Por: María Elvira Bonilla
Tres mil campesinos de carne y hueso, llegados en chiva desde lejos, del Cesar, de Cundinamarca y el Caquetá profundo, se reunieron en San Vicente del Caguán en el tercer encuentro de zonas de reserva campesina. Un tema candente en la mesa de diálogo de La Habana convertido en el punto central del pulso entre el Gobierno y la guerrilla que impidió cerrar la semana pasada la discusión del primer capítulo de la agenda, el de la tierra, como estaba planeado.
Los asistentes al encuentro, defensores de esa figura
creada por la Ley 160 de 1994, con José Antonio Ocampo como ministro de
Agricultura, y César Gaviria, de presidente, la defienden porque han
vivido en carne propia la dura situación que las zonas buscan
solucionar. Son campesinos hijos de los colonos que, expulsados por la
violencia partidista de los años 50, se asentaron “selva adentro” en el
Caquetá, el Putumayo, el Guaviare, el pie de monte llanero, tumbando
monte, para levantar pequeñas fincas que terminaban vendiendo como
“mejoras” a propietarios mayores, casi siempre hacendados ganaderos,
para luego “abrir” otra parcela y reiniciar el proceso, y así… un camino
que repitieron sus hijos.
La declaratoria de una zona como de reserva campesina permite frenar este destino de colonos itinerantes que les impide arraigarse en su tierra y construir su comunidad en torno a la vereda. El propósito no es otro que asegurar que las tierras continúen en manos campesinas al permitir que las parcelas se vendan sólo entre campesinos e impedir así la concentración en grandes haciendas, al tiempo que con la declaratoria de ZRC, el Estado se compromete a apoyar con inversión social vías de comunicación, electrificación y soporte a la producción por la vía de la asistencia técnica.
Con las zonas será posible definir en el mapa rural colombiano y proteger la agricultura campesina que ya aporta de hecho cerca del 50% de la comida del país. En este momento existen seis zonas que fueron creadas legalmente a mediados de los años noventa; siete tienen suspendido su proceso de aprobación por el Incoder, porque el Ministerio de Defensa se opone vehemente y según los asistentes al encuentro hay cincuenta más para iniciar el complejo proceso de su aprobación. Estas últimas suman 9 millones de hectáreas, de las 48 que existen en Colombia con capacidad productiva.
La polémica ha surgido porque las Farc en La Habana han ido más lejos. Plantean que las zonas de reserva campesinas se conviertan en territorios autónomos, entidades territoriales como los municipios, a semejanza de los resguardos indígenas o de los territorios colectivos de los consejos comunitarios de afros. Pretensión que el Gobierno no está dispuesto a conceder, y de ahí el impasse en las negociaciones de La Habana.
Se sale de este encuentro, después de ver y oír a muchos de los más de tres mil campesinos, pensando que para el país y el posconflicto, qué mejor que un mapa rural con comunidades organizadas y veredas a donde llegue la modernidad y las nuevas generaciones encuentren una alternativa de vida digna, distinta al irremediable desplazamiento al no futuro de las ciudades.
La declaratoria de una zona como de reserva campesina permite frenar este destino de colonos itinerantes que les impide arraigarse en su tierra y construir su comunidad en torno a la vereda. El propósito no es otro que asegurar que las tierras continúen en manos campesinas al permitir que las parcelas se vendan sólo entre campesinos e impedir así la concentración en grandes haciendas, al tiempo que con la declaratoria de ZRC, el Estado se compromete a apoyar con inversión social vías de comunicación, electrificación y soporte a la producción por la vía de la asistencia técnica.
Con las zonas será posible definir en el mapa rural colombiano y proteger la agricultura campesina que ya aporta de hecho cerca del 50% de la comida del país. En este momento existen seis zonas que fueron creadas legalmente a mediados de los años noventa; siete tienen suspendido su proceso de aprobación por el Incoder, porque el Ministerio de Defensa se opone vehemente y según los asistentes al encuentro hay cincuenta más para iniciar el complejo proceso de su aprobación. Estas últimas suman 9 millones de hectáreas, de las 48 que existen en Colombia con capacidad productiva.
La polémica ha surgido porque las Farc en La Habana han ido más lejos. Plantean que las zonas de reserva campesinas se conviertan en territorios autónomos, entidades territoriales como los municipios, a semejanza de los resguardos indígenas o de los territorios colectivos de los consejos comunitarios de afros. Pretensión que el Gobierno no está dispuesto a conceder, y de ahí el impasse en las negociaciones de La Habana.
Se sale de este encuentro, después de ver y oír a muchos de los más de tres mil campesinos, pensando que para el país y el posconflicto, qué mejor que un mapa rural con comunidades organizadas y veredas a donde llegue la modernidad y las nuevas generaciones encuentren una alternativa de vida digna, distinta al irremediable desplazamiento al no futuro de las ciudades.
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María Elvira Bonilla O. | Elespectador.com
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