Editorial: Constituyente para la reforma patriótica de las Fuerzas Militares

Por: Junta Patriótica Nacional Marcha Patyriótica.

Las recientes denuncias de corrupción en el Ejército se suman a la cadena de irregularidades que vienen caracterizando algunas de las prácticas del poder militar del Estado durante los últimos años. Un rasgo les es común: todas ellas se mueven en el marco de la ilegalidad y son manifestación, en sentido escrito, de una actividad criminal que es auspiciada desde el propio seno de la institución militar. Así ha quedado demostrado con las ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes inermes, los mal llamados falsos positivos; con las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de dirigentes populares y de oposición, orquestadas por la inteligencia militar; con la continua fabricación de expedientes, basados en falsas pruebas, para propiciar el encarcelamiento injusto de líderes sociales, como ha sido el caso de dirigentes de nuestro Movimiento.

Las prácticas corruptas de altos mandos militares ponen en evidencia, además, la existencia de un oculto negocio: aquel consistente en la conveniencia de la prolongación de la guerra, que termina oponiéndose objetivamente a la solución política al conflicto social y armado que anhela nuestro pueblo. Tras uno de los gastos en seguridad y defensa más elevados del mundo, si se considera en proporción con el producto interno bruto, se encuentra la rapiña por la contratación de dicho gasto, destinado en parte, como se conoce ahora, para enriquecer altos mandos militares corruptos.

Quienes como nuestro Movimiento han sufrido los embates de las mafias de la fabricación de expedientes y de falsos testigos, además de reafirmar nuestra convicción sobre la falta de garantías para el ejercicio de la política y la persecución de que somos objeto, rechazamos en forma categórica la invitación de quien hoy ostenta el cargo de Comandante de las Fuerzas Militares, el general Leonardo Barrero, a la conformación de mafias para desacreditar el trabajo de la Fiscalía. Resulta cuando menos preocupante y dice mucho de rasgos que estructuralmente posee en la actualidad la institución militar.

Frente a las acciones timoratas del Gobierno de Santos, incluido su Ministro de Defensa, que hacen a un lado su indiscutible responsabilidad política y como siempre terminan en exhaustivas investigaciones y en el descabezamiento de algunos mandos medios, lo que el país reclama no es solo la renuncia del Ministro y la depuración del alto mando militar, sino una profunda reforma y reestructuración de la institución militar.
Es hora de iniciar un debate franco, abierto, patriótico, acerca de las Fuerzas Militares que necesita la Nación, empezando por la necesidad de superar en forma definitiva la obsoleta doctrina contrainsurgente de la Seguridad Nacional.

Ello será posible en el contexto de las transformaciones generales que demanda nuestro pueblo para buscarle una salida a los evidentes signos de crisis nacional y refrendar un eventual acuerdo de paz a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Por: Junta Patriótica Nacional

Las recientes denuncias de corrupción en el Ejército se suman a la cadena de irregularidades que vienen caracterizando algunas de las prácticas del poder militar del Estado durante los últimos años. Un rasgo les es común: todas ellas se mueven en el marco de la ilegalidad y son manifestación, en sentido escrito, de una actividad criminal que es auspiciada desde el propio seno de la institución militar. Así ha quedado demostrado con las ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes inermes, los mal llamados falsos positivos; con las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de dirigentes populares y de oposición, orquestadas por la inteligencia militar; con la continua fabricación de expedientes, basados en falsas pruebas, para propiciar el encarcelamiento injusto de líderes sociales, como ha sido el caso de dirigentes de nuestro Movimiento.

Las prácticas corruptas de altos mandos militares ponen en evidencia, además, la existencia de un oculto negocio: aquel consistente en la conveniencia de la prolongación de la guerra, que termina oponiéndose objetivamente a la solución política al conflicto social y armado que anhela nuestro pueblo. Tras uno de los gastos en seguridad y defensa más elevados del mundo, si se considera en proporción con el producto interno bruto, se encuentra la rapiña por la contratación de dicho gasto, destinado en parte, como se conoce ahora, para enriquecer altos mandos militares corruptos.

Quienes como nuestro Movimiento han sufrido los embates de las mafias de la fabricación de expedientes y de falsos testigos, además de reafirmar nuestra convicción sobre la falta de garantías para el ejercicio de la política y la persecución de que somos objeto, rechazamos en forma categórica la invitación de quien hoy ostenta el cargo de Comandante de las Fuerzas Militares, el general Leonardo Barrero, a la conformación de mafias para desacreditar el trabajo de la Fiscalía. Resulta cuando menos preocupante y dice mucho de rasgos que estructuralmente posee en la actualidad la institución militar.

Frente a las acciones timoratas del Gobierno de Santos, incluido su Ministro de Defensa, que hacen a un lado su indiscutible responsabilidad política y como siempre terminan en exhaustivas investigaciones y en el descabezamiento de algunos mandos medios, lo que el país reclama no es solo la renuncia del Ministro y la depuración del alto mando militar, sino una profunda reforma y reestructuración de la institución militar.
Es hora de iniciar un debate franco, abierto, patriótico, acerca de las Fuerzas Militares que necesita la Nación, empezando por la necesidad de superar en forma definitiva la obsoleta doctrina contrainsurgente de la Seguridad Nacional.

Ello será posible en el contexto de las transformaciones generales que demanda nuestro pueblo para buscarle una salida a los evidentes signos de crisis nacional y refrendar un eventual acuerdo de paz a través de una Asamblea Nacional Constituyente.