Por: Alfredo Molano Bravo, El Espectador
La búsqueda, casa por casa, alcantarilla por alcantarilla, potrero por potrero, del patrullero de la Policía Jairo Díaz Vargas, desaparecido en el barrio El Codito, en el norte de Bogotá, ha sido valiente y denodada.
150 unidades armadas de
la Policía, del Ejército y de los servicios de inteligencia han sido
movilizadas para dar con el paradero del muchacho, que había participado
en la incautación de 30 kilos de marihuana a la banda de Los Pascuales,
y apenas han encontrado el chaleco antibalas, por lo que se deduce que
no se cayó por un precipicio. La Policía Nacional ha repartido miles de
volantes con la foto de la víctima y ofrece 20 millones de pesos por
información que permita encontrar a Díaz. Un formidable y loable
esfuerzo de las autoridades. Ejemplar esquema. Así debían hacer con
todos los desaparecidos, aunque salieran muy costosos los operativos si
se tiene en cuenta que en Colombia se perdieron en los primeros 28 días
de enero de este año 690 personas, es decir, 24 personas cada día. En
plata, 20 millones por 690 casos daría 13.800 millones de pesos y la
movilización de 100.000 policías. Hay que reconocer que las campañas
contra la desaparición han tenido relativo éxito: el año pasado se
reportaron 746 casos en los primeros 25 días de 2012. O sea, 29 personas
desaparecidas diariamente, un 8% menos. De las que desaparecieron en
enero, solo 69 han regresado a su casa y ocho han sido encontradas
muertas. Desde 2007 se han reportado 80.000 desaparecidas, de las cuales
4.000 han aparecido vivas. ¡Escalofriante!
En
2011, el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, levantó el telón que
escondía nuestra más escabrosa y repugnante tragedia: 61.604 personas
han desaparecido en Colombia desde que comenzó la Violencia en 1947.
¡Impunidad absoluta! De esa cifra, certificada, han sido víctimas de
desaparición forzada 16.665 personas; solo 249 se han encontrado vivas y
557 muertas. Sin duda, el capítulo más brutal de nuestra miseria
humana. La desaparición forzada es un delito cometido por agentes del
Estado o por personas actuando con su autorización, apoyo o
consentimiento, que conlleva a numerosas violaciones a los derechos
humanos. De las 8.295 investigaciones que se llevaban a cabo cuando la
Fiscalía era dirigida por Viviane Morales, 1.598 eran homicidios
cometidos presumiblemente por agentes del Estado. Según la Oficina
Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la
fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
Según Medicina Legal, entre 2005 y 2010 los paramilitares mataron a
173.183 personas y desaparecieron a 34.467. De los informes de Medicina
Legal y la Fiscalía se deduce que 13.000 personas desaparecen en
Colombia cada año. Desde 1984 se han registrado 951 casos de falsos
positivos con 1.741 víctimas. La negra Piedad Córdoba habló de 200.000
desaparecidos y cayeron sobre su turbante rayos y centellas. Como
siempre. Superamos el holocausto de la dictadura argentina de los años
70 y nos acercamos a paso firme y heroico a las que hoy ensangrientan a
Sri Lanka y el Congo Belga.
El
10 de agosto pasado entró en vigor la Convención internacional para la
protección de todas las personas contra la desaparición forzada, pero
está pendiente de ratificación. Quién sabe si el gobierno de Santos dé
ese paso. Los enemigos de hacer claridad sobre el pavoroso delito de la
desaparición forzada tienen mucha fuerza dentro del Estado, como se
comprueba con la aprobación del nuevo fuero militar. A José Miguel
Vivanco no le falta razón cuando dice: “la justicia penal militar es un
ejemplo de impunidad —y no de rendición de cuentas— por delitos
atroces”. El último informe de Human Rights Watch sobre la situación de
los DDHH en Colombia repite lo que ha denunciado desde hace tres
décadas: “La impunidad crónica en casos de violaciones de derechos
humanos continúa representando un grave problema”.
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Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com
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