Los carteles que desangran al país y cuyo comportamiento criminal nos tiene en el subdesarrollo no son los del narcotráfico. Son los carteles de compañías nacionales y multinacionales que conspiran para no competir por clientes, sino que se alían para “hacerse pasito”. Actúan como si fueran monopolios, y se aprovechan del consumidor subiendo los precios más allá del debido retorno a su inversión. Para que el estado los pueda combatir efectivamente, hay que modificar las sanciones contra la conducta anticompetitiva, porque a las actuales les falta fuerza.
Cuando hay muchas empresas que ofrecen un producto, a los consumidores les va bien. La razón es que si una empresa trata de cobrarme un precio muy superior al costo del producto, prefiero irme donde la competencia, que para ganar el negocio va a estar dispuesta a cobrarme menos, siempre y cuando recupere sus costos y obtenga una ganancia razonable. Quien se queda con la clientela es el más eficiente y el que no cobra ni un peso por encima de lo que necesita para pagar la nómina, el arriendo, y los retornos que le piden sus inversionistas. La competencia promueve la producción eficiente y precios bajos para el consumidor.
Pero los mercados sólo funcionan así cuando hay muchas empresas compitiendo. Cuando sólo unas pocas empresas ofrecen un producto —sea cerveza, servicios financieros, cuadernos o pañales— les queda fácil hablar con la competencia, y llegar a acuerdos convenientes para los empresarios pero perjudiciales para los consumidores. En vez de competir por los clientes, se los reparten. Pueden repartírselos por regiones o por productos, pero en últimas se trata de un acuerdo para no bajar los precios.
Las conductas anticompetitivas de este tipo son ilegales, y la Superintendencia de Industria y Comercio lleva ya varios años atacándolas. No obstante, la economía colombiana sigue cartelizada. Basta comparar los precios de muchos bienes y servicios de consumo diario en Colombia con los de otros países para darse cuenta de que acá son más altos y hay un problema sistemático, causado, entre otras, por la cartelización.
Para que la SIC pueda imponer sanciones a los carteles que de verdad duelan, hay que mejorar las reglas. Actualmente, la sanción por cartelizarse es de 100.000 salarios mínimos o de 150% de los beneficios obtenidos por la cartelización. Esta última cifra, aunque parezca que debería dar miedo, en realidad no asusta. De hecho, la SIC nunca la aplica por una sencilla razón: calcular los beneficios de la cartelización con exactitud es difícil. Y siempre habrá abogados y economistas expertos que le encuentren el quiebre al mejor de los cálculos. Siendo así, cualquier cálculo que se haga va a ser litigado de aquí al juicio final. Una solución a este problema es adoptar el estándar de la Unión Europea: que las sanciones se establezcan como porcentajes de las ventas (no los beneficios) de la empresa infractora. Las ventas son mucho más fáciles de calcular que los beneficios, y el regulador no pierde sus recursos escasos en leguleyadas. La SIC cuenta con un personal capaz de luchar contra la cartelización del país, pero si no le damos las armas que necesita, todo va a seguir igual.
* Luis Carlos Reyes, Ph.D., Profesor del Departamento de Economía, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh
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