"A pesar de que el nombre de la mayoría de guerras libradas durante el siglo XX en el mundo no contiene la palabra petróleo, éste ha sido el verdadero motivo de éstas, incluyendo la primera y segunda guerra mundial. Los acontecimientos mundiales de la última década corresponden a jugadas geopolíticas lideradas por las potencias occidentales, quienes ven su futuro comprometido por las cada vez más escasas fuentes energéticas naturales y minerales, no sólo en sus territorios sino también en la mayoría de los países “cándidos” tercermundistas que consideran sus aliados. "
Las intervenciones en Afganistán (segundas reservas mundiales de litio), Irak, Libia y, posiblemente muy pronto, en Irán y su aliada Siria, corresponden a operaciones militares encubiertas o “black ops”, rotulando a estos países “no cándidos” y débiles militarmente, como terroristas; donde el verdadero interés está oculto en las agendas y alianzas secretas de los gobiernos imperialistas invisibles, que buscan como fin último el control de las grandes reservas naturales energéticas y mineras que están depositadas en estos territorios.
Algunas de estas guerras no son cubiertas por los medios de comunicación, y cuando lo son, no mencionan al petróleo como su causa. Los gobiernos del norte del África están siendo derrocados por la oposición armada y la noticia sólo abarca el odio entre ambas partes y casi nunca a los actores que están detrás de bambalinas como lo son las multinacionales petroleras y los gobiernos extranjeros que respaldan a cada una de ellas.
Para asegurar el control corporativo sobre el petróleo, se han declarado muchas guerras que han dejado millones de muertos, y se seguirán desatando muchas más alrededor del mundo. El petróleo es poder y el poder necesita controlar al petróleo. Las guerras -con o sin un componente ideológico- siempre son terribles. Las guerras petroleras -estrechamente vinculadas al dinero y al poder- son aún peores.
Detrás de los nombres de presidentes y dictadores están los de actores mucho más poderosos: Exxon/Mobil, Chevron, Shell, British Petroleum, y sus parientes cercanos. Estos son los que derrocan a presidentes electos y dictadores para reemplazarlos con dictadores o presidentes más amigables como está ocurriendo, repito, en el norte de África y Medio Oriente. En Latinoamérica el próximo en ser derrocado, probablemente, será Hugo Chávez, porque Venezuela está sobre un mar de petróleo y no es un gobernante “cándido ni arrodillado” ante los intereses gringos (no son gratis las sanciones contra PDVSA y la inclusión en la Lista Clinton de sus más altos funcionarios - están abonando el terreno!).
Pero el petróleo no sólo está detrás de guerras militares, golpes de Estado y campañas electorales presidenciales. El petróleo es también responsable de las innumerables guerras sin armas que destruyen comunidades enteras alrededor del mundo y particularmente en los trópicos. Muchas comunidades indígenas y otras poblaciones locales han sido borradas del mapa o han tenido que enfrentar situaciones terribles debido a la destrucción ambiental resultante de la exploración y explotación petrolera en sus territorios, así como de la violación generalizada de sus derechos humanos.
Colombia no es la excepción. Los daños y pasivos ambientales que ha dejado la industria petrolera en 90 años es incalculable y su costo impagable. Observemos por ejemplo lo que está pasando en los llanos orientales, particularmente en el río Upía (Meta), donde prácticamente desapareció la pesca artesanal y el sustento de decenas de familias, por causa del agua residual del petróleo echada sobre su cauce durante los últimos cuatro años.
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) expiden licencias ambientales de forma irresponsable, sin aplicar controles serios, y ante los reclamos de las comunidades responden que las licencias les permiten a las petroleras cierta contaminación y que éstas se encuentran incluso por debajo de los parámetros establecidos. El meollo del asunto gira un poco en torno a los funcionarios de estas Corporaciones Regionales, quienes por sus pocos conocimientos técnicos y su falta de sensibilidad ambiental tienden una cortina de humo para ocultar la realidad y el fondo del asunto. Igualmente, hay muchísima ausencia de voluntad política por parte de los parlamentarios para legislar con normas más estrictas, porque sencillamente son manipulados por el gobierno nacional y las multinacionales con el cuento de la bonanza petrolera.
Sobre este asunto me pregunto: ¿Dónde están vaciando los más de 2 millones de barriles diarios de agua residual que se producen en Caño Limón? y ¿Quién vigila el proceso de tratamiento de los más de 3 millones de barriles de agua que se producen diariamente en los campos de Castilla, Chichimene, Suria, Apiay, Rubiales, Quifa, Pirirí, entre otros, en el Meta?
Lo peor de todo está en la parte económica y social, ya que las zonas productoras de la riqueza del subsuelo, que hoy reciben el grueso de las regalías, en unos años recibirán las boronas que caen de la mesa, pues con la última reforma al sistema general de regalías, la gran torta se la llevarán otras regiones. Hoy los municipios petroleros tienen más problemas que antes: primero, se volvieron más inseguros al entrar en acción los seudopatriotas de los grupos armados de extrema izquierda y/o de ultra derecha, que se arropan en la bandera para justificar su andanada violenta; segundo, se generó una camarilla de bandidos de cuello blanco, que se camuflan en la política para dar el raponazo; tercero, presentan olas migratorias inmensas de mano de obra, sobre todo no calificada, que disparan la población con barrios subnormales emergentes, generalmente de invasión, tal vez atraídos por el espejismo de la sobre oferta de empleo, cogiendo a los entes territoriales “con los calzones abajo” en materia de infraestructura, saneamiento básico, educación, salud, etc; donde los escasos recursos que reciben por regalías no dan un brinco para satisfacer las necesidades básicas que dignifiquen los niveles de vida de los advenedizos y propios; viéndose obligadas a pignorar las regalías futuras o vender a las empresas privadas, a precio de saldo, los pocos activos o sectores de lo que antaño estaba considerado propiedad pública; y cuarto, después de 15 o 20 años de explotación (aunque ahora las concesiones son a perpetuidad), las empresas multinacionales (que hacen importantes donaciones a las campañas políticas) se van con los bolsillos llenos y nos dejan un inmenso hueco lleno de desolación, violencia, pobreza, destrucción de frágiles ecosistemas con daños ambientales irreparables, y sobre todo, un gran repudio ciudadano por aquellos gobernantes y legisladores que años atrás fueron manipulados, seducidos, sobornados y extorsionados por ese cuerpo élite de modernos “pistoleros” que protegen los intereses de las grandes multinacionales.
Por todo lo anterior y mucho más, en el argot popular petrolero, desde Libia a Angola y desde Indonesia a Ecuador, se dice que el "oro negro" ha sido el “estiércol del diablo” para los pueblos locales y su medio ambiente.
Las intervenciones en Afganistán (segundas reservas mundiales de litio), Irak, Libia y, posiblemente muy pronto, en Irán y su aliada Siria, corresponden a operaciones militares encubiertas o “black ops”, rotulando a estos países “no cándidos” y débiles militarmente, como terroristas; donde el verdadero interés está oculto en las agendas y alianzas secretas de los gobiernos imperialistas invisibles, que buscan como fin último el control de las grandes reservas naturales energéticas y mineras que están depositadas en estos territorios.
Algunas de estas guerras no son cubiertas por los medios de comunicación, y cuando lo son, no mencionan al petróleo como su causa. Los gobiernos del norte del África están siendo derrocados por la oposición armada y la noticia sólo abarca el odio entre ambas partes y casi nunca a los actores que están detrás de bambalinas como lo son las multinacionales petroleras y los gobiernos extranjeros que respaldan a cada una de ellas.
Para asegurar el control corporativo sobre el petróleo, se han declarado muchas guerras que han dejado millones de muertos, y se seguirán desatando muchas más alrededor del mundo. El petróleo es poder y el poder necesita controlar al petróleo. Las guerras -con o sin un componente ideológico- siempre son terribles. Las guerras petroleras -estrechamente vinculadas al dinero y al poder- son aún peores.
Detrás de los nombres de presidentes y dictadores están los de actores mucho más poderosos: Exxon/Mobil, Chevron, Shell, British Petroleum, y sus parientes cercanos. Estos son los que derrocan a presidentes electos y dictadores para reemplazarlos con dictadores o presidentes más amigables como está ocurriendo, repito, en el norte de África y Medio Oriente. En Latinoamérica el próximo en ser derrocado, probablemente, será Hugo Chávez, porque Venezuela está sobre un mar de petróleo y no es un gobernante “cándido ni arrodillado” ante los intereses gringos (no son gratis las sanciones contra PDVSA y la inclusión en la Lista Clinton de sus más altos funcionarios - están abonando el terreno!).
Pero el petróleo no sólo está detrás de guerras militares, golpes de Estado y campañas electorales presidenciales. El petróleo es también responsable de las innumerables guerras sin armas que destruyen comunidades enteras alrededor del mundo y particularmente en los trópicos. Muchas comunidades indígenas y otras poblaciones locales han sido borradas del mapa o han tenido que enfrentar situaciones terribles debido a la destrucción ambiental resultante de la exploración y explotación petrolera en sus territorios, así como de la violación generalizada de sus derechos humanos.
Colombia no es la excepción. Los daños y pasivos ambientales que ha dejado la industria petrolera en 90 años es incalculable y su costo impagable. Observemos por ejemplo lo que está pasando en los llanos orientales, particularmente en el río Upía (Meta), donde prácticamente desapareció la pesca artesanal y el sustento de decenas de familias, por causa del agua residual del petróleo echada sobre su cauce durante los últimos cuatro años.
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) expiden licencias ambientales de forma irresponsable, sin aplicar controles serios, y ante los reclamos de las comunidades responden que las licencias les permiten a las petroleras cierta contaminación y que éstas se encuentran incluso por debajo de los parámetros establecidos. El meollo del asunto gira un poco en torno a los funcionarios de estas Corporaciones Regionales, quienes por sus pocos conocimientos técnicos y su falta de sensibilidad ambiental tienden una cortina de humo para ocultar la realidad y el fondo del asunto. Igualmente, hay muchísima ausencia de voluntad política por parte de los parlamentarios para legislar con normas más estrictas, porque sencillamente son manipulados por el gobierno nacional y las multinacionales con el cuento de la bonanza petrolera.
Sobre este asunto me pregunto: ¿Dónde están vaciando los más de 2 millones de barriles diarios de agua residual que se producen en Caño Limón? y ¿Quién vigila el proceso de tratamiento de los más de 3 millones de barriles de agua que se producen diariamente en los campos de Castilla, Chichimene, Suria, Apiay, Rubiales, Quifa, Pirirí, entre otros, en el Meta?
Lo peor de todo está en la parte económica y social, ya que las zonas productoras de la riqueza del subsuelo, que hoy reciben el grueso de las regalías, en unos años recibirán las boronas que caen de la mesa, pues con la última reforma al sistema general de regalías, la gran torta se la llevarán otras regiones. Hoy los municipios petroleros tienen más problemas que antes: primero, se volvieron más inseguros al entrar en acción los seudopatriotas de los grupos armados de extrema izquierda y/o de ultra derecha, que se arropan en la bandera para justificar su andanada violenta; segundo, se generó una camarilla de bandidos de cuello blanco, que se camuflan en la política para dar el raponazo; tercero, presentan olas migratorias inmensas de mano de obra, sobre todo no calificada, que disparan la población con barrios subnormales emergentes, generalmente de invasión, tal vez atraídos por el espejismo de la sobre oferta de empleo, cogiendo a los entes territoriales “con los calzones abajo” en materia de infraestructura, saneamiento básico, educación, salud, etc; donde los escasos recursos que reciben por regalías no dan un brinco para satisfacer las necesidades básicas que dignifiquen los niveles de vida de los advenedizos y propios; viéndose obligadas a pignorar las regalías futuras o vender a las empresas privadas, a precio de saldo, los pocos activos o sectores de lo que antaño estaba considerado propiedad pública; y cuarto, después de 15 o 20 años de explotación (aunque ahora las concesiones son a perpetuidad), las empresas multinacionales (que hacen importantes donaciones a las campañas políticas) se van con los bolsillos llenos y nos dejan un inmenso hueco lleno de desolación, violencia, pobreza, destrucción de frágiles ecosistemas con daños ambientales irreparables, y sobre todo, un gran repudio ciudadano por aquellos gobernantes y legisladores que años atrás fueron manipulados, seducidos, sobornados y extorsionados por ese cuerpo élite de modernos “pistoleros” que protegen los intereses de las grandes multinacionales.
Por todo lo anterior y mucho más, en el argot popular petrolero, desde Libia a Angola y desde Indonesia a Ecuador, se dice que el "oro negro" ha sido el “estiércol del diablo” para los pueblos locales y su medio ambiente.
Publicar un comentario