No me sorprendió el Plan de Desarrollo de Peñalosa. Como ya lo había escrito en El Espectador, su Alcaldía de 1998 a 2000 se caracterizó por “ejecutorias (…) que se forjaron principalmente por agentes privados, estimulados por el lucro, generadas por un Estado (…) que juega como gestor”.
Para 2016-2019, luego de 16 años, estos negocios se harán bajo nuevas y también conocidas modalidades como: 1) Privatizaciones-enajenaciones, como la venta de ETB y de otros patrimonios públicos; 2) Alianzas Público-Privadas, como en las vías de acceso a Bogotá o en infraestructuras para salud y educación; 3) empresas que simulan no tener ánimo de lucro, como las de suministro de insumos para los hospitales del Distrito; 4) Concesiones para manejar bibliotecas, colegios, Transmilenio-SITP y parques; 5) Asociación con el gobierno de Santos para “actuaciones urbanas integrales”, como derruir el CAN y los Ministerios en pro de grandes agentes financieros e inmobiliarios, y 6) Gestión del suelo para las firmas constructoras, cuyo punto de oro es la Reserva Van Der Hammen.
“Hay de todo como en botica”. Ese suculento menú de privatizaciones, grandes contrataciones y oportunidades de lucro contempla prácticamente todas las áreas. Bogotá quedó en feria.
Ahora bien, como puede verse en el cuadro, el sector de movilidad es, de lejos, el de más voluminosa inversión. Grosso modo, para las vías de integración regional, tanto la ALO, que va de Chusacá a la Calle 13; como la Auto Norte, de la 170 hasta el límite de la ciudad por el norte, y la Carrera Séptima y la Calle 13 desde la NQS hasta el Portal Américas, el Plan dispone de $9 billones por APP. Para el Metro destina $13,8 billones, de los cuales el gobierno nacional aporta $9 billones.
El plato fuerte serán las troncales para Transmilenio, empezando por la Séptima, de la calle 32 a la 170; la Cali, de Bosa a la calle 170; la Villavicencio, de la NQS a la Boyacá; la ampliación de la Caracas, de Molinos a Yomasa; la calle 100, de la Séptima a Suba, y otras conexiones. Todas para usufructo del puñado de operadores privados, a las que se destinarán inicialmente $7,2 billones, hasta completar 170 kilómetros de troncal.
Si se suman $5,9 billones para la empresa gestora TMSA, destinados a cubrir el déficit estructural del sistema y a otros desarrollos, el total sumará $13 billones para hacer realidad el dictamen de Peñalosa de “buses por todos los lados” y “para los próximos 100 años”. En este renglón, agregando partidas para el IDU y para la Secretaría de Movilidad, que sumarían entre las dos cerca de $7 billones, se va prácticamente el 45% del aforo de los $89 billones, que es el valor total de inversión por sectores del Plan.
No faltará quien diga que hay que hacer obras. El asunto es más complejo y se remonta al origen de los fondos. Y como “no hay almuerzo gratis”, viene una avalancha de cargas, impuestos, contribuciones, peajes urbanos, ventas de patrimonio público y demás etcéteras que se irán encima de los bogotanos para fondear tanto negocio. En la línea de venta está la ETB, pero también pueden ser TGI (Transportadora de Gas Internacional), quizás Codensa o Emgesa o la propia Energía o el Acueducto. Todo deberá sumar $6,5 billones. Para el cuatrienio completo, hay que añadir otros importes como el pago “para violar el pico y placa”, que suma $1 billón; cobros por congestión, por $0,54 billones; valorización, por $1,7 billones, e impuesto de alumbrado público, por $0,37 billones.
Y a estas se ha de sumar lo peor: el crecimiento del recaudo del predial entre 2016 y 2019 que, con relación al periodo anterior (2012-2015), pasará de $6,4 billones a $11,014 billones, un escandaloso 72%, más de cuatro veces la inflación esperada. Además, el de Industria y Comercio (ICA), que aumentará el recaudo en 60%. Comparados los dos cuatrienios, pasará de $11,46 billones a $18,5 billones, en tanto el PIB –la variable clave para el sector productivo- apenas se incrementará un máximo de 20%. Entre antiguos y nuevos tributos, el recaudo se acrecentará en $18 billones, en pesos corrientes, equivalentes a un alza fiscal de más de $2 millones por habitante en los próximos cuatro años. No hay en la historia bogotana antecedente alcabalero más agresivo. O quizá sí, en la época de los virreyes.
Buena parte se irá al barril sin fondo del SITP y al de nuevas (peña)losas para Transmilenio, porque, como se vio en el cuadro, lo destinado para Educación y Desarrollo Económico disminuirá en aplicación con respecto al periodo anterior. Por su parte, Hábitat (Vivienda) e Integración Social crecerán por debajo de la inflación estimada de aquí al 2019. Así mismo, Bogotá, que adeudaba a diciembre de 2015 la suma de $1,3 billones, se endeudará por $5,1 billones más, cuadriplicará los compromisos de crédito, apoyado en parte en el cupo dejado por Petro, todo lo cual elevará el valor total del servicio de la deuda de $1,05 billones girados en la administración anterior a $2,6 billones para el periodo Peñalosa II. Quién sabe qué más lluvia ácida caerá con la amenaza de la denominada “simplificación tributaria” y la eliminación de estratos y fijación de tasas máximas. La perspectiva es una Bogotá exprimida, esquilmada y endeudada para apalancar decenas de corretajes privados, necesarios para el gran capital financiero, puesto detrás de todas estas operaciones y que está en grave periodo de desaceleración económica y de tasas de interés al alza. La tarea de Peñalosa, antes que entregar las obras en ciernes, es, pasando por encima de todo, dejar montado el mayor entramado posible de negocios, empezando por el de la Carrera Séptima, donde va a meter Transmilenio por donde no cabe. De pronto, por ahí, se le aparece un espanto…
* Analista invitado
