[Colombia] Lo que no se ha dicho del banco Agrario

por MARÍA JIMENA DUZÁN revista agraria | 2017/06/10 

Los dineros del Banco Agrario, el único público para el fomento del agro, terminaron en las arcas de un banco privado de propiedad del hombre más rico de Colombia.

El comunicado de prensa en el que la Contraloría General determina que sí hubo detrimento al patrimonio del Estado por parte del Banco Agrario, cuando de manera irregular aprobó y desembolsó un préstamo al consorcio Navelena, del que Odebrecht es la voz cantante, trae una perla que ha pasado inadvertida por casi todos los medios: una parte de los 120.000 millones de ese cuestionado
préstamo, cuya devolución está más que embolatada, específicamente 50.000 millones, fueron utilizados para pagar una deuda que Navelena tenía con el Banco de Occidente, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, “con el único propósito –dice la Contraloría– de que ese banco redujera su exposición de riesgo crediticio con el grupo empresarial Odebrecht”.

En otras palabras, los dineros del Banco Agrario, el único banco público de primer piso en el país, que debían ser destinados para el fomento del agro en beneficio de los campesinos terminaron en las arcas de un banco privado de propiedad del hombre más rico de Colombia.

De esa forma, el principal accionista del Grupo Aval redujo la exposición de su banco, en detrimento de una entidad financiera que es de todos los colombianos y, de paso, convirtió una exposición privada en un riesgo público.

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Además, la Contraloría sostiene en ese mismo informe que ese préstamo nunca debió ser aprobado porque era evidente que el cliente, es decir, Navelena-Odebrecht, no podía ser sujeto de crédito, ya que ni sus indicativos financieros ni reputacionales eran aptos. En el momento en que se tramitó el crédito, julio de 2015, las máximas cabezas de Odebrecht, controlante del consorcio Navelena, estaban en la cárcel en Brasil y sus empresas en Colombia ya sufrían causal de disolución –es decir, estaban quebradas–, como lo ratificó ese mismo año en diciembre, la Superintendencia de Sociedades.

Sin embargo, de acuerdo con la Contraloría, el Banco Agrario “desestimó los riesgos a que se exponía al ejecutar la operación crediticia con Navelena, ignoró el escándalo en Odebrecht en Brasil, consideró una expectativa incierta de flujo de caja y no avizoró las dificultades de pago que podrían darse”.

Lo cierto es que la junta del banco, que por ley presiden el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no solo omitió la normatividad propia y la de la Superintendencia Financiera en materia de riesgo de crédito y garantías, sino que le otorgó una tasa preferencial que Odebrecht, a todas luces, no se merecía. Como corolario de esta cadena de irregularidades, permitió que 50.000 millones de un crédito que según la Contraloría fue aprobado para inversión se destinaran para cancelar un préstamo de Navelena con el Banco de Occidente. (Aunque los ministros no estaban ese día en la junta y fueron sus delegados quienes firmaron el acta, eso no los releva de sus responsabilidades administrativas).

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No sobra recordar que el Banco de Occidente, de propiedad de la organización Luis Carlos Sarmiento, es socio a través de Episol-Corficolombiana de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, contrato que está bajo la lupa de la Fiscalía por cuenta de las coimas que hubo de por medio, investigación a la que también está vinculado el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo.

Según revelaciones hechas por el senador Jorge Enrique Robledo y José Roberto Acosta, Corficolombiana también fue la banca de inversión que estructuró el proyecto de Navelena, en el que, además, prestó sus servicios legales una de las tantas oficinas del actual fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y su hijo. En un derecho de petición que hizo el senador Robledo al Banco Agrario, este le entregó un NDA –un acuerdo de confidencialidad entre las partes contratantes–, en el que Corficolombiana cita dentro de sus asesores para la estructuración del proyecto Navelena a la oficina Martínez Neira Abogados, como asesor legal institucional. (Ver acuerdo de confidencialidad).

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Ese documento, que no ha sido desvirtuado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, otrora asesor del Grupo Aval, lo debería dejar incurso en otra clara causal de impedimento, adicional a la que ya le aceptó esta semana la Corte Suprema de Justicia, en torno al escándalo Odebrecht.

Al Banco Agrario no se le puede labrar el mismo destino que se le impuso a la Caja Agraria, que de ser un banco para los campesinos se convirtió en la caja menor de los políticos de turno y de los poderosos de siempre. Si así es como este gobierno busca reactivar el campo y pagar la deuda social a los campesinos, lo más probable es que el posconflicto se nos quede en puras palabras.