelí YAIR KLEIN, "prestó" a nuestro país, tenemos argumentos suficientes para alarmar al mundo entero y exigir con razón que debe cesar el criminal intervencionismo extranjero, el cual para el caso de Colombia se hace fundamentalmente a través de compañías privadas de seguridad que son las que regularmente contratan servicios militares empleando mercenarios. Una especie de privatización del intervencionismo.
YAIR KLEIN era coronel retirado del ejército israelí, y por sus propias declaraciones se conoce que su empresa de seguridad fue contratada en 1988 por ganaderos y empresarios de la industria del banano para entrenar a miembros de grupos paramilitares en Colombia, entre los que se contaba a los hermanos Castaño.
Agrega Klein que estas actividades eran de conocimiento de Carlos Arturo Casadiego, por entonces General de la Policía Nacional. El resto de la historia ya es conocido, las decenas de alumnos de Yair Klein llenaron de masacres y luto el territorio nacional.
Por lo demás, y como ya habíamos apuntado, con el Plan Colombia se incrementó la contratación de mercenarios, comenzando por que los aviones, helicópteros, armamento, mantenimiento, capacitación, asesoría en inteligencia técnica, y otros aspectos que tienen que ver con el asunto, son manejados por misiones permanentes de militares y civiles yanquis que, para colmo de males y descaros, están cobijados por la inmunidad diplomática.
Recordemos que el Plan Colombia en su primera fase dispuso de 400 militares estadounidenses para operar en nuestro territorio y el congreso de Estados Unidos autorizó la presencia de hasta 400 "contratistas civiles", que es el nombre eufemístico de los intervencionistas privatizados. Esto hasta donde se sabe. Pronto el Departamento de Estado y la empresa Dyn Corp, argumentando que esta limitación era para estadounidenses, sobrepasaron los números indicados incorporando mercenarios de Guatemala, Honduras y Perú. Pero de complemento, en octubre de 2004 el Congreso de EE.UU. levantó las restricciones, entonces el número de soldados pasó a 800 y el de "civiles" a 600, según versiones oficiales.
No es admisible la pretensión de que el personal militar, entrenado para la guerra, equipado con instrumentos bélicos, pueda estar cobijados por convenciones como las de Viena, argumentando que se han firmado los “acuerdos” de instalación de Bases militares y marines que en ella operen.
Valga expresar que las Convenciones sobre Relaciones Diplomáticas (1961), Relaciones Consulares (1963), Misiones Oficiales (1969), no fueron diseñadas para personal militar o prácticas de guerra, sino para darle sustento a la práctica diplomática de los Estados.
Es un exabrupto pretender que militares que actúan en un escenario en el que el Estado Huésped ha perdido su soberanía puedan pretender los privilegios e inmunidades del personal diplomático y consular que representa a un país extranjero, acudiendo a subterfugios como el de incluirlo como “personal técnico y administrativo de la embajada”.
Desde los tiempos en que Ronald Regan declaro su “guerra a las drogas”, con una visión de extraterritorialidad propia de la mentalidad imperialista, se recrudeció la militarización de la política exterior yanqui y con ello la inclusión de personal militar gringo y de diversos países en operaciones aparentemente orientadas a acabar con el flagelo del narcotráfico, y bajo la consideración de que era un “asunto de seguridad nacional”, se desplegaron procesos de radarización e interdicción aérea, construcción de Bases en áreas de cultivos “ilícitos”, estructuración de cuerpos especiales para la “lucha anti-drogas”, militarización de la policía con adiestramiento, conducción y control del Comando Sur, sin que ello efectivamente se tradujera en una merma de la narco producción, pero sí en intervencionismo creciente.
Para tal despliegue, entre muchos otros puntos donde operan fuerzas yanquis y otras fuerzas extranjeras, está el aeropuerto de San José del Guaviare, con presencia de los llamados “Contratistas” de la Dyn Corp, de Matcom y TRW, apersonados del mantenimiento de los helicópteros Black Hawk y de fumigaciones aéreas de plantíos de coca. Por otro lado, en el departamento del Vichada está ubicada la Base de Marandúa, donde existe un sistema de radares y comunicaciones controlado por la National Segurity Agency (NSA) del Departamento de defensa de los Estados Unidos.
Pero aparte de Dyn Corp existen muchas otras empresas privadas Como Lockheed Martin Corp (fabricante de aviones de combate, tecnología militar de punta, armamento para guerra de baja intensidad, sistemas de comunicaciones, entrenamiento a la Policía Nacional colombiana); Te Rendon Group (asesores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa en comunicaciones y diseño de guerra psicológica); Northrop Grumman (asesoría en sistemas de inteligencia y comunicaciones en tierra y en aire); Arinc Inc (mantenimiento, apoyo logístico, entrenamiento y modernización de aeronaves de guerra artilladas, entrenamiento de Policía nacional); TW (manejo de datos de radares y comunicaciones para las Fuerzas Armadas); Matcom ( coordina programas de contrainsurgencia entre el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Colombia): Están además las empresas contratistas Oackley Network, ACS Defense, Air Park Sales and Service Inc, INS, Integrated Aero System Inc, Alion, Sciencie Applications International Corp; Imagery Analysis; Kellogg Brown & Root (subsidiaria de Halliburton), Man Tech, Arriscan y Vinnell, todas abrigando mercenarios y pisoteando nuestra soberanía con el beneplácito de los gobernantes de turno.
Como consecuencia de los convenios que cobijan la presencia de los mercenarios, sobre estos las autoridades no pueden ejercer jurisdicción para investigarlos o juzgarlos, y al ser considerados parte de la misión diplomática en Colombia, estos contratistas se sustraen también al cumplimiento de la normatividad migratoria, situación que les facilita cometer delitos en el país.
Ninguna autoridad colombiana ha dado explicaciones claras sobre la presencia de mercenarios en nuestro territorio, y la justifican diciendo que se enmarcan en actos propios de fraternidad y cortesía internacional, amparados por la celebración de acuerdos bilaterales que, valga precisar, nunca han sido objeto de revisión por parte del poder legislativo.
Estos mercenarios, aliados con los paramilitares y empresas trasnacionales como Chiquita Brands, Coca Cola y Drummond Company, han sido causantes principales del desangre de nuestro pueblo; razón suficiente para legítimar el procedimiento de captura e investigación sobre Kevin Scott Sutay, a quien liberaremos solamente motivados por nuestro anhelo de paz, incluso pasando por alto las majaderías de un ministro pendenciero, que mantiene inclinada su cabeza frente a su amo del norte
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