“…considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región, pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos”. Así el Mayor Orozco alertó sobre la inminente masacre al General Uscátegui, y él le ordenó cambiar el texto del oficio y, en todo caso, no dio ningún aviso a otras autoridades civiles o militares, ni realizó ninguna acción para prevenir los hechos. Esta grave omisión, además del reconocimiento de la CSJ de su jurisdicción militar, hace recaer en cabeza del general la responsabilidad penal por la ocurrencia de la masacre. Esto es lo que el derecho penal denomina Comisión por Omisión.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”,
Cajar, frente a la decisión del 10 de junio de 2014 de la Corte Suprema
de Justicia, CSJ, en que se confirma la sentencia a 37 años de prisión
del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, manifiesta:
El máximo órgano de la justicia penal en Colombia reconoce que efectivamente se produjo una masacre contra la población civil de Mapiripán en la que actuaron, en unidad de designio, importantes miembros de las FFAA y los grupos paramilitares, conforme lo establece la sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia.
En la confirmación de la condena contra el General Uscátegui, como comandante de la VII Brigada del Ejército Nacional, la Corte Suprema de Justicia reconoce que sí tenía mando operacional sobre el batallón “Joaquín París”, conforme lo respaldan pruebas documentales que reposan en el expediente.
La condena contra el general Uscátegui, por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples cometidos con ocasión de esta matanza, deja en evidencia la responsabilidad que le incumbe a los altos mandos de la fuerza pública de prevenir y actuar para proteger a la población civil al ser inminente un ataque en contra de la misma, cuando tenga jurisdicción o haya tenido conocimiento sobre la inminencia de los hechos.
Tal y como lo señala la Corte en su comunicado, el General Uscátegui: “incumplió el deber de protección a la población civil pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la Constitución Política a los miembros de la Fuerza Pública”. Como señala el acervo probatorio, el General Uscátegui tuvo conocimiento previo a través de su subalterno, el entonces mayor Hernán Orozco Castro, sobre la presencia de los paramilitares en el casco urbano de Mapiripán provenientes de Córdoba y Urabá.
“…considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región, pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos”. Así el Mayor Orozco alertó sobre la inminente masacre al General Uscátegui, y él le ordenó cambiar el texto del oficio y, en todo caso, no dio ningún aviso a otras autoridades civiles o militares, ni realizó ninguna acción para prevenir los hechos. Esta grave omisión, además del reconocimiento de la CSJ de su jurisdicción militar, hace recaer en cabeza del general la responsabilidad penal por la ocurrencia de la masacre. Esto es lo que el derecho penal denomina Comisión por Omisión.
El propio general Uscátegui en el curso del juicio resaltó la responsabilidad que le incumbe al general Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada XVII en Urabá, que permitiera la salida de los dos aviones transportando armas y hombres de las “Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, ACCU” hacia San José del Guaviare. Pese a las pruebas que lo comprometen, el general Del Río sigue sin ser vinculado a la investigación.
La masacre del 15 al 20 de julio ocurrida en Mapiripán no fue la única en la región. Los paramilitares de las ACCU cometieron otra masacre en el sitio de Cañojabón, el 4 de mayo de 1998, contando con la protección que les brindaron oficiales de la fuerza pública quienes deben ser investigados por estos crímenes.
No ha habido una investigación de estas masacres por parte de la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación, pese a que el Cajar así lo solicitó, considerando que el mensaje de terror de Carlos Castaño de que “habrán muchos más Mapiripanes”, se reflejó en una estrategia de despliegue y consolidación del proyecto paramilitar a nivel nacional, que contó con el apoyo del Estado y del Establecimiento.
El Cajar espera que la compulsa de copias de la Fiscalía 28 de la Unidad de Derechos Humanos de febrero de este año a las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, se materialice en una investigación de contexto donde se establezcan las responsabilidades penales que le incumben al alto mando militar de la época, a los civiles, políticos y empresarios que contribuyeron a la consolidación de ese proyecto paramilitar a nivel nacional.
El Cajar llama al general Uscátegui a que contribuya al esclarecimiento pleno de estos hechos para que se materialice el derecho de las víctimas y de la sociedad colombiana a la verdad, la justicia y la reparación integral. Sus aportes podrían tener como escenario un tribunal de justicia transicional que vincule a máximos responsables civiles y militares de graves violaciones a los derechos humanos sobre una fórmula que establezca garantías ciertas de no repetición de los crímenes, como una contribución a la paz que Colombia reclama.
El máximo órgano de la justicia penal en Colombia reconoce que efectivamente se produjo una masacre contra la población civil de Mapiripán en la que actuaron, en unidad de designio, importantes miembros de las FFAA y los grupos paramilitares, conforme lo establece la sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia.
En la confirmación de la condena contra el General Uscátegui, como comandante de la VII Brigada del Ejército Nacional, la Corte Suprema de Justicia reconoce que sí tenía mando operacional sobre el batallón “Joaquín París”, conforme lo respaldan pruebas documentales que reposan en el expediente.
La condena contra el general Uscátegui, por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples cometidos con ocasión de esta matanza, deja en evidencia la responsabilidad que le incumbe a los altos mandos de la fuerza pública de prevenir y actuar para proteger a la población civil al ser inminente un ataque en contra de la misma, cuando tenga jurisdicción o haya tenido conocimiento sobre la inminencia de los hechos.
Tal y como lo señala la Corte en su comunicado, el General Uscátegui: “incumplió el deber de protección a la población civil pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la Constitución Política a los miembros de la Fuerza Pública”. Como señala el acervo probatorio, el General Uscátegui tuvo conocimiento previo a través de su subalterno, el entonces mayor Hernán Orozco Castro, sobre la presencia de los paramilitares en el casco urbano de Mapiripán provenientes de Córdoba y Urabá.
“…considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región, pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos”. Así el Mayor Orozco alertó sobre la inminente masacre al General Uscátegui, y él le ordenó cambiar el texto del oficio y, en todo caso, no dio ningún aviso a otras autoridades civiles o militares, ni realizó ninguna acción para prevenir los hechos. Esta grave omisión, además del reconocimiento de la CSJ de su jurisdicción militar, hace recaer en cabeza del general la responsabilidad penal por la ocurrencia de la masacre. Esto es lo que el derecho penal denomina Comisión por Omisión.
El propio general Uscátegui en el curso del juicio resaltó la responsabilidad que le incumbe al general Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada XVII en Urabá, que permitiera la salida de los dos aviones transportando armas y hombres de las “Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, ACCU” hacia San José del Guaviare. Pese a las pruebas que lo comprometen, el general Del Río sigue sin ser vinculado a la investigación.
La masacre del 15 al 20 de julio ocurrida en Mapiripán no fue la única en la región. Los paramilitares de las ACCU cometieron otra masacre en el sitio de Cañojabón, el 4 de mayo de 1998, contando con la protección que les brindaron oficiales de la fuerza pública quienes deben ser investigados por estos crímenes.
No ha habido una investigación de estas masacres por parte de la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación, pese a que el Cajar así lo solicitó, considerando que el mensaje de terror de Carlos Castaño de que “habrán muchos más Mapiripanes”, se reflejó en una estrategia de despliegue y consolidación del proyecto paramilitar a nivel nacional, que contó con el apoyo del Estado y del Establecimiento.
El Cajar espera que la compulsa de copias de la Fiscalía 28 de la Unidad de Derechos Humanos de febrero de este año a las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, se materialice en una investigación de contexto donde se establezcan las responsabilidades penales que le incumben al alto mando militar de la época, a los civiles, políticos y empresarios que contribuyeron a la consolidación de ese proyecto paramilitar a nivel nacional.
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