Por: Tatiana Acevedo
En el marco del Fuero Militar, la sala Disciplinaria del Consejo Superior decidió devolver a justicia penal militar la investigación contra el coronel Carlos Sánchez por dos ejecuciones extrajudiciales.
La decisión establece un trato preferencial para implicados en ejecuciones extrajudiciales. Y, paradójicamente, la impunidad les quedará a quienes de una u otra manera tienen mayor responsabilidad. Pues antes que historias de soldados espontáneos buscando vacaciones, todo indica que las ejecuciones fueron el resultado de esfuerzos coordinados en los que se seguía la cadena de mando (las órdenes de altos rangos).
Los subordinados tenían, entonces, dos opciones. Obedecer y recibir beneficios. O cuestionar las órdenes, resistirse y recibir un castigo. Tal fue el caso de los 27 soldados de la contraguerrilla Atila 1, en La Guajira, quienes se negaron a asesinar a una menor, desarmada. “Cuando entró mi coronel nos empezó a putear, nos dijo que no servíamos para nada, que si no entendíamos que a él de nada le servía la guerrillera viva y que lo que importaba eran las bajas nada más porque él iba a jugar para ascender y lo medían era por eso”, dijo uno de los soldados, que fueron destituidos y hoy se rebuscan como coteros o mototaxistas. También fue el caso del cabo Carvajal, en Norte de Santander, quien —según la versión oficial— habría caído en un “enfrentamiento” horas después de haber llamado a su papá para contarle que se retiraría del servicio porque sus superiores lo estaban presionando para participar en la muerte de dos muchachos que harían pasar por guerrilleros muertos en combate.
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