Mañana viernes radicarán Tutela
por
“El pueblo Wiwa exige Reparación, pero no dentro del
Batallón”, con estas palabras, familiares de la indígena menor de edad,
Nohemí Pacheco Zabatá, quien fuera ejecutada extrajudicialmente por
miembros batallón de Artillería número 2 La Popa, manifestaron su
inconformidad, por la planeación de un acto simbólico de perdón
organizado por el Ejército Nacional, dentro de las instalaciones
militares en la ciudad de Valledupar.
Por tal motivo, y aduciendo la protección de los
derechos constitucionales a la dignidad humana, la consulta previa y la
reparación integral, radicarán una tutela contra el Ministerio de
Defensa y el Ejército Nacional - Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”,
ante la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
César, en la que solicitan se ordene como medida provisional, el
aplazamiento inmediato del acto, “hasta tanto no se asegure un
procedimiento de reconocimiento de responsabilidad que vincule a las
víctimas y a su comunidad indígena”.La comandancia del batallón de Artillería número 2 La Popa, convocó para este viernes 15 de junio, la realización un acto simbólico de perdón, atendiendo el fallo del Juzgado 1 Administrativo de Valledupar, que les ordenó el pasado 5 de agosto de 2010, pedir excusas públicas, como medida de reparación, por el asesinato de la indígena Wiwa, Nohemí Esther Pacheco Zabatá, ejecutada extrajudicialmente junto con su compañero Kankuamo, Hermes Enrique Carrillo Arias, el 9 de febrero de 2005.
En la tutela también solicitan concertar con los familiares de la víctima, con las autoridades indígenas Wiwa y sus representantes la programación del acto, la presencia de las familias y las comunidades afectadas, la intervención de las mismas, garantizando que su voz sea la rectora de la ceremonia y así se proteja el derecho a la memoria.
En la madrugada del 9 de febrero de 2005, Nohemí, de 14 años, fue sacada de su vivienda, ubicada en la vereda el Pontón, camino al corregimiento de Atanquez, junto con su compañero Hermes Enrique Carrillo Arias, por varios soldados pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, quienes posteriormente presentaron a los indígenas como guerrilleros dados de baja en combate.
Por estos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la condena en segunda instancia a penas entre 34 y 31 años de prisión a los integrantes del Ejército Nacional, Boris Alejandro Serna Mosquera, Analdo Enrique Fuentes Estrada, Omar Eduardo Vaquiro Benitez y Deimer Cárdenas Martínez por los delitos de homicidio agravado, en concurso con los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falso testimonio.
En la actualidad existe una investigación penal frente a otros responsables y disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, a la espera de proferir pliego de cargos contra los militares condenados.
Noemí Pacheco Zabata era una menor de 14 años, miembro de la Comunidad indígena Wiwa asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hija del señor Joselino Pacheco Malo, un importante líder de la organización indígena Wiwa “OWYTB”, dentro de la cual cumplía el rol de comisario de la Comunidad de Rongoy, población de gran importancia al interior de la organización sociopolítica de este pueblo indígena.
El asesinato de Nohemí y Hermes, también indígena del pueblo Kankuamo, afectó sensiblemente las fibras de las comunidades aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su condición de menor de edad a la fecha de los hechos, se constituye como un crimen repudiable y agrede la cosmogonía y la relación de respeto y armonía en la que conviven estos pueblos.
Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de las víctimas, el Ejército Nacional, en la planeación del acto, no solo desconoció la participación directa de la comunidad y de sus familiares, sino que además su ejecución, constituiría un nuevo acto de revictimización, que vulnera principios éticos y disposiciones legales.
El pueblo indígena Wiwa, familiares y amigos de Nohemí y Hermes, estarán mañana viernes 15 de junio, a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Tribunal Superior del Cesar en la ciudad de Valledupar, radicando la tutela.
Para cualquier información adicional, favor comunicarse con Adriana H Cuéllar R, al celular, 312 5196115
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