José María
Carbonell, Cambio Total.
Algunos « analistas », con disimulada alegría,
han « descubierto » que la « violencia » no se acabará con
la firma de un Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano. Quizá
piensan que la Paz se logra por decreto, solución « mágica » a la
cual están acostumbrados.
En Cambio Total hemos dicho que la Paz, su consecución, es un proceso.
Como tal, implica puntos de partida –inicio
de conversaciones, discusión de los puntos de una Agenda, concreción de los
Acuerdos, implementación de éstos, verificación de ellos, etc-, y puntos de llegada –fortalecimiento de
las nuevas organizaciones populares, modernización de la forma de hacer
política, justicia, justicia social, equidad, etc-.
En éste « proceso », el Estado y su gobierno
deberán accionar todos los mecanismos en su poder para llevar a feliz
concreción los Acuerdos. Ejemplo, distribución de tierras y formas de propiedad
(colectiva vs « privada »), ayudas monetarias a los campesinos e
indígenas, modernización de las labores del campo, etc, etc. Las FARC-EP, como
una consecuencia de la acción estatal
de adelantar la guerra contra el pueblo, se irá involucrando en la vida « legal »
que brinda la Nueva Constitución elaborada por todos los sectores de la
sociedad colombiana e irá desarrolando su acción « política » a fin
de modernizar el Estado, sus formas de propiedad, su estructura y
superestructuras, a fin de inscribirnos en el siglo 21 como la Nueva Colombia
en paz con justicia social.
Evidentemente que los « enemigos de la Paz » no
se van a estar quietos. De hecho no están quietos. Están desarrollando lo único
que saben hacer y recurren a su único argumento : la guerra. « Guerra
sucia » entre otras cosas, que recurre al asesinato a mansalva de los
líderes populares que adelantan la lucha por una mejor Colombia, ahora y
siempre, la cual utiliza también las modalidades criminales de la desaparición
forzada, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, etc.
Por ello, en éstos momentos de discusión y Acuerdos, esos
« enemigos de la Paz », los Uribhitler, los Francisco Santos, los
Ordóñez, algunos militares en servicio activo y uso de buen retiro, los
narcotraficantes ahora llamados neo-narcoparamilitares o BACRIM, seguirán
soterradamente impulsando y acolitando la política de Terrorismo de Estado entre
esos sectores « enemigos de la solución política », política que todavía
se mueven las fuerzas estatales –militares y políticas-.
Ya la Marcha Patriótica denunció el asesinato de 8 de sus
líderes en 2013. Ya el CICR en su último « informe —conocido justo en
momentos en los que Colombia pasa al banquillo de los derechos humanos al
presentar su Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza — la Cruz Roja señala
que en 2012 registró 880 presuntas violaciones al Derecho Internacional
Humanitario por parte de todos los actores del conflicto y ocurridas tanto en los campos
como en las grandes ciudades.
...Esa entidad refiere que en 2012 hubo un deterioro de
la situación de derechos humanos en regiones como Cauca, Norte de Santander,
Caquetá, Arauca, Putumayo y Nariño y en ciudades como Medellín, Buenaventura y
Tumaco. Asimismo, el desplazamiento forzado se mantuvo en niveles preocupantes,
de acuerdo con el CICR, que citando cifras oficiales, indicó que desde 1997 se han registrado cerca de 3 millones
900 mil desplazados.
...De acuerdo con el CICR, que citando cifras oficiales, indicó que desde 1997 se han registrado cerca de 3 millones
900 mil desplazados ».
Igualmente, « durante 2012 el
CICR conoció de 161 casos de desaparición forzada y entregó los
restos de 13 personas cuyos cuerpos se encontraban en fosas comunes. Hasta el
año pasado se habían reportado cerca de 78.000 casos
de desaparición en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y
Cadáveres de l Instituto Nacional de Medicina Legal » Además, « la
violencia sexual, esa institución atendió en 2012 cerca de 117 casos ».
Lo que demuestra que desde el Estado se sigue aplicando
el Terrorismo de Estado y no se entiende cómo desde el Estado y los medios de
comunicación en poder de la oligarquía les siguen exigiendo el « desarme
de las FARC », mientras el Estado sigue aplicando su política de
Terrorismo de Estado, es decir, de guerra contra el pueblo.
Hemos también señalado que el Estado tiene la capacidad
de desmontar sus grupos neo-narcoparamilitares
ya que éstos dependen de los sectores guerreristas al interior de las fuerzas
militares y estatales. Quizá por el miedo a que « muerto el perro, se acaba la sarna », los sectores
guerreristas al interior del estado y fuera de él temen quedarse sin el último
argumento propagandístico que justifica su política de exterminio, cuya
principal motivación es económica, desde luego, y es política en segundo lugar.
Lograr unos Acuerdos de Paz con las FARC-EP tendrá que
producir el desmonte de las bandas neo-narcoparamilitares, que actúan
impúdicamente con las fuerzas militares y políticas tradicionales en Colombia, es
decir, « muerto el perro », la
Guerra, se « acaba la sarna », las bandas de los « enemigos de
la Paz ».
No quisiéramos creer que el gobierno y el estado
colombianos seguirían aplicando su política de exterminio de líderes
guerrilleros que pactaron Acuerdos de Paz con ellos, como sucedió con Guadalupe
Salcedo, Carlos Pizarro-LeónGómez, y otros. Eso sería
re-editar las causas que originaron el actual conflicto interno colombiano.
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