[Colombia] Los votos y partidos de los cuestionados

Por ARIEL ÁVILA | 2018/01/17 

Más de 60 candidatos a Senado y Cámara de Representantes están cuestionados por temas de corrupción, relaciones con estructuras políticas envueltas en escándalos de corrupción o vínculos con organizaciones criminales. De estos candidatos, por lo menos un 70 por ciento tiene altas probabilidades de elegirse. Comenzaré un ciclo de columnas para mencionarlos y a los partidos que los avalan. El primero es Cambio Radical. Aunque recaen cuestionamientos sobre seis candidatos de este partido, hay tres de ellos que han sido los más nombrados o al menos los más polémicos.

El primero es Richard Aguilar, quien es hijo y heredero de la estructura política de su padre, el coronel Hugo Aguilar. Este último fue condenado por vínculos o relaciones con estructuras paramilitares, particularmente el Bloque Central Bolívar. El clan Aguilar maneja al menos 23 alcaldías de Santander. Recientemente Hugo se vio envuelto en un escándalo, debido a un lujoso carro, avaluado en cerca de 200 millones de pesos, que manejaba, aunque ante la justicia declaraba que no tenía plata para pagar los más de 6.000 millones de pesos que debía cancelar por la multa impuesta.

Richard aspira a heredar la curul de su hermano Mauricio Aguilar, quien se desempeña actualmente como senador y todo parece indicar que abandonaría su escaño en el Congreso para buscar la Gobernación de Santander en 2019. En 2014, Mauricio Aguilar se lanzó por el partido Opción Ciudadana y alcanzó 100.159 votos.

La siguiente cuestionada es Juliana Escalante, hija de la actual senadora por Opción Ciudadana Teresita García Romero, heredera de la estructura de Álvaro, “el Gordo García, quien fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. En 2014 Teresita logró cerca de 40.000 votos.

El siguiente cuestionado es Antonio Guerra de la Espriella. Ha sido mencionado en el escándalo de Odebrecht. Además, hace parte de la vieja y cuestionada estructura política sucreña de la familia Guerra. Es de tal magnitud el poder de esta familia que hay tres miembros de ellos en el Senado. Tres parientes en un país de casi 50 millones de habitantes. Antonio Guerra es hermano de la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra y son primos del senador, por Opción Ciudadana, Julio César Guerra Soto. En 2014, Antonio Guerra logró casi 60.000 votos. También en la lista está la senadora Daira Galvis, cuestionada por la cercanía con la empresaria del chance Enilce López o la Gata.

Se pueden concluir dos cosas. Por un lado, cerca de 250.000 votos de Cambio Radical serían resultado de estructuras políticas cuestionadas. Muchas, literalmente, manchadas con sangre. Nadie duda de que Cambio Radical sacará una gran votación, pues la lista fue armada con la idea aquella del “todo vale”, no hubo casi ningún principio ético para conformarla. La segunda conclusión es que Cambio Radical le dio un golpe de muerte al partido Opción Ciudadana, pues le quitó casi 150.000 votos, con lo que lo pone en serios aprietos para lograr el umbral. No se debe olvidar que este estaría entre los 450.000 y 480.000 votos.

La idea de Cambio Radical es doblar su actual representación en el Congreso de la República y llegar a no menos de 18 senadores, con eso garantizar una candidatura presidencial fuerte de Germán Vargas Lleras. Además el candidato cuenta con apoyos en el Partido de la U, sectores conservadores y hasta liberales. Una maquinaría que le daría al menos 4 millones de votos seguros en primera vuelta.  

Pero el listado de cuestionados abarca al Partido de la U, al Centro Democrático, a los liberales, es un mal de la política colombiana. Los partidos seguirán avalando este tipo de candidatos mientras los ciudadanos sigan votando por ellos. La ciudadanía es la gran responsable de la debacle democrática en Colombia, no hay castigo ni sanción social.

Por otro lado: Recientemente un sitio web manifestó que Richard Aguilar tenía “vuelo propio”, pero ni siquiera el propio Richard ha negado la importancia del apoyo y votos de su padre.

[Colombia) Corrupción Radical. El contubernio

por ARIEL ÁVILA | 2017/12/01 

Cartel de la Toga, Fiscalía, fiscal Gustavo Moreno, contratos en la era Juan Carlos Granados en la Gobernación de Boyacá y Contraloría, cargos burocráticos y mirada selectiva a la hora de armar procesos judiciales. En este proceso hay un nombre que aparece en todos lados: Cambio Radical. El resumen es el siguiente

Juan Carlos Granados llegó como representante a la Cámara en el periodo 2006-2010, por el Departamento de Boyacá, con apenas 12.870 votos, gracias al aval del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En el Congreso coincidió con otros pesos pesados de Cambio Radical: Germán Varón Cotrino, entonces representante a la Cámara por Bogotá, y los senadores en su momento: Germán Vargas Lleras y Plinio Olano, todos claves en su posterior ascenso político. Justo cuando salió del Congreso, en 2010, inició su campaña a la Gobernación de Boyacá con el apoyo de Cambio Radical. Como resultado, fue elegido gobernador para el periodo 2012-2015.

Granados estuvo entre los candidatos para ocupar la cartera del Ministerio de Transporte, aunque el actual senador Varón Cotrino sugirió su nombre para la Contraloría Distrital. En este periodo, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, también aspiraba a la Personería de la capital. Ambos impulsados por el partido Cambio Radical, bajo la campaña del actual senador Germán Varón Cotrino.

En el Concejo de Bogotá se hicieron acuerdos entre los partidos de la coalición de gobierno de Enrique Peñalosa para que la Contraloría quedara en manos de un candidato de Cambio Radical; mientras que los demás partidos se quedarían con la Personería. En efecto, la mayoría del Concejo eligió a Granados, a pesar de que no tenía experiencia en control fiscal. Pero sí tenía cerca de 10 investigaciones en la Procuraduría, por irregularidades cuando se desempeñó como gobernador de Boyacá, además de dos procesos fiscales que adelantaba la unidad anticorrupción de la Contraloría General por detrimento de 19.000 millones de pesos. También había hecho parte de las mesas directivas de la Rape y de la CAR, y esto generaba una inhabilidad toda vez que esas entidades tienen injerencia en Bogotá. Pero no importó.

De acuerdo a una solicitud de la organización de periodistas Consejo de Redacción (CdR), la Contraloría envió las relaciones de contratación que se llevaron a cabo entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Al respecto, se encontraron 400 nombramientos en diferentes cargos y fueron vinculadas 191 personas por prestación de servicios. Sobre estos últimos, la mayoría son de Bogotá (68), pero se han vinculado a 54 personas de Boyacá (como si se tratara de regresar favores políticos). Una buena parte fueron candidatos que perdieron en las elecciones de 2015 en Bogotá y Boyacá.  Lo anterior coincide con las denuncias que hace uno de los sindicatos de la Contraloría de Bogotá. De acuerdo con el informe del sindicato Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, algunos contratos, cuyo monto mensual supera los 7 millones de pesos, son de funcionarios que ni siquiera asisten a las instalaciones de la Contraloría de Bogotá.

Se presentan varios casos que generan suspicacia sobre su relación amañada en la Contraloría con el partido Cambio Radical, sus vínculos con el cartel de la toga, el fiscal anticorrupción y Odebrecht. A continuación se presenta caso por caso.

El popular senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, que se ha ufanado de defender a su partido y jefe político, Germán Vargas Lleras, de las acusaciones sobre corrupción, también ha sido beneficiado del contralor Granados. El caso puntual es sobre su exesposa Liliana Jaramillo Mutis, quien tiene una estela de contratos en la Auditoría General de la República y es contratista en la Dirección de Planeación de la Contraloría. El exauditor Felipe Córdoba le otorgó a Liliana Jaramillo Mutis contratos multimillonarios y le ayudó a gestionar el nombramiento del abogado Luis Alberto Giraldo, en la Contraloría de Bogotá. En la Auditoría General, Jaramillo tiene varios contratos multimillonarios con el objeto de “prestación de servicios profesionales”: en 2016, por más de 145 millones de pesos para ser ejecutados durante todo el año (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4665399) y en 2017 por más de 150 millones que estaban destinados a ejecutarse desde enero de 2017 durante 11 meses (ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6084469).

Según información reciente, su labor como contratista de la Contraloría es supervisada por Luis Alberto Giraldo Polanía, actual subdirector de análisis, quien fue su subalterno en la Auditoría General.

Pero además, en la nómina anterior de la Contraloría se registran contratos con Ximena Liliana Bustos Velasco, hija del exmagistrado involucrado en el cartel de la toga, Leonidas Bustos, quien fue nombrada en la Contraloría de Bogotá el pasado 2 de febrero de 2015, cuando el señor Diego Ardila dirigía el organismo. El contrato era por un monto que supera los 8 millones de pesos mensuales. Aunque Granados la mantuvo hasta que estalló el escándalo del cartel de la toga, según la Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, antes de ser retirada de la entidad, Liliana Bustos suscribió un contrato de más de mil millones de pesos sobre provisión de electrodomésticos para la Contraloría. Elementos que corresponden a neveras y televisores pantalla plana, los cuales están inutilizados y arrumados en varias oficinas. Otro de los favorecidos es su hijo José Leonardo Bustos, quien según el mismo sindicato, trabajaba en la Secretaría de la Contraloría. Se desconoce cómo llegó a la entidad y no se sabe qué actividades realizaba.

Pero Bustos no solo fue favorecido con sus hijos. Al parecer, Martha Pineda, esposa del exmagistrado José Leonidas Bustos, también estaría vinculada, favorecida en los millonarios contratos que entregó el contralor de Bogotá.

No olvidemos que Leonidas Bustos tuvo mucho que ver en el archivo del proceso contra Vargas Lleras por presuntos vínculos con paramilitares en Casanare. En mayo de 2013 (apenas 10 meses después de abrirse el proceso contra Vargas Lleras), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza de Leonidas Bustos, decidió archivar en tiempo récord la investigación. La magistrada auxiliar encargada de investigar y proyectar el fallo para la firma de Leonidas Bustos fue la abogada Luz Mabel Parra. Parra fue nombrada por el fiscal Néstor Humberto Martínez en junio de 2016 como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y además estuvo casada con Gerardo Torres, también conocido como Yayo, quien hasta hace poco formaba parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino (Ver link: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/senadores/1179-varon-cotrino-german).

Pero ahí no termina todo. Gustavo Malo, el cuestionado magistrado, también sale al ruedo. Yara Milena Malo Benítez, hija de Gustavo Malo, ambos investigados por posible corrupción, tenía claros vínculos con Granados desde antes de ser contralor. La prueba está sustentada por un contrato de prestación de servicios, entre Yara Malo Benítez y el Departamento de Boyacá en 2015, cuando Granados era gobernador del departamento. En junio de 2017 Yara Malo volvió a ser contratada con la bendición de Granados, ahora como contralor. Se trata del contrato 157, firmado el 6 de junio, con un plazo de 5 meses por un valor total de 25 millones de pesos.

Pero esto no es todo, nos falta el fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno. En febrero de 2017 se suscribió un contrato con el objeto de “prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la Gestión Fiscal de la Dirección Sectorial Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá”, el cual se fijó por seis meses, entre la Contraloría de Bogotá y el señor Leonardo Beltrán Rivera, familiar cercano del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Cuatro meses después fue terminado unilateralmente por Beltrán Rivera, por razones personales, según la Contraloría. Con base en el contrato, Beltrán Rivera recibiría pagos mensuales de 6 millones de pesos, que se cumplieron solo durante 4 meses. Pero esto no es lo más extraño. La dependencia en la cual se suscribió el contrato (Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente) es la misma en la cual fue contratada Yara Malo, hija del exmagistrado investigado por el cartel de la toga, Gustavo Malo.

Fue imposible obtener comunicación con Germán Varón Cotrino.

[Colombia] Un balance: un año de la implementación

Por ARIEL ÁVILA | 2017/11/23 

La Fundación Paz y Reconciliación ha construido, después de un año en terreno con decenas de personas recogiendo información, un balance sobre el posconflicto y el estado del país a un año de la firma de los acuerdos.

La Fundación Paz y Reconciliación ha construido, después de un año en terreno con decenas de personas recogiendo información, un balance sobre el posconflicto y el estado del país a un año de la firma de los acuerdos. Se analizan 17 ítems, a nivel territorial se hizo el estudio en los 281 municipios del posconflicto, y se realizaron análisis con datos oficiales sobre todos los indicadores de violencia. Algunas cosas que van bien, otras que recién arrancan y otras tantas en estado crítico, ese es el balance. En total 250 páginas de información, con cerca de una veintena de conclusiones generales. Pero destacó tres de ellas.

Tal vez la principal conclusión es que la guerra, entendida como conflicto armado, terminó, es decir, el conflicto armado se acabó, con ello casi todos los indicadores de violencia están descendiendo de forma impresionante. Solamente, en 2017 la violencia homicida ha comenzado a aumentar en los municipios priorizados del posconflicto. Los datos son los siguientes: A. Hubo en 2012 un total de 15.957 homicidios y 12.262 en 2017. En los 281 municipios se pasó de 4.114 a 3.157 homicidios entre los mismos años. B. De 232.000 desplazados en 2012 se pasó a 30.000 en 2017, es decir, 200.000 desplazamientos menos. C. En temas de secuestro se pasó de 3.278 secuestrados en 1998, o 3.306 en el año 2002 a 205 en 2016. D. De poco más de 1.200 afectados por minas antipersonal en 2006 se pasó a 15 en lo que va de 2017.

Como se dijo, en temas de violencia homicida, 2017 comienza a mostrar repuntes con respecto al año 2016. Tal vez esta es la segunda conclusión. De los 281 municipios, un total de 123 muestran incrementos. Hay casos dramáticos y no es únicamente Tumaco. Policarpa, Nariño, pasó de 10 homicidios en zona rural en los primeros 10 meses de 2016 a 25 homicidios en el mismo periodo en 2017. Los 123 municipios con aumento de la violencia homicida se pueden dividir en dos grupos. Uno, de cerca de 76 municipios, que han visto incrementar la violencia homicida producto de la expansión que han realizado organizaciones criminales en las antiguas zonas donde operaban las Farc.

Otros 47 municipios estarían padeciendo lo que el informe denomina, anarquía criminal. Es decir, las Farc durante los años que operaron en sus zonas, crearon una estructura de regulación social, en la cual dirimían disputas entre vecinos, solucionaban problemas de linderos y hasta temas de deudas. Hoy las Farc ya no están y las comunidades se están tomando la justicia por sus manos. Por ejemplo, en Puerto Alvira, departamento del Guaviare, se pasó de cero homicidios en 2016 a cuatro en 2017 y todo por temas de deudas y disputas alrededor del consumo de licor.

La tercera conclusión es el pobre balance de la implementación jurídica de los acuerdos de paz. Se calculó que producto de estos el Congreso debía probar un total de 67 iniciativas legislativas. Al final el gobierno solo presentó 24, de ellas han sido aprobadas 10 y es probable que terminen siendo aprobadas 2 más, para un total de 12. Un balance insuficiente para lograr la implementación territorial de los acuerdos.

El acuerdo de paz tenía tres grandes objetivos. El del Gobierno era que las Farc desaparecieran como grupo armado ilegal, y eso se logró, si bien hay disidencias, lo cual es normal en todo proceso de paz, estos ya son grupos dedicados a la economía ilegal y no tienen relación con la dirigencia del nuevo partido.

El objetivo de las Farc era participar en política, lo cual hasta el momento se va logrando, aunque hay que esperar la estatutaria de la JEP. Pero el objetivo central era acabar con las causas estructurales del conflicto armado, con esas condiciones que han hecho que Colombia, desde su vida republicana, cada tantos años, repita una ola de violencia nueva. Para acabar con estas condiciones estructurales se necesitaba una mejor tarea del Congreso, como los temas de tierras y reforma política y todo eso quedó en nada.

[Colombia] El odio a la democracia y los autoritarios camuflados

por ARIEL ÁVILA | 2017/11/01 

Ha sido increíble leer cómo algunos supuestos demócratas, defensores del voto como mecanismo para escoger a quienes nos gobiernan, son en realidad unos autoritarios camuflados, que utilizan discursos populistas y trasnochados para justificar sus posturas.

El próximo 19 de noviembre se realizará la consulta liberal para escoger, entre tres precandidatos, quién representará al partido en las elecciones del próximo año, también se espera que en marzo al menos dos sectores realicen consultas para escoger candidatos: el sector de los Verdes y la coalición del uribismo con una disidencia del Partido Conservador. La consulta liberal se hace en una fecha no electoral y por ende el costo de la misma es sustancialmente más caro que aquella que se hace en calendario electoral ordinario. Se cree que podría valer alrededor de 85.000 millones de pesos.

Una vez se conocieron las cifras fue común ver en redes sociales o escuchar a analistas demócratas manifestar que eso valía mucho, que esa plata podría ir a la salud, educación, acueductos, o también para sobrellevar el hambre de los niños de La Guajira. El argumento moralmente es muy fuerte, preferible utilizar la plata en comida para niños  que en papeletas y cajas de cartón.

Sin embargo, al profundizar en el debate la situación se vuelve complicada. Al menos surgen tres argumentos. Por un lado, uno de los mayores desafíos en nuestras democracias es lograr la democratización de los partidos políticos. A comienzos del siglo XX, Michels, uno de los mayores estudiosos sobre partidos políticos, formuló la famosa teoría de la “ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos”.  Quedó  marcada en un libro que es de lectura obligatoria para cualquier sociólogo o politólogo. Según esta ley, cuando una agrupación política se crea tiende a estar muy cerca de sus bases sociales, pero a medida que va pasando el tiempo y el partido se estructura, se produce un alejamiento de las bases. A este proceso se le denominó oligarquización, donde un grupo pequeño de personas tiende a manejar el partido y donde la democracia dentro de la estructura política no funciona.

Las principales figuras en nuestras democracias son los partidos, pero son antidemocráticos por dentro. Por ello uno de los principales retos es lograr democratizar los partidos por dentro, es decir, evitar el famoso dedazo, donde el jefe del partido es el que escoge. Pues bien, una de las herramientas principales, aunque no es la única, ni la más importante, es la consulta. Eso mejora la salud de la democracia. Imagínense que desde ahora en adelante se prohíban las consultas a todos los partidos con la disculpa de que no hay plata.

El segundo argumento es que la democracia funciona bajo esas reglas. Ese es el costo. En regímenes autoritarios o dictatoriales los costos son otros, pero en las democracias hay que gastar plata en los mecanismos de participación. Tal vez la consulta de partidos no mejore la democracia en lo práctico, pero si no existen sí empeoraría el escenario democrático. Es mejor tenerlas que no tenerlas. Así las cosas, si se es demócrata se debe aceptar el mecanismo, y no disfrazar el odio a la democracia con discursos poco elaborados y populistas.

El tercer argumento es que las consultas deben ser abiertas y promocionarse para que participen ciudadanos de opinión y no solo maquinarias. Gracias a ese discurso de los populistas se pasó de una consulta de 85.000 millones de pesos que garantizaba 11.000 puestos de votación y 30.000 mesas, ahora el recorte presupuestario significa pasar a una consulta con 4.381 puestos y 10.000 mesas. Es decir, mucha gente, sobre todo la población rural no podrá votar. Una democracia solo para algunos.

Si queremos construir escuelas, hospitales, darle de comer a los niños, invito a que la población sea más seria a la hora de votar y que no voten por bandidos, a mis amigos de opinión y de los medios les digo que vigilen mejor a los políticos en lugar de rendirles pleitesía, con ello obligaremos a los políticos a rendir cuentas, pero no la emprendan contra la democracia. O si lo van a hacer, acepten que son autoritarios.

Colombia Los bandidos y la impunidad, bandidos defendiendo bandidos

por ARIEL ÁVILA | 2017/10/04 

Parece absurdo que el país hubiera caído en la trampa, pero lo que está pasando en el Congreso de la República con la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, parece un chiste contado en dos tiempos.

Parece absurdo que el país hubiera caído en la trampa, pero lo que está pasando en el Congreso de la República con la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, parece un chiste contado en dos tiempos. La explicación es la siguiente:

1. Públicamente Cambio Radical y el Centro Democrático dicen no apoyar la JEP debido a que promueve la impunidad, sin embargo, en el Congreso de la República lo que hacen es proteger bandidos y responsables de crímenes internacionales y hacen todo tipo de maniobras para excluir los famosos “terceros” de la JEP. Los terceros son personas civiles que cometieron crímenes y tienen responsabilidades que explicar ante la Justicia. Dicen que el modelo trae impunidad -lo cual es falso-, y por debajo de la mesa, lo que hacen es promover esa impunidad que aseguran combatir.

2. La otra parte del chiste está en que se acusa a la JEP de traer impunidad, pero lo cierto es que este modelo trae tanta justicia, que prefieren que todo se haga por la justicia ordinaria donde sí hay mucha impunidad.

Las columnas del exministro Henao y del candidato Duque, el primero de Cambio Radical y el segundo del Centro Democrático, dejan ver estas dos posturas. El tema de fondo, como le he expresado en dos columnas anteriores, es que casi la totalidad de las 7 millones de hectáreas despojadas a campesinos quedaron en manos de políticos o empresarios, personas que hoy están en la legalidad y en cargos o puestos de poder político, a todos ellos se les llama terceros. El exmagistrado Pretelt, el Fondo Ganadero de Córdoba o el reciente escándalo de Mauricio Lizcano dejan ver esto. La tierra quedó en manos de gente que sabe que si hay proceso de paz le tocará decir la verdad y devolver lo que se robó.

Adicionalmente, la tierra despojada no terminó en manos de terceros por casualidades o carambolas de la vida. Todo parece indicar que hubo zonas donde, más que consecuencias no esperadas, fue una estrategia sistemática de despojo. A muchos campesinos se les acusaba de ser auxiliadores de grupos armados ilegales y con esto, luego llegaban a masacrarlos y desplazarlos. Frases como “me vende o le compro a la viuda”, “firme aquí… no le queda de otra” se hicieron comunes en todo el país. Alias Cadena o Rodrigo Mercado, también llamado Matarife, comandó el frente Montes de María de las AUC.

Él hizo desfilar decenas de campesinos por las notarías de los Montes de María para entregar sus tierras a testaferros, en otros casos terratenientes corrieron la cerca, y luego en la notaría, de manera fraudulenta, legalizaban la corrida de la cerca. O en otros casos obligaban a los campesinos a abandonar la tierra y meses después aparecían nuevos ocupantes. La historia de la finca La Alemania o La Europa deja ver estas estrategias.

 La tierra en disputa, Desplazamiento forzado y legalización del despojo en San Onofre del Centro de Memoria Histórica y el libro de la paraeconomía de Mauricio Romero dejan ver esta realidad. Todos estos libros fueron productos de investigaciones de años y dejan ver que gente, que hoy está en la legalidad, utilizó la violencia para concentrar tierra y adquirir riquezas.

Esa gente que se benefició de la guerra fue la que financió el No, es la misma que fondea las campañas de los que se oponen a la paz y es la misma que financia las campañas falsas sobre el riesgo de que Colombia se vuelva Venezuela, o sobre que Santos le entregó el país a las Farc. Lo más triste de todo es que los colombianos, como no leen, se tragan el cuento de que estos dos partidos quieren tumbar la JEP para evitar la impunidad, cuando en realidad la incentivan.

Mensaje directo: Cambio Radical dice que lo que hace es para defender empresarios y políticos, pero los que se quedaron con la tierra despojada y financiaron grupos armados ilegales, ya sean de derecha o izquierda, no son empresarios, son bandidos. Además le digo una cosa a Jorge Enrique Vélez: el calificativo que debe recibir alguien que hace una defensa como esta a bandidos, es de bandido; es decir, bandidos defendiendo bandidos.

[Colombia] Marta Lucía Ramírez y la JEP

por ARIEL ÁVILA revista semana | 2017/07/06 

Ven la razón por la que Marta Lucía se opone a la justicia transicional. Un ministro o ministra de Defensa no solo es responsable por lo que hace, sino también, por lo que deja de hacer. Bueno y claro, también la Operación Orión fue dirigida por Marta Lucía… Toda una honorable política.

La oposición de la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez a la justicia transicional, denominada Jurisdicción especial para la paz, o JEP, no tiene nada que ver con un asunto ético o de principio político, tampoco con nada de lo que ella denomina castrochavismo. Por el contrario, lo que hay detrás es el miedo a la justicia. Al igual que el expresidente Uribe y gran parte del uribismo, Marta Lucía Ramírez sabe que de consolidarse el proceso de paz, habrá mucha justicia. Por ejemplo, en la dictadura de Pinochet se asesinaron 3.200 civiles. En los 8 años de gobierno Uribe, la Fiscalía investiga cerca de 4.000 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Es decir, en 8 años de democracia se asesinaron más civiles por parte de agentes estatales que en 17 años de dictadura en Chile. Así que la oposición a la justicia transicional es miedo a la verdad y la justicia.

Marta Lucía Ramírez fue designada ministra de Defensa el 7 de agosto de 2002 y estuvo en el cargo hasta el 10 de noviembre de 2003. Durante su gestión hubo varios hechos, que en una justicia transicional, deberán ser juzgados y el país deberá conocer la verdad. Recordemos tres de ellos.

En primer lugar, las atrocidades y masacres que cometieron grupos paramilitares mientras había un supuesto cese al fuego unilateral y mientras se desarrollaban las conversaciones para lograr la desmovilización paramilitar. En el mes de noviembre de 2002, apenas dos meses después de la posesión de Álvaro Uribe como presidente, las AUC anunciaron un cese del fuego unilateral, que era la única condición que el Gobierno les ponía para sentarse a negociar. Y desde 2003 y hasta 2006 transcurrieron las desmovilizaciones paramilitares. Léase bien, las desmovilizaciones de paramilitares duraron 3 años y no 6 meses, como la de las Farc.

Desde ese momento las AUC violaron el cese unilateral, en lo que duró el mismo, se calculan poco más de 2.500 asesinatos, casi todos en la impunidad. Además, se cometieron decenas de masacres por parte de estos grupos paramilitares. Cerca de un centenar de masacres. Y como era de esperarse, Marta Lucía Ramírez nunca dijo nada. No dijo ni siquiera el 1 por ciento de lo que ha dicho del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, aun sabiendo que el proceso de desmovilización paramilitar fue terriblemente nefasto. No dijo nada de los homicidios selectivos, no dijo nada de las masacres, no dijo nada de nada.

Segundo ejemplo. En 2003, en pleno cese unilateral al fuego y en plena seguridad democrática, los paramilitares hicieron alianzas con políticos para las elecciones locales por todo el país: hicieron renunciar candidatos que no comulgaban con el paramilitarismo, asesinaron otros, hicieron proselitismo armado y la entonces ministra de Defensa que hoy habla y habla de democracia no dijo nada. En el departamento de Sucre los entonces alcaldes de San Onofre, Toluviejo, Palmito y otros fueron condenados por alianzas con paramilitares. En Casanare, 6 de los alcaldes elegidos en 2003 fueron condenados por vínculos con paramilitares. Trino Luna en Magdalena fue elegido gobernador con el apoyo paramilitar, en el Cesar fue elegido Hernandito Molina, el mismo al que muchos cantautores vallenatos le dedican canciones. ¿Y saben qué? a pesar de todo esto, Marta Lucía Ramírez no dijo nada. Los militares eran los encargados de custodiar las urnas y puestos de votación en esas regiones, no denunciaron nada, su jefa directa era Marta Lucía ¿cómplice o ingenua?

Tercero. Apenas se posesionó Uribe y en colaboración con la ministra de Defensa, se declaró el estado de conmoción interior mediante el decreto 1837 del 11 de agosto de 2002. Luego, el 10 de septiembre de 2002, el Gobierno expidió el famoso decreto 2002 en el cual se consagraron las "Zonas de Rehabilitación y Consolidación". Aunque serían reglamentadas en el decreto 2929 del 3 de diciembre de 2002. Esto dio vía libre a todo tipo de desmanes en estas zonas. Por ejemplo, al mejor estilo de las dictaduras, en Arauca estadios completos fueron llenados de civiles capturados bajo la acusación de ser guerrilleros, meses después casi todos quedarían libres. En Algeciras, Huila, ocurrió lo mismo, casi la mitad de la población de la cabecera urbana fue capturada. Estos decretos permitían todo tipo de desmanes: capturas injustificadas, allanamientos, interceptaciones, entre otras.

Ven la razón por la que Marta Lucía se opone a la justicia transicional. Un ministro o ministra de Defensa no solo es responsable por lo que hace, sino también, por lo que deja de hacer. Bueno y claro, también la Operación Orión fue dirigida por Marta Lucía… Toda una honorable política.