Por: Gustavo Gallón
Ese fue el nombre que la gente le puso a la camioneta donde los paramilitares de Hebert Veloza (alias HH) subían a sus víctimas en Urabá a mediados de los años 90. Al que metían en ella no lo volvían a ver con vida. Casi poético, si no fuera por sus macabros resultados: Veloza enunció 1.500 hechos cometidos por su “Bloque Bananero” entre 1995 y 1998 y confesó su participación en 347. Un hecho podría involucrar varias muertes: hasta 18, como la masacre del “Aracatazo”.
Por lo anterior, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Bogotá pronunció a finales del año pasado una importante decisión sobre
el control de legalidad de los cargos formulados en su contra por la
Fiscalía. A través de un juicioso análisis, el Tribunal concluyó que el
asesinato de miembros de la Unión Patriótica por este Bloque fue un
genocidio político y el asesinato de miembros de sindicatos en Urabá fue
un crimen de lesa humanidad.
La poca difusión que recibió en los medios quedó anegada seguramente por el fallo de La Haya y las fiestas decembrinas. Pero, sobre todo, por la sordina que el gobierno anterior impuso a las revelaciones de las atrocidades cometidas por quienes se acogieron a la ley 975, llamada “de justicia y paz”. Si hubiera una difusión mayor y un debate público sobre esta tragedia, la sociedad colombiana estaría mejor preparada para repudiarla y corregir sus causas, muchas de las cuales continúan sin embargo vigentes y se siguen manifestando a través de sucesores legítimos de estos grupos, como “Los Urabeños” y otros neoparamilitares.
Según el Tribunal, “los grupos de bandas emergentes bacrim se han apropiado de bienes” inmuebles entregados a la Fiscalía por HH, “impidiendo el ingreso de las personas de policía judicial”. Tales bienes son notoriamente insuficientes para reparar a las numerosas víctimas de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, tortura, hurto calificado agravado, actos de terrorismo, reclutamiento ilícito de menores y actos de barbarie que le han sido imputados a Veloza en esta ocasión. Pero no debe despreciarse el hecho de que este comandante, sin ser parte de la primera línea de mando paramilitar, haya entregado doce propiedades urbanas y rurales, mientras que la mayoría de los grandes capos conservan las suyas a través de testaferros.
Tampoco es despreciable, como lo señaló el agente del Ministerio Público, que gracias a las declaraciones de HH haya sido posible “conocer la verdad sobre el origen de las Auc, sus vínculos con altos dignatarios del Estado y de particulares que apoyaron las finanzas de las autodefensas, como es el caso de la zona del Urabá Antioqueño, de quienes se espera que la justicia muestre un resultado pronto en las investigaciones que han sido ordenadas”.
Quizás por eso lo extraditó el anterior gobierno. Ojalá que la Fiscalía esclarezca qué hizo el entonces gobernador de Antioquia para impedir esta hecatombe durante el paso de HH por Urabá, ahora que ha anunciado que reabrirá la investigación contra aquel por un caso ocurrido en otro de los puntos cardinales del departamento: el de los “Doce Apóstoles” (también un camino al cielo, qué coincidencia).
La poca difusión que recibió en los medios quedó anegada seguramente por el fallo de La Haya y las fiestas decembrinas. Pero, sobre todo, por la sordina que el gobierno anterior impuso a las revelaciones de las atrocidades cometidas por quienes se acogieron a la ley 975, llamada “de justicia y paz”. Si hubiera una difusión mayor y un debate público sobre esta tragedia, la sociedad colombiana estaría mejor preparada para repudiarla y corregir sus causas, muchas de las cuales continúan sin embargo vigentes y se siguen manifestando a través de sucesores legítimos de estos grupos, como “Los Urabeños” y otros neoparamilitares.
Según el Tribunal, “los grupos de bandas emergentes bacrim se han apropiado de bienes” inmuebles entregados a la Fiscalía por HH, “impidiendo el ingreso de las personas de policía judicial”. Tales bienes son notoriamente insuficientes para reparar a las numerosas víctimas de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, tortura, hurto calificado agravado, actos de terrorismo, reclutamiento ilícito de menores y actos de barbarie que le han sido imputados a Veloza en esta ocasión. Pero no debe despreciarse el hecho de que este comandante, sin ser parte de la primera línea de mando paramilitar, haya entregado doce propiedades urbanas y rurales, mientras que la mayoría de los grandes capos conservan las suyas a través de testaferros.
Tampoco es despreciable, como lo señaló el agente del Ministerio Público, que gracias a las declaraciones de HH haya sido posible “conocer la verdad sobre el origen de las Auc, sus vínculos con altos dignatarios del Estado y de particulares que apoyaron las finanzas de las autodefensas, como es el caso de la zona del Urabá Antioqueño, de quienes se espera que la justicia muestre un resultado pronto en las investigaciones que han sido ordenadas”.
Quizás por eso lo extraditó el anterior gobierno. Ojalá que la Fiscalía esclarezca qué hizo el entonces gobernador de Antioquia para impedir esta hecatombe durante el paso de HH por Urabá, ahora que ha anunciado que reabrirá la investigación contra aquel por un caso ocurrido en otro de los puntos cardinales del departamento: el de los “Doce Apóstoles” (también un camino al cielo, qué coincidencia).
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Gustavo Gallón Giraldo | Elespectador.com
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