“Sele solicitó a la CIDH que la Procuraduría suspenda las actuaciones que viene llevando contra el congresista Cepeda, en tanto su resultado puede ser la de una inhabilitación para ejercer cargos públicos en flagrante violación del artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, indica el parlamentario.
De acuerdo con la defensa del representante, el representante no tiene garantías procesales, al tiempo que se estarían violando los derechos políticos del legislador, la igualdad ante la ley, y la protección judicial que el Estado tiene obligación de garantizar.
Esta es la segunda solicitud de medidas cautelares que se hace desde Colombia ante la CIDH, relacionada con las actuaciones del procurador Ordóñez. La primera fue elevada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recientemente destituido e inhabilitado por 15 años.
Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre Cepeda recusó al procurador Alejandro Ordóñez, por considerar que no puede investigarlo con independencia e imparcialidad y que, tendría un interés indirecto en el resultado del proceso disciplinario en su contra, al tener la posibilidad, a través del mismo, de sancionarlo o inhabilitarlo como contradictor político.
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