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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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[Colombia] Los votos y partidos de los cuestionados

Por  | 2018/01/17 

Más de 60 candidatos a Senado y Cámara de Representantes están cuestionados por temas de corrupción, relaciones con estructuras políticas envueltas en escándalos de corrupción o vínculos con organizaciones criminales. De estos candidatos, por lo menos un 70 por ciento tiene altas probabilidades de elegirse. Comenzaré un ciclo de columnas para mencionarlos y a los partidos que los avalan. El primero es Cambio Radical. Aunque recaen cuestionamientos sobre seis candidatos de este partido, hay tres de ellos que han sido los más nombrados o al menos los más polémicos.
El primero es Richard Aguilar, quien es hijo y heredero de la estructura política de su padre, el coronel Hugo Aguilar. Este último fue condenado por vínculos o relaciones con estructuras paramilitares, particularmente el Bloque Central Bolívar. El clan Aguilar maneja al menos 23 alcaldías de Santander. Recientemente Hugo se vio envuelto en un escándalo, debido a un lujoso carro, avaluado en cerca de 200 millones de pesos, que manejaba, aunque ante la justicia declaraba que no tenía plata para pagar los más de 6.000 millones de pesos que debía cancelar por la multa impuesta.
Richard aspira a heredar la curul de su hermano Mauricio Aguilar, quien se desempeña actualmente como senador y todo parece indicar que abandonaría su escaño en el Congreso para buscar la Gobernación de Santander en 2019. En 2014, Mauricio Aguilar se lanzó por el partido Opción Ciudadana y alcanzó 100.159 votos.
La siguiente cuestionada es Juliana Escalante, hija de la actual senadora por Opción Ciudadana Teresita García Romero, heredera de la estructura de Álvaro, “el Gordo García, quien fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. En 2014 Teresita logró cerca de 40.000 votos.
El siguiente cuestionado es Antonio Guerra de la Espriella. Ha sido mencionado en el escándalo de Odebrecht. Además, hace parte de la vieja y cuestionada estructura política sucreña de la familia Guerra. Es de tal magnitud el poder de esta familia que hay tres miembros de ellos en el Senado. Tres parientes en un país de casi 50 millones de habitantes. Antonio Guerra es hermano de la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra y son primos del senador, por Opción Ciudadana, Julio César Guerra Soto. En 2014, Antonio Guerra logró casi 60.000 votos. También en la lista está la senadora Daira Galvis, cuestionada por la cercanía con la empresaria del chance Enilce López o la Gata.
Se pueden concluir dos cosas. Por un lado, cerca de 250.000 votos de Cambio Radical serían resultado de estructuras políticas cuestionadas. Muchas, literalmente, manchadas con sangre. Nadie duda de que Cambio Radical sacará una gran votación, pues la lista fue armada con la idea aquella del “todo vale”, no hubo casi ningún principio ético para conformarla. La segunda conclusión es que Cambio Radical le dio un golpe de muerte al partido Opción Ciudadana, pues le quitó casi 150.000 votos, con lo que lo pone en serios aprietos para lograr el umbral. No se debe olvidar que este estaría entre los 450.000 y 480.000 votos.
La idea de Cambio Radical es doblar su actual representación en el Congreso de la República y llegar a no menos de 18 senadores, con eso garantizar una candidatura presidencial fuerte de Germán Vargas Lleras. Además el candidato cuenta con apoyos en el Partido de la U, sectores conservadores y hasta liberales. Una maquinaría que le daría al menos 4 millones de votos seguros en primera vuelta.  
Pero el listado de cuestionados abarca al Partido de la U, al Centro Democrático, a los liberales, es un mal de la política colombiana. Los partidos seguirán avalando este tipo de candidatos mientras los ciudadanos sigan votando por ellos. La ciudadanía es la gran responsable de la debacle democrática en Colombia, no hay castigo ni sanción social.
Por otro lado: Recientemente un sitio web manifestó que Richard Aguilar tenía “vuelo propio”, pero ni siquiera el propio Richard ha negado la importancia del apoyo y votos de su padre.

[Colombia) Corrupción Radical. El contubernio

por  | 2017/12/01 

Cartel de la Toga, Fiscalía, fiscal Gustavo Moreno, contratos en la era Juan Carlos Granados en la Gobernación de Boyacá y Contraloría, cargos burocráticos y mirada selectiva a la hora de armar procesos judiciales. En este proceso hay un nombre que aparece en todos lados: Cambio Radical. El resumen es el siguiente
Juan Carlos Granados llegó como representante a la Cámara en el periodo 2006-2010, por el Departamento de Boyacá, con apenas 12.870 votos, gracias al aval del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En el Congreso coincidió con otros pesos pesados de Cambio Radical: Germán Varón Cotrino, entonces representante a la Cámara por Bogotá, y los senadores en su momento: Germán Vargas Lleras y Plinio Olano, todos claves en su posterior ascenso político. Justo cuando salió del Congreso, en 2010, inició su campaña a la Gobernación de Boyacá con el apoyo de Cambio Radical. Como resultado, fue elegido gobernador para el periodo 2012-2015.
Granados estuvo entre los candidatos para ocupar la cartera del Ministerio de Transporte, aunque el actual senador Varón Cotrino sugirió su nombre para la Contraloría Distrital. En este periodo, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, también aspiraba a la Personería de la capital. Ambos impulsados por el partido Cambio Radical, bajo la campaña del actual senador Germán Varón Cotrino.
En el Concejo de Bogotá se hicieron acuerdos entre los partidos de la coalición de gobierno de Enrique Peñalosa para que la Contraloría quedara en manos de un candidato de Cambio Radical; mientras que los demás partidos se quedarían con la Personería. En efecto, la mayoría del Concejo eligió a Granados, a pesar de que no tenía experiencia en control fiscal. Pero sí tenía cerca de 10 investigaciones en la Procuraduría, por irregularidades cuando se desempeñó como gobernador de Boyacá, además de dos procesos fiscales que adelantaba la unidad anticorrupción de la Contraloría General por detrimento de 19.000 millones de pesos. También había hecho parte de las mesas directivas de la Rape y de la CAR, y esto generaba una inhabilidad toda vez que esas entidades tienen injerencia en Bogotá. Pero no importó.
De acuerdo a una solicitud de la organización de periodistas Consejo de Redacción (CdR), la Contraloría envió las relaciones de contratación que se llevaron a cabo entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Al respecto, se encontraron 400 nombramientos en diferentes cargos y fueron vinculadas 191 personas por prestación de servicios. Sobre estos últimos, la mayoría son de Bogotá (68), pero se han vinculado a 54 personas de Boyacá (como si se tratara de regresar favores políticos). Una buena parte fueron candidatos que perdieron en las elecciones de 2015 en Bogotá y Boyacá.  Lo anterior coincide con las denuncias que hace uno de los sindicatos de la Contraloría de Bogotá. De acuerdo con el informe del sindicato Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, algunos contratos, cuyo monto mensual supera los 7 millones de pesos, son de funcionarios que ni siquiera asisten a las instalaciones de la Contraloría de Bogotá.
Se presentan varios casos que generan suspicacia sobre su relación amañada en la Contraloría con el partido Cambio Radical, sus vínculos con el cartel de la toga, el fiscal anticorrupción y Odebrecht. A continuación se presenta caso por caso.
El popular senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, que se ha ufanado de defender a su partido y jefe político, Germán Vargas Lleras, de las acusaciones sobre corrupción, también ha sido beneficiado del contralor Granados. El caso puntual es sobre su exesposa Liliana Jaramillo Mutis, quien tiene una estela de contratos en la Auditoría General de la República y es contratista en la Dirección de Planeación de la Contraloría. El exauditor Felipe Córdoba le otorgó a Liliana Jaramillo Mutis contratos multimillonarios y le ayudó a gestionar el nombramiento del abogado Luis Alberto Giraldo, en la Contraloría de Bogotá. En la Auditoría General, Jaramillo tiene varios contratos multimillonarios con el objeto de “prestación de servicios profesionales”: en 2016, por más de 145 millones de pesos para ser ejecutados durante todo el año (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4665399) y en 2017 por más de 150 millones que estaban destinados a ejecutarse desde enero de 2017 durante 11 meses (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6084469).
Según información reciente, su labor como contratista de la Contraloría es supervisada por Luis Alberto Giraldo Polanía, actual subdirector de análisis, quien fue su subalterno en la Auditoría General.
Pero además, en la nómina anterior de la Contraloría se registran contratos con Ximena Liliana Bustos Velasco, hija del exmagistrado involucrado en el cartel de la toga, Leonidas Bustos, quien fue nombrada en la Contraloría de Bogotá el pasado 2 de febrero de 2015, cuando el señor Diego Ardila dirigía el organismo. El contrato era por un monto que supera los 8 millones de pesos mensuales. Aunque Granados la mantuvo hasta que estalló el escándalo del cartel de la toga, según la Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, antes de ser retirada de la entidad, Liliana Bustos suscribió un contrato de más de mil millones de pesos sobre provisión de electrodomésticos para la Contraloría. Elementos que corresponden a neveras y televisores pantalla plana, los cuales están inutilizados y arrumados en varias oficinas. Otro de los favorecidos es su hijo José Leonardo Bustos, quien según el mismo sindicato, trabajaba en la Secretaría de la Contraloría. Se desconoce cómo llegó a la entidad y no se sabe qué actividades realizaba.
Pero Bustos no solo fue favorecido con sus hijos. Al parecer, Martha Pineda, esposa del exmagistrado José Leonidas Bustos, también estaría vinculada, favorecida en los millonarios contratos que entregó el contralor de Bogotá.
No olvidemos que Leonidas Bustos tuvo mucho que ver en el archivo del proceso contra Vargas Lleras por presuntos vínculos con paramilitares en Casanare. En mayo de 2013 (apenas 10 meses después de abrirse el proceso contra Vargas Lleras), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza de Leonidas Bustos, decidió archivar en tiempo récord la investigación. La magistrada auxiliar encargada de investigar y proyectar el fallo para la firma de Leonidas Bustos fue la abogada Luz Mabel Parra. Parra fue nombrada por el fiscal Néstor Humberto Martínez en junio de 2016 como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y además estuvo casada con Gerardo Torres, también conocido como Yayo, quien hasta hace poco formaba parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino (Ver link: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/senadores/1179-varon-cotrino-german).
Pero ahí no termina todo. Gustavo Malo, el cuestionado magistrado, también sale al ruedo. Yara Milena Malo Benítez, hija de Gustavo Malo, ambos investigados por posible corrupción, tenía claros vínculos con Granados desde antes de ser contralor. La prueba está sustentada por un contrato de prestación de servicios, entre Yara Malo Benítez y el Departamento de Boyacá en 2015, cuando Granados era gobernador del departamento. En junio de 2017 Yara Malo volvió a ser contratada con la bendición de Granados, ahora como contralor. Se trata del contrato 157, firmado el 6 de junio, con un plazo de 5 meses por un valor total de 25 millones de pesos.
Pero esto no es todo, nos falta el fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno. En febrero de 2017 se suscribió un contrato con el objeto de “prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la Gestión Fiscal de la Dirección Sectorial Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá”, el cual se fijó por seis meses, entre la Contraloría de Bogotá y el señor Leonardo Beltrán Rivera, familiar cercano del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Cuatro meses después fue terminado unilateralmente por Beltrán Rivera, por razones personales, según la Contraloría. Con base en el contrato, Beltrán Rivera recibiría pagos mensuales de 6 millones de pesos, que se cumplieron solo durante 4 meses. Pero esto no es lo más extraño. La dependencia en la cual se suscribió el contrato (Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente) es la misma en la cual fue contratada Yara Malo, hija del exmagistrado investigado por el cartel de la toga, Gustavo Malo.
Fue imposible obtener comunicación con Germán Varón Cotrino.

[Colombia] Vargas Lleras, o la derecha dura

RazónPública.com.

La candidatura de Vargas Lleras ya tiene el apoyo de los grandes medios -y también el apoyo del Fiscal-. ¿Cuáles son y qué implican las propuestas del candidato que parece haber picado en punta? ¿Será que ahora va a cambiar el panorama político?

Medófilo Medina*

Un antecedente

No hay enemigos a la derecha.
Esta fue la consigna que Silvio Villegas - un dirigente conservador que encabezaba una corriente a favor del fascismo- formuló en 1936 es decir en el momento de la “Revolución en Marcha”.
Con esta frase Villegas convocaba a la unidad entre todas las corrientes adversas a las reformas que impulsaba el presidente López Pumarejo, para resistirse a ellas por todos los medios.
Esta frase famosa de la época me vino a la memoria a raíz de la disposición que ha mostrado el candidato Vargas Lleras para llegar a una coalición con el senador Álvaro Uribe de cara a las elecciones del 2018.

La “segunda venida”

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC.
Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC. 
Foto: Embajada de Colombia en Marruecos 
Hace pocos días los principales medios de comunicación desencadenaron una borrasca mediática para celebrar la segunda venida del candidato a la arena política. Ya el lunes festivo, 16 de octubre, Noticias Caracol le dedicó 27 minutos al hombre que The Economist ha anunciado como próximo presidente de Colombia.
El martes fue la apoteosis: un eufórico y complaciente Arismendi atendió al candidato durante 46  minutos y 15 segundos en el programa Hoy por Hoy de Caracol. El mismo martes, María Isabel Rueda editó en dos páginas enteras de El Tiempo su tertulia de cómplice con Germán Vargas Lleras.
Lo notable del caso no fue el afán publicitario del candidato. Lo peculiar fue la falta de objetividad informativa y la abierta intención proselitista que desplegaron los periodistas y los medios.   

Contra el Acuerdo de Paz

Vargas dijo lo mismo, aun en el detalle, en sus variadas entrevistas, un globo inflado de redundancias con un contenido central: la plataforma político-emocional contra el Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno en representación del Estado.
Vargas lanza su candidatura sobre la base de oponerse al Acuerdo, y desde aquí convoca a toda la franja antidemocrática y antihumanística del país.
Gloso aquí la entrevista de El Tiempo, porque en ella se recoge de manera más completa la posición del candidato. La mayor parte del texto se dedica al Acuerdo, y esta frase  cristaliza su visión sobre la paz: “El proceso de paz fue un buen negocio para el país. La desmovilización de una estructura como eran las FARC y la entrega de las armas han sido una gran noticia”. El negocio de la paz se cerró, como cualquier negocio, con la firma. Lo acordado no compromete al Estado y, por supuesto, no obliga a ningún ciudadano.
Vargas lanza su candidatura sobre la base de oponerse al Acuerdo, y desde aquí convoca a toda la franja antidemocrática y antihumanística del país.

Narcotráfico y mentiras

Si bien Vargas concentra su ofensiva en la Justicia Especial para la Paz (JEP), lo hace desde el tema del narcotráfico, que se está configurando como la matriz de pensamiento y de inspiración contra la paz y las reformas.
Aunque se mantienen las invenciones sobre el “castro-chavismo” y la entrega del país a las FARC, el narcotráfico será el elemento central del programa de quienes se niegan a despedirse de la guerra como dispositivo para el mantenimiento del sistema político.
De aquí que en vez de la erradicación manual de los cultivos ilícitos y los programas que buscan hacerla sostenible se reclame la reanudación integral de la fumigación y se desacredite la política de sustitución de cultivos. Vargas Lleras despacha a la ligera hechos como los de Tumaco, con sus muertos y el sufrimiento de familias humildes de cultivadores.
El débil compromiso del Gobierno con los programas que surgieron a partir del Acuerdo de La Habana brinda buenos pretextos para los ataques. Así, se habla de fracasos rotundos de unas políticas, cuando la verdad es que estas aún no se inician o solo lo hacen de manera fragmentaria. El programa de sustitución de cultivos exige una ejecución en gran escala, y en este sentido cabe decir que no ha sido aplicado.
Así mismo Vargas Lleras tergiversa y deforma el sentido y alcance de la JEP, con una serie de afirmaciones desmesuradas. Por ejemplo y con frescura sorprendente, el candidato dijo que “nadie entiende por qué 48 millones quedamos bajo la JEP” (y este en efecto fue el titular de la entrevista). Tras esta afirmación descabellada, el lector sin duda entreverá la verdadera preocupación del jefe natural de Cambio Radical: que esta justicia llegue hasta terceros responsables de crímenes atroces, como empresarios financiadores e inspiradores de acciones del paramilitarismo.
Bajo el eslogan de la lucha contra el narcotráfico, Vargas lanza toda suerte de acusaciones falsas o exageradas en contra de las FARC. Parte de una suerte de ley no escrita, según la cual, en lo tocante a la insurgencia, es posible formular cualquier cosa sin preocupación alguna por los hechos. Si este mentir deliberado no puede justificarse en ningún caso,   resulta aún más inaceptable frente a una organización que está en trance de asumir las reglas del juego democrático.
En la entrevista de El Tiempo, la entrevistadora y el entrevistado ensayan la misma cadencia. Ella pregunta por “…una retaguardia integrada por los disidentes de esa organización (las FARC)”. El responde: “…eventualmente hay un acuerdo tácito entre los que pasaron a la legalidad y los que se quedaron en la ilegalidad”. Lo anterior implica una irresponsabilidad colosal, cuando en diversas regiones se siguen registrando asesinatos de excombatientes, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.
Max Weber señalaba tres cualidades específicas de un político: mesura, sentido de la responsabilidad y pasión. En Vargas lleras, el exceso de pasión anula los otros dos términos.
En su andanada contra la JEP, Vargas engarza la exigencia de que los dirigentes de las FARC no sean habilitados para ocupar cargos de representación popular antes de pasar por ese sistema de justicia. Pero eso sí: su partido y sus amigos en el Congreso están haciendo lo posible para evitar que la JEP comience a funcionar – es decir, para que los exguerrilleros no puedan ir al Congreso. ¡Es un gesto de astucia tan poco imaginativa como perversa!

El encuadre electoral del fiscal general

Campaña presidencial de Germán Vargas Lleras.
Campaña presidencial de Germán Vargas Lleras.  
Foto: Facebook Germán Vargas Lleras
El uso del narcotráfico como argumento en contra de la paz es el cordón que alimenta el entendimiento y la colaboración entre la campaña Vargas Lleras y el Fiscal General de la Nación.  
Poco después de la feria mediática que resumí más arriba, el fiscal Martínez concedió un extenso reportaje a El Tiempo  donde ratificó y complementó lo que ya había dicho ese candidato. Puso en tela de juicio la ruptura de las FARC con este delito y añadió en tono sibilino que “el narcotráfico nos expropia la paz”.
Desde comienzos de su gestión, el fiscal manifestó con sus acciones que usaría su cargo para atravesar el palo a las ruedas del cumplimiento del Acuerdo de Paz. No había pasado una semana en el cargo cuando voló a Estados Unidos y el 6 de septiembre del 2016, tras un encuentro con su homóloga Loretta Lynch, abogó por reanudar las fumigaciones aéreas en Colombia. Acotó entonces que “las formas de erradicación manual que tenemos en el país son un fracaso estruendoso”.
¿Quién entonces podría declararse sorprendido porque el doctor Martínez esté actuando o vaya a actuar como una pieza importante en el tablero de la campaña electoral de Vargas Lleras? Y en relación con el narcotráfico, que es el tema esencial de nuestra relación con Estados Unidos, estos dos dirigentes coinciden en su obsecuencia ante la línea de Washington.

¿Y de la economía qué?

Aunque dijo Vargas Lleras que había pasado meses en estudio profundo, sus “propuestas” en materia económica carecen de consistencia. Eliminar el impuesto al patrimonio,  abolir el 4 por mil sobre las transacciones financieras y fijar el tope del impuesto a la renta en 30 por ciento no resultan ser realistas por razones distintas.
Vargas lanza toda suerte de acusaciones falsas o exageradas en contra de las FARC. 
La revista Semana encuentra que la primera propuesta es innecesaria, porque el impuesto al patrimonio ya no existe (era un gravamen transitorio a punto de vencerse) y que las otras dos son fiscalmente impracticables.
En boca de Vargas Lleras los ataques a la evasión fiscal y la crítica de las exenciones   tributarias parecen obra del humor, porque las políticas neoliberales que propone implicarían un tratamiento aún más favorable de la inversión extranjera y los sectores financieros y empresariales. Ni una palabra sobre el agro, tampoco sobre las políticas sociales.
Quizás el lector se anime al encontrarse con el último subtítulo del reportaje de María Isabel Rueda: “¡La salud!”. En verdad, no se trata de la salud pública, sino de la noticia de que el candidato ha dejado el cigarrillo como parte del control del meningioma. En esto no cabe sino desearle buena suerte al doctor Vargas Lleras.

Nueva etapa de una campaña

Este debut de Vargas Lleras pone en evidencia, en primer lugar, que la campaña presidencial 2017-2018 entró en una nueva etapa. En segundo lugar, que se afianza el modelo de un debate que tendrá que ser el de la confrontación de dos grandes coaliciones: la de los adversarios de la paz y la de los propulsores del cumplimiento de los acuerdos y de las reformas que ellos implican.
Culmino por donde empecé. En 1936, los partidos que defendían las reformas, así como el movimiento sindical y campesino, lograron, gracias a la unidad, que se aprobara la reforma constitucional de ese año y que siguiera avanzando la saga reformista de la Revolución en Marcha. Durante mucho tiempo a la derecha no le fue permitido desencadenar la violencia.
Hoy cabe preguntar con inquietud: ¿a cuál de los campos políticos configurados frente al Acuerdo de Paz podrá inspirar hoy aquella situación histórica?
* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

El palo en la rueda de la JEP

Por  | revista semana. 2017/03/22 

Todo parece indicar que la estrategia de Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical es obstaculizar la JEP
Cambio Radical ya comenzó a hacer política electoral con el proceso de paz, su propuesta de acotar la presencia de terceros a un ejercicio voluntario y no obligatorio ante la Justicia Especial Para la paz (JEP), revela las intenciones de su candidato presidencial Vargas Lleras.
Ese partido, inmerso en una crisis de credibilidad por motivos ampliamente conocidos, junto con su Fiscal, van al amparo de quienes crearon grupos paramilitares dizque para salvaguardar sus intereses amenazados por la guerrilla.
Quieren atravesarle un palo a la rueda de la JEP que garantiza a las víctimas, centro del acuerdo de paz, Justicia, Reparación, No repetición y, por sobre todo, la verdad para que los millones de supervivientes logren superar lo efectos devastadores del conflicto.

Una y otra vez es necesario recordarle a quienes pretenden ponerle obstáculos a la JEP que la responsabilidad de terceros o civiles en muchos casos financiadores y determinadores del conflicto no se puede escudar, entre otras cosas, en el pretexto de la extorsión para evitar su comparecencia, y eso es lo que pretende Cambio Radical con su propuesta. 

Los casos sobre financiadores de la guerra están ampliamente documentados y son materia de investigación por parte de la justicia. Para la muestra un botón: Chiquita Brands –la célebre empresa bananera representada en Colombia a través de su filial Banadex- y Drummond y Glencor (Prodeco) las mineras del Cesar; así como la Organización Ardila Lulle que ha sido mencionada en múltiples ocasiones por el paramilitar Salvatore Mancuso, como financiadora de grupos pertenecientes a las AUC. 

De Chiquita Brands se sabe que durante 17 años, según investigaciones que reposan en la fiscalía, le dio dinero simultáneamente a guerrilleros y paramilitares para poder operar en la zona bananera de Urabá, y entre 1997 y 2004 decidió que sólo le pagarían a las autodefensas de Carlos Castaño.
Y cómo olvidar el caso de las mineras Drummond y Glencor (Prodeco) mencionadas por postulados en Justicia y Paz –El Samario, Tolemaida etc.- de haber sido financiados por estas multinacionales para crear el grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que operó en el norte del departamento del Cesar entre los años 1996 y 2006, según investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda. 

Flaco servicio se le hace al proceso de paz tratando de favorecer uno de los sectores responsables en el conflicto, como es el caso de terceros. De no tomarse en serio lo acordado, se abre la ventana para que la Corte Penal Internacional mañana asuma su papel por la inoperancia de la Justicia Transicional.
“Algunos de los congresistas actuaron en función de sus intereses (…) Para nosotros lo que ha ocurrido con la ley de amnistía y la JEP es que se han puesto a consideración intereses distintos a los derechos humanos (…) no se puede ver a la JEP como una feria de beneficios, no”, dijo visiblemente molesto el representante del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en Colombia Todd Howland.
Viene la etapa de conciliación entre Cámara y Senado y se espera que este “mico” anti JEP no prevalezca o de lo contrario se le está aplicando, el harakiri, a la columna vertebral del acuerdo de paz: el punto cinco sobre Víctimas que incluye la Justicia Transicional.
@jairotevi

Un candidato de la época de la esclavitud

Domínico Nadal, El Cuento de la Semana.

Érase que se era un país… que es tal su atraso político-social que hay un candidato que repartee “coscorrones” a los empleados que el estado coloca para “su” protección de los enemigos invisibles que se inventa.
Además ese candidato se ha rodeado siempre de personajes que están y viven en la delincuencia. Los más sobresalientes son su alianza con los narco-paramilitares de los llanos orientales colombianos y de su “alianza” con lo más putrefacto de los departamentos de la Guajira y del Atlántico.

En la Guajira su “partido” –una confederación de corruptos y mafiosos asesinos- no tiene ningún empacho en repartir avales a reconocidos asesinos y narcotraficantes. Es el caso del tal “Kiko” Gómez quien fuera gobernador de ese departamento por el partido del esclavista Vargas-Lleras. O el caso de la tal Oneida Pinto, corrupta hasta los tuétanos, también del “Cambio Radical”, cambio radical hacia la corrupción.

En el Atlántico los “chachos” de Cambio Radical son los Char, reconocidos narcotraficantes que se han dado sus mañas para apoderarse del poder político en ese departamento y hoy son “dueños” del poder.

Así, si seguimos escudriñando en los diferentes departamentos, encontraremos que los politiqueros que conforman Cambio Radical tienen cuentas ocultas con la justicia. Debemos recordar que de los congresistas condenados por la llamada “Para-política” 15 hacen parte de Cambio Radical. Esos son los siguientes:

Senadores Cambio Radical:
Humberto Builes Correa
Rubén Darío Quintero
Reginaldo Montes
Jairo Enrique Merlano
Miguel Pinedo Vidal
Javier Cáceres Leal
Representantes Cambio Radical:
Fabio Arango Torres
José María Conde Romero
Oscar Leonidas Wilches Carreño
Edgar Eulises Torres Murillo
Jesús Enrique Doval Urango
Estanislao Ortíz Lara
Jaime Cervantes Valero
César Augusto Andrade
Manuel Darío Ávila Peralta


El señor Vargas-Lleras no ve la inmensa corrupción que se ha formado a su entorno quizás porque él en sí mismo es corrupto. Su abuelo debe estar revolcándose en su tumba al ver a su nieto inmerso en la inmensa corrupción que corroe el establishment colombiano. Mucho más ahora cuando muestra su talante fascistoide, o francmaente fascista, al repartir “coscorrones” a los pobres empleados que tienen que soportar los abusos de quien se cree “dueño” de los dineros estatales y de los trabajadores.

Cambio Radical, la historia se repite

 Fabio Velásquez (ex alcalde de Riohacha), Héctor Antonio Amado (ex alcalde de Sáchica), Oneida Pinto (ex gobernadora de Guajira) y Manuel Antonio Carebilla (ex gobernador de Amazonas) son algunos de los gobernantes de Cambio Radical en problemas con la justicia. Foto: Fotomontaje SEMANA
Revista Semana.
El partido más castigado por la parapolítica en la década pasada, ya pierde cinco mandatarios elegidos en el 2015 tras haber sido capturados. Nadie responde en el movimiento del vicepresidente.  

El 27 de octubre del 2015, Rodrigo Lara Restrepo era el orgulloso director del partido político Cambio Radical. Un día antes se habían disputado las elecciones de alcaldías y gobernaciones, y contra todo pronóstico, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras conquistó tantas que lo declararon el gran campeón de las elecciones.
"Es un triunfo sin lugar a duda extraordinario que recibimos con humildad porque el trabajo empieza a partir de mañana. Necesitamos que los alcaldes y gobernadores gobiernen acierten y cumplan con las expectativas de los ciudadanos", decía Lara en las emisoras, sacando factura por el triunfo: 14 gobernaciones y nueve alcaldías de ciudades capitales, incluyendo Bogotá y Barranquilla, ponían a Cambio Radical en posición privilegiada para el 2018, donde aspiran al poder, precisamente con el vicepresidente Vargas Lleras.
Quince meses después, tres de los elegidos por Cambio Radical han sido destituidos, suspendidos o en el peor de los casos capturados. Primero fue el gobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla; también fue destituida la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto; este viernes el alcalde de Riohacha (La Guajira), Fabio Velásquez, fue capturado por orden de la Fiscalía.
En febrero del año pasado, Benjamín Socadagui Cermeño, alcalde de Arauca (Arauca), fue detenido por delitos electorales, pero recuperó su libertad por vencimiento de términos; Héctor Antonio Amado, alcalde de Sáchica (Boyacá) renunció en el segundo mes de su mandato, para afrontar un proceso penal que hoy lo tiene tras las rejas.
Después de proclamarse vencedor en las elecciones del 2015, Cambio Radical es el partido con el mayor número de elegidos que han tenido que abandonar el cargo: cinco en total, dos gobernadores y tres alcaldes.
No es la primera vez que el partido de Vargas Lleras tiene este deshonroso registro. En las elecciones del 2006, Cambio Radical se convirtió en la cuarta fuerza política en el país al elegir 17 senadores y 21 representantes a la Cámara. En buena parte, gracias a los 230.000 votos con los que Vargas Lleras se convirtió en la mayor votación individual para el Senado de la historia, un récord que nadie ha podido superar. Dos años después renunció al Senado para aspirar a la presidencia en el 2010, y 14 de sus congresistas terminaron detenidos por vínculos con paramilitares. Fue el partido más afectado por las sentencias judiciales.
Las consecuencias de aquella “depuración judicial” se comprobaron en 2010 cuando Cambio Radical pasó de 17 a 8 senadores; en el 2014 obtuvieron 9 curules. Por eso, las elecciones de 2015 parecieron ser la resurrección del partido, y aunque en campaña se les cuestionó por los dudosos avales entregados, quince meses después de las elecciones Cambio radical ha perdido cinco de los botines alcanzados en las urnas.
Lo particular del caso es que, así como ningún directivo de Cambio Radical asumió responsabilidades en el escándalo de la parapolítica, ahora nadie las asume con la seguidilla de decisiones judiciales que han afectado a cinco de sus elegidos.
Lara, director único de Cambio Radical en las elecciones del 2015, guarda silencio, y cuando se le pide un pronunciamiento dice que ya no es el director del partido, pues hace unos meses se nombró al senador Bernabé Celis (quien no responde a los mensajes) o remite al actual secretario general del partido, Germán Córdoba, quien no pasa de tres meses en el cargo, y no estuvo en el pasado debate electoral.
También son señalados los senadores Arturo Char y Antonio Guerra de la Espriella de haber sido quienes entregaron los avales en la Costa Caribe, concretamente los de Oneida Pinto y el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez.
Tras el escándalo de la parapolítica, el partido de Vargas Lleras parecía haber hecho un acto de contrición y depurar su forma de hacer política. Pero las decisiones judiciales han hecho evidente que ese esfuerzo no dio el resultado que esperaban. Cambio Radical, una historia que se repite. 
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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Basta de Terrorismo de Estado

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