Cambio
Total.
La propaganda oficial
del Estado colombiano reza que « Colombia es la democracia más antigua de
Suramérica ». Evidentemente que lo
que no dice la propagando oficial es que es una « democracia de clase »,
la cual legisla a través de sus instituciones para los sectores en el poder, es
decir, la oligarquía, la mafio-oligarquía, y los sectores
terratenientes-ganaderos. Eso significa que si hay « democracia »,
pero para esos sectores en el poder. Y para el resto de las clases –los « excluídos »-
practican la dictadura ejercida por esos sectores en el poder en contra de los
sectores populares.
En la realidad lo
que hay es un remedo de « democracia » con un Terrorismo de Estado
que ha sumido al pueblo colombiano en la más cruel crisis humanitaria. Ese
Terrorismo se aplica de variadas maneras –« combinación de las formas de lucha oligárquicas »- y ello está
evidenciado en el momento presente en la persecución de los sectores populares
que luchan por construir una democracia real, verdadera, es decir, por la
inclusión de las clases populares en el ejercicio del poder y la democracia en
Colombia.
Los sectores en
el poder legislan para asegurarse ellos la permanencia en el poder y por
mantener su nivel de vida a costa de las penalidades de los sectores populares.
Desde el Estado se promulgan leyes que favorecen a esos sectores ricos,
poderosos (por ejemplo, la exención de impuestos y el no pago de obligaciones
para satisfacer demandas del pueblo como la salud, o en la legitimación del
despojo de las tierras de los campesinos e indígenas desplazados forzosamente,
o la legitimación del robo de terrenos « baldíos » que debeían ser
entregado a los campesinos para resarcirlos del despojo por ellos mismos
practicado), y contra el pueblo se decretan por ejemplo un alza en el salario
mínimo y a renglón seguido se les escamotea esa alza al decretar el alza de
combustibles o de otras obligaciones.
Igual cosa sucede
con el ejercicio de la « democracia ». Los sectores « enemigos
de la Paz » trinan todos los días acusando al gobierno de ser
anti-democráticos contra ellos y « obligan » al gobierno a
asegurarles la « democracia » -que en realidad significa mayores
privilegios para ellos-, en tanto a los sectores populares les receta el
Terrorismo de Estado. Este Terrorismo está evidenciado en la persecución y
asesinato de líderes sindicales, populares, políticos, y desde luego en la
criminalización de la lucha y protesta popular.
Los dirigentes
populares son escarmentados al ser sindicados de delitos de opinión y cuando no
pueden condenarlos, sencillamente recurren a la eliminación física de esos
líderes. Ejemplarizante el caso de Alfredo Correa D´Andreis, profesor
universitario, acusado de ser « colaborador de las FARC », y al no
poder probar esa especie, el DAS de Jorge Noguera lo pasó en una lista entregado
a los narco-paramilitares de « Jorge 40 » para su asesinato, como en
efecto sucedió.
El asesinato de
líderes de la U.P. –en continuidad de su plan de exterminio-, de la Marcha
Patriótica, de líderes campesinos y obreros, son pan de cada día, en una
practica a « cuenta gotas » para que el Terrorismo no sea visible a
los ojos de la comunidad nacional e internacional, demuestra la realidad de la « democracia
de clase » practicada por los sectores en el poder.
La lucha del
pueblo colombiano por sus reivindicaciones es enfrentada desde el Estado con
plomo, con el exterminio físico de sus líderes, lo cual deberá conllevar al
pueblo a la más amplia lucha por construir una Nueva Colombia en paz con
justicia social, libertad, democracia popular, independencia y soberanía
nacional. Los pasos dados en estos días por los sectores populares deberá redundar
en unidad, organización y lucha que quiebre la « democracia de clase »
ejercida por la oligarquía y los sectores en el poder y construya una Nueva
Institucionalidad en un Nuevo Estado, construído desde sus cimientos.
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