Revista SEMANA
CONFLICTO. Profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad del Externado detallan por qué este incremento entre el 2002 y el 2010.
Durante
sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas en
tres pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática.
Aunque el objetivo era recuperar el territorio que habían tomado los
grupos ilegales, el camino se desvió en varias partes, y en múltiples
ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran presentados
como guerrilleros muertos en combate.
Estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, no
eran nuevas en el país pero sí aumentaron de manera drástica: 154 %
entre el 2002 y el 2010, según el estudio ‘La política de seguridad
democrática y las ejecuciones extrajudiciales’. Este fue realizado por
Édgar Villa y Ernesto Cárdenas, profesores de la Universidad de la
Sabana y la Universidad Externado de Colombia, respectivamente.
El promedio de los 10 años anteriores a la elección de Uribe como
presidente de Colombia es mucho menor a los ocho años que él estuvo en
el Gobierno, aun incluido un período tan violento como los 90. Desde
principio de esa década hasta el 2001, hay una tasa de 0,095 falsos
positivos por cada 100.000 habitantes pero esa cifra aumenta de manera
desproporcionada entre el 2002 y el 2008, siendo de 0.385, según los
datos recopilados por el estudio.
El Centro de Investigación para la Educación Popular registró entre
1990 y 2009 un total de 1.613 de ejecuciones extrajudiciales. El
panorama podría ser peor, pues sólo entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000
víctimas de esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU.
El control y el sometimiento de la guerrilla era uno de los pilares
de la política de seguridad democrática. El estudio señala que la cifra
de guerrilleros dados de baja también aumentó, pero no en el mismo
ritmo que las ejecuciones extrajudiciales, pues las muertes de
guerrilleros ascendieron en 52 % durante el gobierno de Uribe.
El error de la seguridad democrática
En su investigación, los docentes demostraron que el pecado capital
de dicha política fue no pensar en un control específico a la fuerza
pública dentro del fortalecimiento judicial. Con ello se daba por seguro
que los militares respetarían las leyes y los derechos humanos.
“Es un elemento importante a la hora de establecer la relación
entre la seguridad democrática y el aumento de los falsos positivos
porque implica un desconocimiento de los incentivos que determinan el
comportamiento final de los militares”, señala el análisis.
A esto se suman los ya conocidos incentivos a los miembros de la
fuerza pública que al final de mes registraran el mayor número de
combatientes dados de baja. Recompensas en dinero, permisos de
vacaciones, capacitaciones en el exterior e incluso ascensos eran varios
de los premios.
“Este tipo de incentivos generó un afán desmedido por mostrar
resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la
ley”, apunta el informe.
Así quedó evidenciado en su momento con las declaraciones de varios
militares. “Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes
de contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de
diciembre a los pelotones que más sumaran muertos en el año. O sea que
si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos en
el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre [...] También se
dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo
al Sinaí o a un curso fuera del país”, relató un militar para la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Sin pruebas
Los investigadores señalan que el Gobierno promovía los incentivos
pero no tenía manera de comprobar si los muertos eran o no
guerrilleros.
Desde la administración gubernamental, se daba el dinero necesario
para que la inteligencia militar detectara la presencia de posibles
agentes ilegales. Cuando se tenía la operación planeada, enviaban a una
brigada que operaba sin un control estricto.
“Cuando la unidad militar no obtenía resultados y decidía realizar
operaciones de falsos positivos, pagaba a un informante ficticio para
justificar su solicitud de recursos”, indica el análisis.
Pero ese supuesto informante no se quedaba con todo el dinero, pues
debía darles una parte del botín a los comandantes de la escuadra, los
mismos que asignaban presupuesto a los soldados para que consiguieran
víctimas y armas para ponerle al cuerpo. El resultado final era un civil
que hacían pasar por guerrillero, dos semanas de permiso para el
soldado y las felicitaciones para el oficial encargado.
“El problema fundamental de la seguridad democrática es la falta de
control de las acciones de las unidades militares, las cuales son no
observables directamente por el Gobierno”, concluye el estudio.
Leer el informe completo.
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