El congresista Iván Cepeda dice que Colombia no conoce la verdadera historia del ‘zar’ de las esmeraldas, ni su rol en las guerras entre los clanes mafiosos con el cartel de Medellín
/ Domingo 22 de julio de 2012
En su momento, al elegirlo como Personaje del Año por su labor, la extinta revista Cambio registró el éxito de este defensor de los Derechos Humanos, Iván Cepeda Castro, con la marcha que el 6 de marzo de 2008, sacó a millones de colombianos a las calles para protestar contra la violencia paramilitar y los crímenes cometidos por agentes del Estado:
“Iván Cepeda libró dos batallas y venció en las dos: derrotó el escepticismo de quienes creían que el modelo de movilización ciudadana contra la violencia se había agotado el 4 de febrero, cuando el país marchó contra las Farc y el secuestro. Y logró contrarrestar la arremetida del asesor presidencial José Obdulio Gaviria que quiso estigmatizar la marcha diciendo que era promovida por la guerrilla.”
Forjado por pruebas tan duras como el asesinato de su padre, el líder de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda, Iván se ha convertido en caracterizado defensor de los Derechos Humanos y su campo de acción ha sido la defensa de los derechos de las víctimas de la violencia paramilitar y de los agentes estatales. Como portavoz de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, ha denunciado la desaparición de más de 20.000 personas y se puso al frente de una cruzada que lo ha llevado a los más diversos escenarios: desde foros locales e internacionales sobre Derechos Humanos, hasta las puertas mismas de las Cortes de Justicia de Washington, para exigir que los jefes paramilitares extraditados confiesen la verdad y reparen a sus víctimas.
En esta entrevista, relativa, entre otros temas, al libro que acaba de publicar sobre uno de los hombres más controvertidos del país, Iván Cepeda hace revelaciones escalofriantes.
¿Qué lo llevó a escribir, junto con el padre Giraldo, el libro sobre el ‘Zar’ de las Esmeraldas, Víctor Carranza?
Javier Giraldo es un sacerdote jesuita, que ha acompañado desde hace muchos años a las comunidades en distintas partes del país, especialmente en el Meta. Es pionero en la documentación de los grandes bancos de datos estadísticos sobre violación de los derechos humanos en el país, y es quien conoce de la manera más profunda y detallada muchísimos de esos contextos de desapariciones, masacres, despojos, asesinatos, paramilitarismo, guerrilla.
¿Y usted, cómo llegó al tema?
Una de las primeras cosas que hice como representante a la Cámara, fue un debate sobre una situación que se presentó en la región de La Macarena, donde se descubrió que había enterradas unas 600 personas, como NN. No había una fosa ahí, pero sí una realidad muy concreta de cadáveres, supuestamente de guerrilleros muertos en combate, pero también de personas que no se sabe de dónde vienen. Podrían ser también falsos positivos o desapariciones forzadas. Después descubrimos cinco cementerios más. Estando allí, e investigando en profundidad, me di cuenta de que todos los caminos conducían a Carranza. Me metí también en el tema de tierras y empezaron a llegarme datos de que Carranza era dueño de un millón de hectáreas. Si 6 millones de hectáreas fueron arrebatadas en dos décadas, Carranza tendría, ni más ni menos, que el 20%.
Carranza ha querido siempre proyectar una imagen de “pacificador” de Boyacá...
Precisamente. Una de las cosas que más impactó mucho fue el desfase entre la imagen pública de este hombre y la historia de su vida y de su enorme poder. Con el padre Giraldo nos dimos cuenta de que allí había un vacío muy grande y decidimos escribir el libro a pesar de las muchas advertencias de los peligros que implicaba hacer estas pesquisas.
¿Cuál fue el hilo conductor?
Hay un capítulo llamado La Metamorfosis: es el contraste que hay entre la historia de Carranza, las guerras que él ha librado en Boyacá y en el Meta, cómo ha construido un verdadero imperio en Puerto López y Puerto Gaitán, territorio que es prácticamente suyo –y la cercanía que ha tenido por décadas a sectores muy poderosos del país. Carranza dice ser amigo de buena parte de presidentes y ex presidentes de Colombia, y de familias muy poderosas. Entonces salta la pregunta obvia: ¿cómo una persona que fue un fundadora del paramilitarismo en Colombia puede tener tal nivel de aceptación y aparente legitimidad en la sociedad?
Sobre eso se ha murmurado mucho, pero nadie le ha probado nada...
Yo creo que en cierta forma sobre él ha habido un velo mediático porque de otra manera no se entiende el desfase entre la imagen de un hombre que ha surgido de abajo, un empresario exitoso, y alguien ligado –por lo menos en algunos testimonios- al narcotráfico, y que ha ido monopolizando la minería de la esmeralda. Y como si esto fuera poco, en la más reciente investigación que presentamos, está el despojo de tierras, utilizando el robo de baldíos de la Nación y haciendo negocios muy lucrativos en términos de especulación con las tierras que tiene. El país no conoce la historia de Carranza como fundador del paramilitarismo, ni su rol en las guerras que hubo entre los clanes mafiosos con el cartel de Medellín y toda esa historia atroz. Se le presenta como el hombre que trajo la paz a Boyacá, y, a través de esa idea, como alguien que merece reverencia y que, inclusive se ha presentado como víctima.
¿Esto último qué quiere decir?
A él lo indemnizaron como parte de una sentencia de un proceso contencioso administrativo, como si fuera una víctima.
¿Es cierto que los jefes paras le dijeron a usted que Carranza es hoy el jefe de los paramilitares en Colombia?
Cuando yo estaba en Nueva York haciendo una de las visitas a los jefes paramilitares, les pregunté: ¿quién es hoy el jefe de los paramilitares en Colombia, vivo, y que no está extraditado? Ni siquiera se miraron y dijeron al unísono: “Don Víctor”, como si se tratara del hecho más evidente.
Debe ser difícil y peligrosa una investigación de este tipo.
Nuestro libro está construido básicamente sobre dos casos que son, a su turno, procesos que se han acumulado y que han terminado en grandes investigaciones. ¿Qué ha pasado con esto? Pues el saldo es que buena parte de los testigos están muertos, que hay alrededor mucha gente intimidada, y que, después de haber fallado, jueces y fiscales terminan enredados y con investigaciones, o en el exilio. Lo que se ve detrás es un gran manto de impunidad, y que allí ha operado una concienzuda estrategia para borrar todos los rastros. Uno de los paramilitares que hacen parte de esos grupos, que se llaman “Carranceros”, cuenta que en la organización de Carranza hay gente encargada de matar a quienes a su vez cometen los asesinatos y así se van “limpiando” y borrando hechos y rastros.
¿Qué descubrieron en torno al tema de la colosal concentración de tierras, de Carranza?
El testaferrato en muchos de sus negocios. Hicimos una investigación que hace pocos días llevó a la Notaria Cuarta de Villavicencio a investigar cómo opera el mecanismo a través del cual Carranza se ha hecho a esa enorme cantidad de tierras. Lo que se ha descubierto es que muchas personas son invasores de baldíos de la Nación y después terminan vendiéndole a testaferros de Carranza y de su clan, a precios irrisorios. Luego, cuando se engloban esos predios y parcelas se hacen los grandes negocios. Por ejemplo, La Fazenda, que es un proyecto gigantesco en la Altillanura. Cuando uno llega a Puerto López, a cien kilómetros de Villavicencio empieza a ver todas las fincas de Carranza, que se reconocen porque él les pone un distintivo: una rueda metálica en la entrada. Después de Puerto López, donde hay una guarnición militar al lado de la casa principal que ocupa Carranza, se llega a la Altillanura que es el sueño de la economía a escala a través de este proyecto agro industrial, y entonces todo el paisaje cambia y empiezan a aparecer pinos y tecas. Es prácticamente otro país, en una gran hacienda con tecnología muy sofisticada.
¿Y esa hacienda es de Carranza?
Por lo menos hemos identificado un predio que englobó Carranza a través del mecanismo que le he descrito. Un predio en el cual, además, la Fiscalía encontró fosas comunes. A ese proyecto que entre otras cosas es de un consorcio cuyo origen no está muy claro, porque hay capital del Brasil, pero también hay ciudadanos colombianos involucrados. La observación que hacemos es que todo esto ocurre en el vecindario inmediato del imperio de Carranza.
¿Cómo es posible que no se sepa cuáles son las cabezas visibles del proyecto de La Fazenda?
Ese tipo de conglomerados se van estructurando de tal forma que al final es muy difícil saber de dónde vienen los capitales y quiénes son los verdaderos dueños. El testaferrato en Colombia ha hecho que aquí sea muy difícil determinar la propiedad de la tierra. En el debate que le hicimos con el senador Jorge Enrique Robledo al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, yo partía del hecho de que en un proceso de restitución de tierras la pregunta básica es qué ciudadanos o empresas tienen más de veinte o treinta mil hectáreas de tierra en Colombia. Nosotros presentimos que en Colombia hay gente que tiene 500.000 y más hectáreas, es decir un territorio que correspondería a un país centroamericano. Si no resolvemos esa pregunta es muy difícil avanzar en un proyecto como el de Restitución, ya que Colombia tiene uno de los mayores índices de concentración de tierras en el mundo. Por lo menos deberíamos saber en manos de quién están esas tierras.
¿No es ese un palo en la rueda a la Ley de Tierras, y a los buenos propósitos del gobierno?
Sí, esa es una pregunta de fondo y yo creo que está bien que el gobierno esté comenzando hacer esfuerzos puntuales como en el caso de Las Pavas, por ejemplo, que es una de estas propiedades en litigio, pero no basta con los casos simbólicos. El fenómeno de la usurpación y desalojo de tierras en Colombia es de tal magnitud, que si no hay una base sólida, estadística e informática, será muy difícil avanzar en esos procesos. Otro cosa increíble es que el gobierno no tiene el dato, indispensable para este proceso, de cuántos son, ni dónde están, los baldíos de la Nación. Desde ese punto de vista yo quisiera saber cómo una política de restitución puede tener un alcance serio.
Volviendo a Carranza, si, como dicen, “pacificó” Boyacá, si se terminara esa concesión, ¿habría riesgo de volver a la violencia anterior?
El asunto es que es necesario desmontar muchos poderes enquistados en el país. La gran pregunta para el Gobierno es si está dispuesto a tocar esos intereses, esas estructuras de poder. No más una hacienda, Las Pavas, está generando semejante proceso de litigio y de intervención. Y no es necesario hacer un gran esfuerzo investigativo para darse cuenta del control que tienen cierta clase de personajes de la vida pública en regiones como la Costa Atlántica. Yo hice una petición a los siete gobernadores de esta región para que acaben con los contratos de los juegos de azar, que siempre se le adjudican a las empresas de la señora Enilce López, La Gata. En las licitaciones nunca hay competidores, y, si los hay, regularmente resultan muertos.
Hace un momento mencionó su visita a los jefes paramilitares extraditados en Nueva York, ¿qué hacía usted allá?
Yo en ese momento era vocero del movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Nos oponíamos a la extradición de los jefes paramilitares, que significaba una inmensa traba al desarrollo de los Procesos de Verdad y de Justicia y Reparación. Entre otras cosas, nunca ha sido claro porqué el gobierno extraditó a una parte de los jefes y no a todos. Los jefes que vimos en Nueva York nos dijeron que había un grupo que se disponía a hacer unos señalamientos en el momento preciso en que los extraditaron. Por su parte, Piedad Córdoba había hecho debates en el Congreso sobre esas extradiciones, y creó una comisión en el Senado para hacerles seguimiento. El objeto de nuestra visita a las cárceles era hablar sobre por qué se había producido la extradición y cuál era la información que ellos querían suministrar y no pudieron. Todo lo que ha ocurrido a partir de ahí, ha correspondido a nuestros temores: se detuvieron las investigaciones, hubo grandes dificultades para activar ese proceso y digamos que el costo de esta situación es que ha ido creciendo en el plano internacional y ha ido involucrando a los Estados Unidos cada vez más. Una muestra de esa situación es la extradición del General Santoyo, jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Precisamente lo que quería evitar el ex presidente: que esas cosas se hablaran en Justicia y Paz, ahora se están hablando en Estados Unidos. ¿Si los jefes estaban dispuestos a hablar, por qué no lo han hecho desde allá?
Sí lo han hecho, pero yo veo que aquí hay una especie de sordera voluntaria o, digamos que lo que dicen despierta tal asombro, que no se les cree. Tanto alias ‘Don Berna’ como el señor Mancuso han hablado clara y reiteradamente de cómo apoyaron la campaña de elección de Uribe, mencionando los dineros que pusieron, la manera cómo se presionó al electorado, e incluso han hablado de un pacto que hicieron, anterior al de Ralito conocido por la opinión pública, que fue un pacto que suscribieron dirigentes políticos muy cercanos al presidente Uribe con los paramilitares y que decía: “ustedes nos dan la impunidad y nosotros les ponemos los votos”. Ellos dicen que cumplieron y que los políticos no. Son cosas muy graves, pero en Colombia desde hace rato se vienen denunciando cosas gravísimas y fácilmente comprobables, pero no se quiere escuchar la verdad. Por ejemplo que el ex presidente Uribe tenga una cuñada y una sobrina narcotraficantes. Eso en cualquier país del mundo daría lugar a una investigación muy seria.
¿Pero qué culpa tiene el presidente Uribe de que una sobrina y una cuñada suya hayan traficado?
Él tiene responsabilidades políticas. Ese hecho no hay que verlo aislado del caso del General Santoyo. Si es cierto lo que se está investigando, el señor Santoyo sería el eslabón entre lo que se sabía en la llamada Oficina de Envigado y los carteles en los cuales estaban la cuñada y la sobrina del ex presidente Uribe.
El presidente Uribe dice que usted está empeñado en una campaña de desprestigio contra él y su familia...
Yo a lo que me he referido es a hechos puntuales, y cuando me refiero a casos que puedo documentar y sustentar, no hago simplemente acusaciones sino que inmediatamente los remito a las autoridades judiciales. Por otra parte, cuando creo que esos hechos ameritan una denuncia, he denunciado al ex presidente. Ahora, yo, por supuesto, estoy en total divergencia de su modelo de sociedad, de país, de su política de seguridad y de la forma como concibe el país. Pero si eso parara allí yo me limitaría a ser un contradictor político y a argumentar mis razones filosóficas y mis visiones diferentes. Pero es que el problema es que detrás de todo esto hay un rastro de sangre, unas estructuras criminales inmensas, un organigrama que, cuando el país descubra su verdadera dimensión, se va a quedar atónito. Lo único que le puedo decir es que, cada vez que uno investiga uno de esos rastros, indefectiblemente lo lleva al presidente Uribe, a su hermano, a su primo, a su entorno político, a su entorno familiar.
¿Eso que usted pinta tan terrible, se descubrirá algún día?
Yo creo que esa es una verdad que no va a poder ser acallada, ni seguir en la penumbra por mucho tiempo. No sé, aparte de lo que está pasando, qué más es necesario que suceda, pero el hecho es que ya en los Estados Unidos hay un funcionario de altísimo nivel, de gran responsabilidad y cercano no solamente desde el punto de vista de sus funciones como agente del estado, sino en la vida personal y familiar del presidente Uribe, investigado por narcotráfico. Detrás de la historia de Santoyo hay mucho más. Nosotros hemos investigado lo que pasó en Antioquia en la época de la gobernación Uribe y cuando fue asesinado el padre del ex presidente, que se le atribuye al Frente V de las Farc. En ese frente había dos personas al mando, uno de ellos, de apellido Úsuga. Después de que ocurrió el hecho fueron perseguidos y asesinados 16 miembros de esa familia. Santoyo aparece ligado a eso.
El presidente Uribe también lo tiene a usted demandado...
Sí, ante la Corte Suprema por abuso de poder, por manipular supuestamente testimonios y por calumnia. Yo sencillamente cumplo con mi deber.
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