El partido de ultraderecha AfD entra en el Parlamento y se convierte en la tercera fuerza política con el 12,6 % de los votos escrutados.
Alice Weidel, del partido AfD, reacciona ante los primeros sondeos a pie de urna en las elecciones de Alemania, el 24 de septiembre de 2017 / Wolfgang Rattay / Reuters
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El bloque formado por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), liderada por la actual canciller Angela Merkel, y la Unión Social Cristiana (CSU) ha ganado las legislativas de Alemania con el 33 % de los votos, según los resultados oficiales anunciados tras el recuento en los 299 distritos electorales.
Por su parte, el Partido Socialdemócrata (SPD), el principal rival del partido de la canciller, obtuvo el 20,5% de los votos. El resultado del SPD es el más bajo en la historia de la posguerra en Alemania, mientras que el resultado del CDU/CSU es el peor desde 1949.
La canciller alemana Angela Merkel reacciona ante los primeros sondeos a pie de urna durante las elecciones generales alemanas del 24 de septiembre de 2017. / Kai Pfaffenbach / Reuters
El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha situado como tercera fuerza del Parlamento con el 12,6 % de los votos, donde tiene representación por primera vez.
El AfD participa por segunda vez en las elecciones alemanas: en 2013, el partido ultraderechista no logró superar el umbral necesario del 5 %.
Otros partidos que también superaron el umbral del 5 % de los votos y entraron al Budenstag son el Partido Democrático Libre (FDP) con 10,7 %, el Partido de la Izquierda con 9,2 % y el Partido de los Verdes con el 8,9%.
El nuevo Bundestag tendrá 709 diputados: 246 del CDU/CSU, 153 del SPD, 94 del AfD, 80 de los demócratas libres, 69 de la Izquierda y 67 de los Verdes.
Ahora se espera que la CDU/CSU, los Verdes y los demócratas libres formen la llamada 'coalición de Jamaica' para gobernar, puesto que el SPD declaró que será opositor, y otras coaliciones no obtendrían una mayoría en el Parlamento.
Aunque el SPD decidió postularse como partido opositor al bloque de la canciller, ambas formaciones coinciden en valorar la llegada del AfD al Parlamento como una mala noticia. Mientras Schulz ha confesado sentirse "preocupado" por los logros de la ultraderecha, Angela Merkel ha declarado que representan "un gran desafío" y ha agregado que su partido está dispuesto a trabajar para "recuperar los votos" emitidos a favor del AfD.
La fundación Hitler no existe, mientras que la de Franco se financió con dinero público. El homenaje franquista al suegro de Gallardón podría haber terminado en prisión en suelo alemán o italiano.
El Estado alemán pagó, entre el 2000 y el 2003, 150.000 euros a la Fundación Adolf Hitler. Un exministro de Justicia, que no incluyó la apología delfascismocomo delito en la reforma del Código Penal, asistió al funeral de su suegro, un exdirigente nazi, en el que se hicieron saludos fascistas, se cantó el hinmo nazi y se lanzaron vivas a Hitler. La mujer del exministro escribió una carta en la que afirma que tiene la “intención de seguir haciéndolo y de defender a los que lo hagan”.
La fundación dedicada al ‘führer’ no existe y nada de lo anterior ha pasado en suelo alemán, pero si cambiamos Hitler por Francisco Franco, esta es la realidad en España. Mientras que en Italia y Alemania hacer el saludo fascista es un delito, la legislación española da barra libre a la exhibición de símbolos de la dictadura. José María Aznar financió a la Fundación Francisco Franco y Alberto Ruiz-Gallardón fue testigo de la glorificación del franquismo en el funeral de su suegro, el ministro franquista José Utrera-Molina, homenaje que la esposa de Gallardón reivindica.
Cuando era ministro de Justicia, Gallardón impulsó la reforma del Código Penal, que en el artículo 18 señala que “la apología [de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor] solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito”. Es decir, vitorear a Franco, su régimen del terror o hacer el saludo falangista, como se hizo ante Gallardón en el funeral de Utrera-Molina, no es delito (como ha vuelto a constatar la Fiscalía al desestimar la denuncia de Podemos por el entierro del exministro franquista); por contra, hacer bromas en Twitter sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, heredero del dictador, puede costar hasta tres años de cárcel por “enaltecimiento del terrorismo” y por “humillación a las víctimas”, de acuerdo con el artículo 578 del CP.
ALBERT BERTRAN / VÍDEO: ACN
Desalojo de alborotadores en el Parlament
Mientras que en Alemania sería impensable que hubiera un bar Adolf en el que se exhibiera impunemente todo tipo de simbología nazi, en España el Ayuntamiento de Almuradiel (Ciudad Real) le ha puesto una calle al fundador de Casa Pepe, en el que, entre todo tipo de parafernalia franquista, puedes comprar vino Franco con la imagen del Caudillo y el lema “no se os puede dejar solos”. En cambio, la policía alemana detuvo el pasado septiembre al propietario de un bar en Baviera por tener botellas de vino con la cara de Hitler. La condena podría elevarse a hasta tres años de prisión.
“Alemania es un país serio y aquí sigue habiendo restos de fascismo a nivel simbólico, cultural y político”, sentencia Joan J. Queralt. Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB), considera “sorprendente que de las manifestaciones fascistas no llegue ningún atestado a los juzgados”. Y pone el ejemplo del hecho de que haya habido detenciones y multas por exhibir ‘estelades‘ en estadios y no por mostrar banderas franquistas y nazis o porque en algunas manifestaciones se soltaran proclamas como “Carod-Rovira al paredón”.
Eso sí, no le sorprende que la reforma del Código Penal de Gallardón no siguiera el ejemplo de Italia o Alemania. “Lo extraño sería que un vegano recomendara comer carne. Si eres vegano, no harás un restaurante de carne. Para esta gente el franquismo no fue una anomalía”, reflexiona. En este sentido también le parece lógica la actitud de Gallardón en el funeral de su suegro: “Es coherente; si impulsa un Código Penal y una ley mordaza no solo conservadora, sino que también autoritaria y antidemocrática, lo lógico es que se comporte así”.
Hasta cuatro años de prisión en Italia
ROSSEND DOMÈNECH / ROMA
Saludar a la manera fascista, levantando el brazo derecho con la mano en posición de firmes constituye en Italia un delito, confirmado en el 2016 por el Tribunal Supremo. En mayo del pasado año siete hinchas fueron condenados por haber realizado el “saludo fascista”, en Italia también conocido como “saludo romano”, “porque el gesto se inspira a la ideología fascista y la discriminación racial”.
El delito conocido como “apología del fascismo” fue regulado legalmente por primera vez en 1952 cuando se prohibió la “reorganización del disuelto partido fascista”. La ley fue actualizada en 1975 para aplicar en Italia de la convención internacional de Nueva York de 1966, que prohíbe todas las formas de discriminación racial. Básicamente la normativa endureció las penas para los transgresores.
Desde entonces, el articulo 293-bis del Código Penal, sobre los delitos contra la personalidad interna del Estado, castiga la propaganda referida al régimen fascista y nazifascista y “la simbología y gestualidad del partido fascista y del partido nacionalsocialista alemán y sus relativas ideologías”. Para los casos de “apología del fascismo” y “reconstrucción del partido fascista”, la ley prevé penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.
Sobre el saludo fascista, no se puede proceder al arresto de oficio, sino que debe mediar una denuncia y proceso relativo. El Supremo dictaminó también que no es necesario que “el gesto [el saludo fascista] esté acompañado con aspectos violentos”, porque la ley “tiene el papel de tutela preventiva”, por lo que “de por sí” el saludo romano justifica la condena.
Alemania, persiguiendo la herencia nazi
CARLES PLANAS BOU / Berlín
Brazos en alto, esvásticas ondeando y vítores a Adolf Hitler. Mientras que en el día de la hispanidad y del alzamiento nacional los nostálgicos del franquismo toman las calles españolas con variedad de simbología fascista, esas imágenes son impensables en Alemania.
Marcados por un pasado sangriento, el gobierno teutón legisló para prohibir, perseguir y castigar todo tipo de expresiones afines al nazismo. A la tipificación como delito de estos actos en el artículo 86ª del código penal alemán se le suma el profundo ejercicio de memoria histórica impulsado por las autoridades. Una campaña que ha sensibilizado a la sociedad recordando constantemente los crímenes perpetrados por sus abuelos y que ha permitido que, a diferencia de España, cualquier simpatía nazi sea considerada un escándalo monumental.
Pero a pesar de ese fuerte estigma social que persigue a los alemanes la desnazificación de la posguerra no fue completa y aún quedan nostálgicos del Reich. Prueba de ello son el reciente escándalo en el ejército alemán, un cuerpo público que aún arrastra esa herencia en conmemoraciones vigentes a las tropas nazis, o los deslices del sector más radical del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Palabras como las de Bjorn Höcke, quien lamentó el sentimiento de culpa alemán asegurando que el monumento a los judíos de Berlín era a la “vergüenza”, aún dan votos. Queda trabajo.
Francia, sanciones en función del contexto
EVA CANTÓN / París
En aplicación del acuerdo de Londres de 1945 sobre personas reconocidas culpables de crímenes contra la humanidad, el código penal francés contempla sanciones para quienes lleven o exhiban en público uniformes, insignias o emblemas que recuerden a los miembros de organizaciones fascistas. La multa es de 1.500 euros. Sin embargo, hacer un saludo nazi no está directamente penalizado, sino que es el contexto el que determina si es o no sancionable.
Por ejemplo, está prohibido en los estadios porque así se recoge en el código deportivo, o en lugares simbólicos como el Memorial de la Shoah. En esos casos se pueden considerar actos de incitación al odio racial, antisemitas o de apología fascista. Fue el caso de la investigación abierta en el 2014 por el tribunal de Bobigny, en la periferia parisina, a raíz de la fotografía que se hizo un individuo en el memorial de Drancy, desde donde partieron en trenes unos 65.000 judíos franceses hacia el campo de exterminio de Auschwitz entre 1941 y 1944.
En definitiva, en Francia no se castiga el gesto en sí, sino que es el lugar donde se realiza el saludo el que determina la naturaleza del delito. Pese a las quejas reiteradas de las asociaciones judías francesas es, por tanto, inútil denunciar a alguien que hace en la calle un saludo que consideran ofensivo. De ahí que el polémico humorista Dieudonné no haya sido nunca condenado por su ‘quenelle’, un gesto típico en sus espectáculos que evoca sin serlo el saludo nazi, y sí por frases consideradas antisemitas o de incitación al odio.
El restaurante Deeway ubicado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes está situado en el Centro Comercial Plaza Norte 2.
Ha puesto un cartel donde se reserva “el derecho de admisión a los chavistas”. El concejal de Sí Se Puede! de la localidad, Iván Cardador, denunció ante la Policía Nacional dicho cartel. A partir de la cual le han llovido insultos en las redes sociales.
El Ministerio de Justicia ha desvelado los datos oficiales sobre el número de fosas comunes de la Dictadura que existen en todo el país.
Aun se trata de una cifra que puede cambiar en los próximos meses, pero ya revela el alcance de un problema al que se sigue sin poner una solución.
Estos datos forman parte de la estrategia de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica hasta esta primavera. Cifras que son un mapa de los fusilamientos e inhumaciones extrajudiciales cometidos por los franquistas.
Hasta el pasado 17 de abril se han contabilizado en España 2.457 fosas comunes, de la cuales 1221 siguen sin ser abiertas y lo más preocupante: 250 han desaparecido por la construcción de infraestructuras, por ampliación de calles, por planes urbanísticos.
Por comunidades autónomas, Aragón se sitúa a la cabeza en el número de enterramientos irregulares con 600 fosas, le sigue Andalucía con 550 y Asturias con 324.
No llevan armas letales pero son acusados de todas y cada una de las muertes; al tiempo que los efectivos de la GNB caen todos los dias por los ataques con armas de fuego de los “pacificos” opositores.
UN PLAN MACABRO
“Te amo mucho hija, me siento bien al tenerte”, escribió Niumar Sanclemente en su perfil personal de Facebook el pasado 22 de diciembre. Agregó al texto la foto de una bebé en su cochecito con un cintillo rosado y lazo amarillo enmarcando su cabecita. Al lado un “selfie” donde se le ve con el uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el componente de la fuerza armada de Venezuela que tiene las principales responsabilidades en el mantenimiento de la paz y el orden interno.
Unos días antes había publicado otras fotos de la pequeña, incluyendo una donde se le ve en ropa de casa cargándola y sonriendo. Era una forma de presentarla en público y así lo dijo. Pero también expresó su sentimiento por lo que implicaba su trabajo como sargento de la Guardia: “Desaparecido como siempre, solo un tiempo, pero aquí estoy de nuevo”.
Así se lo imponía su compromiso como guardia nacional bolivariano. No era un trabajo como cualquier otro, donde se regresa cada día a casa luego de la jornada. Seguramente eso lo motivaba a preguntarse, como lo hacía en septiembre, unos meses antes, “si estuvo bien haber escogido esto”.
Todo indica, sin embargo, que la llegada de la bebé y estar disfrutando un asueto navideño, le hizo olvidar esa preocupación o ponerla de lado. Frases como “trabajo a la mano de Dios” o “a la voluntad de Dios, indicaban que Sanclemente, a sus 28 años, tenía claro ese panorama.
El hecho cierto es que la noche del 19 de abril la muerte sorprendió a Niumar, aunque evidentemente no le llegó de “la mano de Dios” sino de la de un hombre que le disparó mientras actuaba en el control de una supuesta manifestación política en la ciudad de San Antonio de Los Altos, un suburbio de clase media ubicado a unos 15 kilómetros de Caracas, la capital venezolana.
El sargento se encontraba sobre un puente o elevado cuando un proyectil lo alcanzó en el rostro. Fue suficiente para arrebatarle la vida. A su lado, herido en una pierna, cayó el coronel Juan Carlos Arias Méndez. Casi simultáneamente un vehículo antimotin del mismo componente fue atacado con bombas incendiarias que permitieron mostrarlo en redes sociales y en la web como si efectivamente se estuviera quemando.
Aquelarre digital
Ambos hechos (el asesinato y el supuesto incendio) fueron celebrados por partidarios de los atacantes y activistas antichavistas en twitter y en facebook. No sólo justificaban el crimen con el argumento de homologarlo a un acto de guerra, sino que lo festejaban en un plano personal.
En una especie de aquelarre digital fue posible ver como señores con cara de respetables padres de familia, señoras con aspecto de amantísimas amas de casa, así como dulces niñas y adolescentes expresaban sin pudor ni temor su felicidad por el asesinato. Además lo mostraban como ejemplo para que en otras ciudades se hiciera lo mismo.
Incluso cuando poco después se divulgaron fotos del sargento Sanclemente y se supo que era padre de una bebé, lo que hizo recordar que era humano, muchos exhortaron a quienes comenzaron a cuestionarse el crimen a recordar que sin duda era una técnica de propaganda y desmoralización usada por el “regimen”. Y afirmaron que eso estaba bien para que los demás entendieran que lo mismo podía pasarles si seguían defendiendo la “dictadura”.
Balas, fuego, piedras
Pero el asesinato de Niumar no fue un hecho aislado, limitado geográficamente o producto de alguna actuación individual. Desde ese día, 19 de abril, hasta la segunda semana de mayo, más de 70, sí, setenta, guardias ha resultado heridos. La mayoría por piedras y objetos contundentes, pero llama la atención que al menos 12 fueron alcanzados por proyectiles disparados con armas de fuego, lo que indica nítidamente que no se enfrentan a indefensos manifestantes pacíficos que agitan sus manitas desarmadas.
En cuanto a la dispersión geográfica de los lesionados vale anotar que 25 casos ocurrieron en el Área Metropolitana de Caracas (Capital y Miranda), 17 en Falcón y 15 en Barinas (concentrados en Socopó, en el eje andino).
Paradójicamente, mientras se evidencia con los hechos, testimonios y registros audiovisuales el uso de armas de fuego, los efectivos de la Guardia van desarmados a las actividades de control del orden público, no utiliza dispositivos que puedan ser letales y sólo emplean gases lacrimógenos autorizados por las regulaciones internacionales en la materia, según lo explicó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López , entrevistado por la cadena rusa RT.
Asimismo el presidente Nicolás Maduro prohibió en uso de perdigones plásticos, según lo informó el vicepresidente del área social, Elías Jaua el 6 de mayo.
Los resultados de esas medidas, asi como de la experticia de la GNB en el control de manifestaciones, se han visto en la mínima cantidad de víctimas: solo un efectivo ha sido asesinado (sin duda, lamentable) y la Guardia es investigada por el caso de la muerte de un sólo manifestante, Gruseny Canelón, en Barquisimeto.
En contrapartida, durante la anterior explosión de violencia fascista, La Salida en 2014, fueron asesinados al menos seis efectivos militares, incluyendo dos oficiales, y el componente se vió involucrado en la muerte de dos personas.
Paradójicamente, mientras por el crimen de Sanclemente aún no hay detenidos, por la muerte de Canelón el Ministerio Público ordenó la privativa de libertad para 14 militares. En los casos de 2014 la actuación jurisdiccional ha sido contundente para sancionar a los uniformados (hay varias condenas ya), mientras que la persecusión de los victimarios de los guardias apenas ha logrado la captura de dos jovenes que actuaron en el homicidio del capitán Ramzor Bracho, en Valencia.
Fascismo contra la GNB
Pese a estos datos que dan cuenta de la actuación quirúrgica y profesional, la GNB se ha convertido en el objetivo mediático de la conspiración. Aunque no haya estado actuando en las locaciones casi todas las muertes de civiles son atribuidas por los grupos, voceros y medios de oposición al componente militar.
Tres casos emblemáticos de fallecimientos en Caracas, los de Juan Pablo Pernalete (Altamira), Andrés Cañizales y Miguel Castillo (Las Mercedes), fueron atribuidos automáticamente a la acción de la GNB, incluso con alegatos tan fantasiosos como disparos horizontales de dispositivos de gases lacrimógenos.
Paradójicamente, en los tres casos no hay ni siquiera una narrativa de la supuesta acción de los militares en cada evento, y por el contrario todos los elementos indican que trató de asesinatos programados o al menos por “fuego amigo”.
Es decir, una primera conclusión apunta a la existencia de un plan para liquidar física y moralmente al componente militar. Y en lo moral y emocional por dos vías: por una parte debilitando la disciplina de combate y el espíritu del cuerpo, y por la otra criminalizando la actuación legítima y ajustada a la ley de la institución.
¿Cuál es el objetivo de esto? Sencillamente eliminar la principal barrera de defensa de la ofensiva que, como parte de la guerra de cuarta generación, los factores de poder mundial y la burguesía venezolana, aliada con el capital transnacional, han emprendido contra la nación.
El modelo de conflicto está anclado en la activación de fuerzas beligerantes no tradicionales, conformadas por civiles con adiestramiento de combate, pero que combinan roles y formas de lucha. Pueden actuar como activistas políticos o sociales, que protestan pacíficamente, influenciadores de la agenda pública que inciden en lo cultural y lo simbólico, o como “combatientes” urbanos que ejercen diversos grados de violencia para imponer el caos y la ingobernabilidad.
Un plan macabro
En este momento, sólo la GNB por su experiencia, formación y disciplina tiene la capacidad y la flexibilidad para adaptarse a ese ejército de ocupación interna o a ese “soldado-masa” en que los aspectos psico-emocionales de la ofensiva imperial han convertido a una parte minoritaria, pero no por ello despreciable, de nuestra población.
Liquidar en lo moral (y de ese modo en lo concreto) a la Guardia, es una condición imprescindible para la siguiente fase del plan insurreccional contra Venezuela, que es la confrontación apocalíptica con los componentes tradicionales, orientados a la defensa ante los enemigos externos de la Nación, como el Ejército, la Armada y la Aviación.
Ya han hecho los ensayos, como ocurrió con los saqueos de El Valle el 20 y 21 de abril, que incluyó un ataque controlado a una de las alcabalas de Fuerte Tiuna y eventualmente un intento de ocupación “civil” del complejo militar. Y más recientemente con el pretendido asalto de “manifestantes pacíficos” a la base aérea Miranda, en La Carlota.
Alicia Arango publicó un trino en el que señala a las Farc como único grupo responsable por la totalidad de los delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia y, para darle veracidad, dice que la fuente es el Centro Nacional de Memoria Histórica.
“Confronta al que sea. "¡Mentira!, eso no es verdad", les replica a altos funcionarios del gabinete, para controvertir una cifra o reprochar una excusa sobre metas sin cumplir”.
Ella, a la que en el perfil describen como una delatora de mentiras y quien según su cuenta de Twitter es la actual jefe de debate de Iván Duque, el precandidato presidencial por el Centro Democrático, publicó el trino con información errada atribuida al Centro Nacional de Memoria Histórica.
Colombiacheck: Usted publicó un trino el pasado 30 de abril con cifras de delitos cometidos por las Farc, ¿de qué parte del Centro Nacional de Memoria las tomó?
Alicia Arango: Ahhh ¿el trino mío?
C: Sí.
A.A: No, es que, la verdad, ese dato me lo mandaron.
C: ¿Quién?
A.A: O sea ese me lo mandaron, unos estudios sobre el tema, yo sugiero que llamen a Alfredo Rangel…
C: ¿Por qué a Alfredo Rangel?
A.A: No me acuerdo si él, pero estoy segura que él tiene esa información.
C: Bueno, muchas gracias.
A.A: Con mucho gusto, el que tiene la información más condensada es Alfredo Rangel.
C: Usted no tomó la información del Centro de Memoria Histórica directamente, ¿se la mandaron?
A.A: Exactamente. Revisen el Twitter de Alfredo Rangel. ¡Pero la información es cierta!
Colombiacheck habló con Arango cuando ya por lo menos cuatro twitteros, entre ellos la Representante a la Cámara por el Partido Alianza verde, Angélica Lozano, le habían advertido el “pequeño” error: las cifras corresponden a delito atribuidos a todos los actores del conflicto, no solo a las Farc.
Colombiacheck comparó las cifras del trino con las del informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica y confirmó que, efectivamente, son los consolidados de los delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia por todos los actores del conflicto. Esas cifras no son de delitos cometidos únicamente por las Farc. Por eso calificamos la información como falsa.
@AliciaArango Apreciada Alicia, estas cifras están en #BastaYa info del @CentroMemoriaH causadas por TODOS los actores: Farc, AUC, Bandas, ejército, etc
@AliciaArango Convenientemente usted olvida la contraparte del estudio realizado por el @CentroMemoriaH y eso, llanamente, significa mentir. ¡Mentirosa!
@AliciaArango No desinforme! Esas cifras son de hechos cometidos por todos los actores del conflicto armado (la mayor parte por paramilitares) No mienta!
Hasta el pasado 4 de mayo el trino tenía 209 retweets, 19 respuestas y 86 “Me gusta”. ¿Cuántas personas habrán visto la información errada y habrán creído que es cierta? Arango tiene 20. 800 seguidores en Twitter.
La verdad sobre las cifras
Asesinados
“El informe permite confirmar que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas”: Basta Ya, página 20. Queda claro que la cifra es de las personas que han muerto por cuenta del conflicto armado en el país, cuyo único actor armado no son las Farc.
Desaparecidos El informe toma las cifras de desaparecidos del Registro Único de Víctimas (de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas) y, efectivamente, se calculan en 25.007 casos, pero se desconocen los autores de la totalidad de los hechos.
“El RUV no reporta autoría presunta en 21.423 de los 25.007 casos de desaparecidos, lo que equivale a un 85,6% del total”: Basta Ya, página 64.
Desplazados
Según las cifras publicadas por Arango, los desplazados por las Farc suman 5. 712.506 colombianos, en el informe las calculan en 5.700.000 como consecuencia del conflicto armado y dejan claro que las cifras están fragmentadas en diversas fuentes y distintos periodos de estudio.
“Según CODHES (la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), en los diez años comprendidos entre 1985 y 1995 fueron desplazadas de manera violenta 819.510 personas. De acuerdo con el RUV, en solo seis años, entre 1996 y 2002, la cifra llegó a 2.014.893 víctimas. De acuerdo con el RUV, entre el 2000 y el 2003, el número anual de personas en situación de desplazamiento forzado superó las 300.000 personas”: Basta Ya, página 71. “La cifra de desplazados podría acercarse a las 5.700.000 personas, lo que equivaldría a un 15% del total de la población colombiana”: Basta Ya, página 34.
Asesinatos selectivos
La cifra difundida por Arango sobre este delito tiene un pequeño error, pues dice que las víctimas fueron 16.340 y según el Centro de Memoria fueron 6 más.
“Entre 1981 y 2012, 16.346 acciones de asesinato selectivo que produjeron 23.161 víctimas. De este total, 8.903 personas fueron asesinadas selectivamente por grupos paramilitares, lo que corresponde al 38,4%; 6.406, es decir el 27,7% de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados no identificados; 3.899 o el 16,8% fueron víctimas de las guerrillas; 2.339, correspondientes al 10,1% del total de asesinatos selectivos, los causaron miembros de la Fuerza Pública; 1.511, es decir el 6,5% de las víctimas fueron asesinados por desconocidos, 83 asesinatos, o el 0,4% del total, fueron el resultado de acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública; y finalmente 13 asesinatos fueron perpetrados por otros grupos”: Basta Ya, página 36.
Masacres
Según la imagen publicada, las Farc cometieron 1.982 masacres, pero según el estudio, hubo más grupos armados responsables. “De las 1.982 masacres documentadas por el GMH entre 1980 y 2012, los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública de 158, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente”: Basta Ya, página 36.
Secuestrados
Los 27.023 secuestros tampoco los cometió solo las Farc.
“El trabajo de Cifras & Conceptos para el GMH reporta 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010”: Basta Ya, página 33. Además, el informe agrega que “de los 27.023 secuestros reportados entre 1970 y 2010,19 las guerrillas son autoras de 24.482, lo que equivale al 90,6%. Los paramilitares han realizado 2.541 secuestros, correspondientes al 9,4%. Lo anterior significa que de cada diez secuestros, aproximadamente, las guerrillas son responsables de nueve y los grupos paramilitares de uno”. Página 37.
Violencia sexual
En la sección “Estadísticas”, de la versión en internet del informe Basta Ya, aparecen las 1.754 víctimas de violencia sexual a las que hace alusión el trino de Arango, pero fueron varios los grupos armados responsables de ese delito. “El RUV (Registro único de Víctimas) reporta presunta autoría en 748 de los 1.754 casos registrados. Entre estos, 370 fueron perpetrados por las guerrillas (49,5%), 344 por los grupos paramilitares (46%), 8 por miembros de las Fuerza Pública (1,1%), 7 por más de un autor y 19 por otros. Esta distribución pone de manifiesto que la violencia sexual perpetrada por las guerrillas pudo haber sido menos visible que la de otros actores armados”: Basta Ya, página 80.
Reclutamiento Forzado
Colombiacheck no encontró el número 6.421 en el Basta Ya. Según la imagen trinada por Arango, ese es el número de reclutados a la fuerza por las Farc, delito que en el informe llaman “reclutamiento ilícito”: “El Programa Especializado de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se desvinculan de grupos armados al margen de la ley del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF reportó la atención de 5.156 niños, niñas y adolescentes desvinculados durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo del 2013”, Basta Ya, página 84.
El informe, en la misma página, indica además que “a partir de los testimonios de los niños, niñas y adolescentes cobijados por el Programa, se identificó como principales reclutadores a las FARC, con 3.060 casos (60%), luego a las AUC, con 1.054 casos (20%), y por último al ELN, con 766 casos (15%)”.
Un trino que manipula una investigación de año y medio
Las cifras que aparecen en el trino de Arango son el resultado de un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado Basta Ya. Para llegar a esos números, durante año y medio 10 personas cruzaron bases de datos de diferentes organizaciones, recopiladas con diferentes metodologías y en distintos periodos de tiempo con el objetivo de unificar la información. Además, el equipo revisó caso a caso para alcanzar una mayor precisión. “Cruzar todos estos datos fue una tarea difícil, es un trabajo dispendioso, pero es una tarea que va a contribuir al esclarecimiento de la verdad”, dice Carolina Rojas, investigadora del Observatorio de memoria y conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Actualmente están actualizando el Basta Ya para saber qué le pasó a cada una de las víctimas, para ir más allá de las cifras y saber quiénes eran esas víctimas, para conocer su historia.
