Allende La Paz,
Cambio Total.
Los mismos
militares en retiro han tratado de igualarse a las FARC al reclamar la « simetría
jurídica ». Cosa que además siempre hemos analizado con lupa. Los dos son
combatientes a los cuales atañe el respeto de la población no combatiente,
evidentemente. Mas hay diferencias. Lo grave del asunto y que le da
connotaciones diferentes es que el Estado en su accionar lo hace contra un
pueblo desarmado, inerme, indefenso, no solamente contra las guerrillas, en
tanto la guerrilla lo hace contra las fuerzas militares-narcoparamilitares,
incluídos aquí politiqueros tradicionales que en contubernio impúdico con las
fuerzas militares-narcoparamilitares aseguran así el control político.
Las fuerzas
militares tendrían entonces no sólo que responder por las infracciones
cometidas al derecho de Guerra, sino también a los derechos humanos. Y ahí sí
hay una enorme diferencia. Las violaciones al « derecho de guerra » por parte de los militares consiste en « uso
desmedido de la fuerza », bombardeos indiscriminados (caso Santo Domingo,
por ejemplo), uso de petos de organismos internacionales como la Cruz Roja, y « efectos
colaterales » como el sembrado de minas antipersonales con el uso de
bombas racimo que afecta a la población civil, etc ; en tanto las violaciones de derechos humanos de los
civiles que las fuerzas militares-narcoparamilitares asimilan como « combatientes »
en aplicación de « secarle el agua al pez » de la Doctrina de
Seguridad Nacional (DSN), evidenciado en el sanguinario Terrorismo de Estado
con las desapariciones (75.000 casos), ejecuciones extrajudiciales (3.500 no
más en los 8 años de la administración Uribhitler), masacres (4.000 en toda la
historia, una marca deshonrosa para Colombia), incontables casos de tortura y
desplazamiento forzado interno (más de 5 millones es el acumulado histórico).
Entonces en qué
casos se puede producir la «simetría jurídica» entre militares y
guerrilleros ? Las fuerzas militares están obligadas constitucionalmente a
respetar el « derecho a la vida, bienes y honra » de los colombianos.
Por lo tanto, violar éste precepto constitucional es un delito ante el cual
deben responder los infractores ante los estrados judiciales. Atacar a la
población civil, no combatiente, son delitos castigados penalmente y no puede
ampararse por un « fuero militar » que antes que fuero y defender el
honor militar lo que trata es de crear la más absoluta impunidad ante los
delitos cometidos por los militares en su « guerra contra la
subversión », como en efecto lo hace. La impunidad en Colombia abarca más
del 99% de los casos denunciados. Increíble !
Por ello, el
rechazo de las organizaciones populares y de derechos humanos al intento de
reformar el « fuero militar » y hacerlo extensivo a « todas las
acciones militares ». Si lo que se quiere es que el pueblo colombiano crea
en sus fuerzas militares éstas deben comenzar a aplicar el « principio de
distinción » no solamente en lo concerniente a los combatientes no
combatientes, sino también al concerniente a las acciones militares como tales.
No es lo mismo
asesinar un guerrillero en combate que asesinarlo cuando se entrega o ha sido
vencido. Son tres situaciones distintas. La primera estaría cobijada por la
ley, en tanto las otras dos están contra el ordenamiento jurídico existente en
el momento actual en Colombia. Por ello, los intentos de los miembros de ACORE son
que bajo el amparo de la « simetría jurídica » y el proceso de Paz de
La Habana les extiendan la más aberrante impunidad a los delitos cometidos en
el accionar del orden público, lo cual es a todas luces inaceptable.
Las guerrillas
nacen en Colombia en respuesta a la agresión armada de Marquetalia –no cualquier
acción sino todo un plan conocido como LASO con 16.000 soldados, aviación, uso
de armas biológicas (peste negra, etc)-, lo cual hace que las FARC y todas las
guerrillas combatan el ordenamiento jurídico existente. Su lucha es de carácter
político y los delitos cometidos por los guerrilleros tienen una calidad
política, diferente a los delitos comunes cometidos por los militares. Ningún
guerrillero adelanta un ajusticiamiento, ni ninguna acción militar sin una
justificación política. Ello establece una clara diferencia a la luz del
derecho internacional y nacional. La guerrilla contribuirá con el
reconocimiento y esclarecimiento de casos que a ella competen, como lo han
afirmado sus camandantes.
Los militares –y sus
acólitos militaristas en el gobierno y fuera de él- pretenden extender la
asimetría conque adelantan la guerra a la « asimetría jurídica » en
el juzgamiento de sus consuetudinarias y sistemáticas violaciones del derecho de
guerra y derechos humanos de los colombianos civiles, desarmados, inermes, que
reciben el tratamiento de guerra aplicadas a las fuerzas guerrilleras. Es de
anotar que incluso los guerrilleros son colombianos que a pesar de su
alzamiento defensivo en armas tiene derechos humanos que no pueden ser
soslayados ni violados, so pena de enfrentar los tribunales civiles que la
propia ley burguesa tiene para el efecto.
Sin embargo, en
aras de la Paz y la concordia de los colombianos proponemos que éste punto se
discuta en la Mesa de Conversaciones de La Habana en el momento preciso. No
entendemos que en momentos de funcionamiento de la Mesa de La Habana el
gobierno adelante la aprobación de leyes que crean todo un manto de impunidad a
los militares, creando así una « camisa de fuerza » al entendimiento
y la concordia. Tal posición refuerza la tesis guerrillera de la imperiosa
necesidad de una Asamblea Constituyente que cree una Nueva Institucionalidad y
cree puentes de recociliación entre los colombianos.
No somos anti-militares,
lo que somos es antimilitaristas. Combatimos la impunidad en todas sus
dimensiones y la denunciamos. Sólo el develamiento de la más cruda realidad
podrá restañar las heridas que 60 años de guerra han producido en la vida
nacional.
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