[Especial para Revista Cambio Total]El ejercicio violento del poder en Colombia se ha traducido en la práctica consuetudinaria del Terrorismo de Estado, el cual ha tomado connotaciones mucho más criminales con la narco-paramilitarización de la sociedad colombiana, o como se dice eufemísticamente la ”traquetización” de la vida nacional permitida por todos los presidentes colombianos.
Todos los presidentes han practicado el Terrorismo de Estado, cumpliendo a cabalidad con los rasgos esenciales del terrorismo de que nos habla el jesuita Javier Giraldo:
”* Desde un punto de vista objetivo: actos de violencia indiscriminada, es decir, que no se ciñen a las normas convencionales del ”Derecho en la Guerra”, saliéndose de sus cauces
y afectando por tanto a objetivos no militares o ejerciéndose con exceso o con crueldad contra los mismos objetivos militares.
* Desde un punto de vista subjetivo: actos, prácticas o procedimientos que producen miedo intenso en las personas, en cuanto ven amenazados sus valores más esenciales: vida, integridad o libertad, y en cuanto esas amenazas no delimitan claramente áreas de seguridad o de riesgo o se inspiran en móviles irracionales o éticamente repugnantes produciendo un sojuzgamiento ideológico o práctico.”
En los últimos tiempos el Terrorismo de Estado se ha practicado ya no solo con el ”uso intensivo” del terrorismo por parte del estado y su gobierno, sino que ha incursionado en el ”terrorismo de agitación, practicado [ya no] por grupos opuestos a las capas dominantes o gubernamentales, [sino que] va sustituyendo la fuerza de la manifestación democrática, popular o masiva (...) por la intensificación de un miedo generalizado frente a sus actuaciones” para utilizarlos en la batalla contra la insurgencia armada y desarmada.
Ese miedo generalizado e intenso se ha visto en la utilización de ”grupos de choque” que bajo una apariencia de civilidad adelantan la guerra contra las organizaciones insurgentes guerrilleras, casos vistos en la ”marcha contra las FARC”, más recientemente en los intentos de utilización de algunas autoridades indígenas del Cauca, y contra los promotores de salidas diferentes a la guerra. Se pretende esconder, la ”guerra ocultada”, por este medio e instar a miembros de la sociedad civil a combatir a las FARC y cuando los cálculos gubernamentales fallan se recurre al expediente manido de catalogar toda protesta social como ”infiltradas por las FARC”, al tiempo que los utilizan para agredir a personalidades como Piedad Córdoba y miembros de Colombianas y Colombianos por la Paz.
Podríamos preguntarnos si el actual presidente de Colombia, el de turno, practica o no el Terrorismo de Estado. Veamos.
Es sabido que JM Santos proviene de una clase que practica el Terrorismo de Estado desde siempre. La familia Santos es una de las adalides en la utilización de la violencia a ultranza -soluciones de fuerza, de guerra- contra las peticiones de los sectores sociales desafectos del poder, como lo han demostrado las diversas publicaciones de El Tiempo a nivel propagandístico y su aval, por ejemplo, al exterminio de la U.P. (Ver Plan Colombia y Conflicto Interno Colombiano. Allende La Paz. Libro Virtual: xxx).
Es más, ya en el terreno de la práctica, el actual presidente ha practicado el Terrorismo de Estado en la CONDUCCIÓN DEL CONFLICTO cuando fungía como ministro de defensa del gobierno Uribe Vélez, en su parte primera, la no distinción entre combatientes y no combatientes, patentizado con la violación de la soberanía nacional del Ecuador, bombardear en territorio extranjero un campamento de las FARC y dar muerte entre otros, a 6 civiles, uno ecuatoriano y 5 mexicanos, a más de 20 guerrilleros colombianos que pernoctaban en territorio ecuatoriano, en una muestra de ”exceso de fuerza” contra el enemigo, bombardeo que fue realizado con la ayuda del imperio gringo.
Es de anotar que el ”exceso de fuerza” es la constante del accionar de las fuerzas militares-narcoparamilitares y la utilización de la extrema crueldad fue evidenciado en el bombardeo al campamento del Comandante de las FARC, Jorge Briceño o Mono Jojoy, al tirarle 36 bombas de 750 libras cada una. Uno de los miles de casos que acontecen a diario en la geografía nacional.
Igualmente siendo ministro de Defensa cuando las ” ”justificaciones” se vuelven inconfesables, se recurre al método de camuflar ”post-mortem” a los no combatientes como combatientes: se visten sus cadáveres con uniformes de combatientes y se pone junto a ellos armas u otros signos que los ”identifiquen” como tales”. Esta práctica fue bautizada por la prensa en poder de la oligarquía como ”falsos positivos”, fabricando un distractor a fin de quitar gravedad al asunto tenebroso de las ejecuciones extrajudiciales de más de 3.500 jóvenes que llevados bajo la falsa promesa de trabajo son ejecutados, vestidos de uniforme y presentados a los medios oligárquicos como ”guerrilleros dados de baja en combate”, practica que por su multiplicidad en tiempo y lugar del territorio nacional hace pensar en orientaciones institucionales, la cual es utilizado por esos medios para propagandizar que el estado ”va ganando la guerra al terrorismo”.
A más de ello, es práctica diaria de las fuerzas militares-narcoparamilitares del estado bajo el mando de JM Santos, primero como ministro de defensa y hoy como presidente de la república, ”el trato indigno o cruel al ser humano” que viola el ”derecho de guerra” al torturar a los presuntos guerrilleros capturados, por la destrucciones inútiles como la prometida por el propio Santos en el Cauca cuando amenazó -e hizo- derribar algunas casas de los indígenas desde las cuales dizque ”la guerrilla disparaba a la fuerza pública”, y ”por los tratos crueles e inhumanos y degradantes; la desaparición forzada de personas; las ejecuciones extrajudiciales; las agresiones sexuales o afrentas al pudor; la negación de juicios justos, del ejercicio de los derechos procesales y de condiciones carcelarias humanas, cuando todas estas prácticas se legitiman como acciones o procedimientos de guerra”. [9.500 presos políticos hay en Colombia en el momento].
Resaltamos en estos procedimientos la aplicación de la ”justicia” a colombianos que ejercen su derecho a disentir ya desde la Academia, ya desde los medios alternativos de prensa. Los casos del profesor Miguel Angel, preso durante 2 años enfrentando un juicio que demostró que a todas luces era espurio, y el del periodista director de Anncol, Joaquín Pérez Becerra, ciudadano sueco de origen colombiano, puesto preso en Maiquetía a petición de JM Santos al presidente Chávez, utilizando el sambenito de ”terrorista”, y extraditado irregularmente a Colombia por el gobierno bolivariano violando el DIH, pone de presente que ni desde los salones de clase ni desde los medios alternativos pueden los colombianos criticar ni disentir de los verdaderos terroristas -JM Santos y su estado asesino-.
HV-CK
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