Por: Gustavo Gallón
“Tacando burro” quienes creen que la ampliación del fuero militar implicará impunidad, dijo el presidente Santos el sábado pasado.
La premonición de que no se sembraría cizaña ya resultó ostensiblemente fallida. Quién sabe qué pase con la relativa al posicionamiento internacional de las Farc. Pero en la que tiene que ver con el fuero militar, rápidamente los hechos la están desmintiendo.
En entrevista con Cecilia Orozco, el pasado domingo, el comandante del Ejército reveló cuál es el objetivo central de la ampliación del fuero militar. Antes de la reforma que se acaba de aprobar, según él, los jueces “aplicaban normas internas de derechos humanos que limitaban, en buena medida, las tareas militares”. Ahora a los militares no les van a aplicar esas normas, sino “las leyes de la guerra”. Más claro no habría podido expresarse el propósito de esta reforma constitucional y del proyecto de ley estatutaria recientemente aprobado por el Congreso: los militares colombianos no quedarán sujetos a las normas de derechos humanos, sino simplemente a las del derecho humanitario.
El derecho humanitario está basado en principios que constituyen un mínimo de protección frente a la barbarie: distinción (entre civiles y combatientes), proporcionalidad (entre los ataques y la ventaja militar que de ellos se obtenga), precaución (para evitar o reducir los daños) y necesidad (para que el uso de la fuerza se justifique solamente cuando haya una ventaja militar directa y concreta). La infracción de alguno de estos principios se considerará como un “error” o una “equivocación”, como claramente lo expresó el comandante del Ejército en la mencionada entrevista. Por ello, si el soldado en armas mata a un civil, el proyecto de ley estatutaria señala que debe presumirse que lo hizo de buena fe, y la licitud o no de dicha muerte deberá valorarse a la luz de los mencionados principios, y no según las normas de derechos humanos que prohíben matar civiles. El principio de proporcionalidad, como está definido en la ley, autoriza “causar daños a personas y bienes civiles” siempre que no sean “manifiestamente excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa prevista”. ¿La jurisdicción militar considerará excesivas las muertes de los dos manifestantes de Ocaña el pasado fin de semana?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le dijo al Gobierno colombiano, en la sentencia sobre el caso Santodomingo (promovido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cuyos 35 valiosos años de existencia se celebran merecidamente por estos días), que la aplicación de las normas de derecho humanitario no excluye la aplicación de las normas de derechos humanos. Es decir, todo lo contrario de la esencia de esta reforma, según la esclarecedora entrevista del comandante del Ejército. ¿Quién tacará burro?
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