Allende La Paz, Cambio Total.
Empieza a tratarse el tema de las víctmas en el
conflicto interno colombiano. Apenas empieza y ya los victimarios están
haciendo “sonar los sables”, sabedores que "el que pega adelante pega dos veces".
Mas esta vez se equivocaron. Por mucha pataleta que hagan los victimarios del
Terrorismo de Estado tendrán que “poner la cara” y aceptar su alta cuota de
responsabilidad.
Responsabilidad que según las cifras del Informe Basta
Ya! reconoce –apenas- 220.000 víctimas, cuando ya cifras de otros funcionarios
estatales hablan de 966.000 víctimas
mortales y 5,7 millones de desplazados forzosos internos. Si extrapolamos
la responsabilidad estatal –por acción y/u omisión- tendremos que el 83% en
masacres, el 83,2 en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” y el
97,7% de desapariciones forzosas son acciones cometidas por funcionarios
estatales –especialmente militares, policías, narco-paramilitares y “civiles”
ganaderos-terratenientes-, tocará entonces cuantificar cuantos de esos 966.000
víctimas mortales fueron producto de las modalidades delictivas de las
masacres, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Modalidades delictivas cometidas por agentes del estado en aplicación del
Terrorismo de Estado, política adelantada por el Estado.
Produce satisfacción que las FARC-EP haya –de cara al
país- definido con el gobierno de JM Santos una hoja de ruta para este
escabroso tema. Sabemos que una cosa es la consuetudinaria aplicación del
Terrorismo de Estado (DSN)que ha inundado de sangre el suelo patrio, y otra el
escaso porcentaje de las FARC en cuanto a responsabilidad. No es igual la gran responsabilidad estatal con el poco porcentaje de responsabilidad de las FARC-EP.
Quizás lo que más ha molestado a la oligarquía
tradicional-terrateniente-ganadera ha sido el haber tenido que “cotizar” dos
veces el impuesto de guerra. Uno al estado colombiano y otro a las FARC. La
lógica es simple y contundente. Si paga al estado tiene que pagarle también a
la guerrilla, naciente estado. Y la renuencia a hacerlo les ganaba unas “vacaciones”
en los campamentos de la guerrilla, en donde -hay que decirlo tambien- recibían
tratamiento de “hotel cinco estrellas”, con buena comida y whiskey incluído.
Otra cosa era lo que pagaban los militares y policías en poder de las FARC como
prisioneros de guerra.
En este tema ya veremos cómo la verdad nos va a
mostrar que la gran mayoría de “retenciones” –secuestro le llama el estado- era
producto de la “industria del secuestro”, en el cual participaban –y participan-
no pocos miembros de las fuerzas militares y policiales, los cuales, aliados
con bandas criminales, secuestraban –ahí sí- al objeto de su estudio criminal para
obligarlo a una “distribución de riqueza”, aunque ellos percibían sus salarios
de militares y policías, muy por encima del salario mínimo que perciben los
trabajadores colombianos.
Así las cosas, serán muchos los militares y policías
que tendrán que reconocer sus crímenes y quedarán ante los ojos de la sociedad
como lo que son, criminales que aprovechando el conflicto interno adelantaban
una “guerra sucia” contra su propio pueblo. Ello no implica que el Estado como
tal no tenga que plantear su enorme responsabilidad y asumirla ante la
comunidad nacional e internacional. Una vez reconocida esa culpabilidad la sociedad entera impartirá el perdón y exigirá el no volver a repetir esos crímenes.
En este momento será necesario retomar o tocar el
papel que ha jugado la Doctrina de Seguridad Nacional al interior de las
fuerzas militares-policiales colombianas, y su contubernio impúdico con los
narco-paramilitares para adelantar el Terrorismo de Estado con el derramamiento
de sangre con sevicia inaudita. De allí nacerá irremediablemente la necesidad
imperiosa de reemplazar esa Doctrina por una Doctrina Bolivariana, para que el
conjunto de la nación entera llegue a sentirse algún día orgullosa de sus
fuerzas militares y no avergonzada por el triste espectáculo de asesinar para
seguir escondiendo sus crímenes, su corrupción generalizada, su alianza
impudica con el narcotráfico, etc, etc. Lógicamente que si queremos limpiar de
una vez por todas ese inmenso estercolero se hará necesario investigar los
capitales que han amasado algunos altos oficiales de las fuerzas
militares-policiales, lo cual es imposible con el salario que gana un mayor o un
general.
Estamos claros que lo que queremos los colombianos es
superar las causas que dieron origen al conflicto interno y una vez de allí
empezar la construcción de la Paz en Paz para poder vivir la vida en Paz. Ello
requerirá denodados esfuerzos y sacrificios. Mas el reto no nos arredra.
Estamos dispuestos a lo que sea para conseguir la Paz. Incluso a aplastar la
resistencia de los “enemigos de la Paz”.
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