Headlines News :
Con tecnología de Blogger.

Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

Blog ESTADÍSTICAS

BLOG DESTACADO

Mostrando las entradas con la etiqueta desplazados. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta desplazados. Mostrar todas las entradas

COLOMBIA País con más Desplazamiento forzado del mundo, producto del Terrorismo de Estado

Allende La Paz.

Los sectores terratenientes, ganaderos, “empresarios del campo”, han implantado la política del Terrorismo de Estado como forma de acumulación capitalista en Colombia. O sea, el capitalismo crece –no se desarrolla-,de cierta manera en Colombia, de forma violenta, física mediante el despojo, los asesinatos, las desapariciones y el desplazamiento forzoso.

No olvidamos los 300.000 muertos  y 2 millones de desplazados arrojados por la llamada “La Violencia” desde 1948 hasta 1958. En ésta segunda época de Violencia –la 2a Violencia-, que arrancó desde 1964 mal contados van 220.000 víctimas mortales y mucho más de 7´200.000 desplazados forzados –víctimas no mortales-, a quienes les quitan sus tierras (8,5 millones de hectáreas despojadas hasta ahora).

Ver: Desplazamiento forzado, política estatal

El Desplazamiento Forzado y la Imperiosa Necesidad de la Paz


Los consolidados de organizaciones que siguen el desplazamiento forzado en Colombia –CODHES, por ejemplo- nos muestran 7.345.023 personas víctimas de éste flagelo, que tiene como causa la política de Terrorismo de Estado adelantada por el estado colombiano, en representación de las clases terrateniente, ganandera, “empresario del campo”, narco-paramilitares, etc.

Aún inmersos en un Acuerdo de Paz con las FARC-EP –en fase de Implementación- y de conversaciones de paz con el ELN, desde el Estado no se desmonta ésta política y cada año, mes a mes, día a día, se ven campesinos, indígenas, habitantes pobres de ciudades intermedias, desplazándose forzadamanete a fin de salvar sus vidas.  

Colombia lleva el deshonroso primer lugar como país productor de desplazados forzosos –Informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y del Consejo Noruego para Refugiados (NRC)-, los cuales registran 7´200.000 personas desplazadas. Le siguen países como Siria (6´3 millones de desplazados), Sudán (3,3 millones) e Irak (3,0 milllones).

A pesar del Acuerdo de Paz, por la terquedad de los funcionarios gubernamentales, se desaprovechó una ocasión única que hubiera podido ponerle freno a ésta política. El gobierno Santos no quiso aceptar la propuesta de las FARC-EP de discutir –ni siquiera discutir- el impacto de la Doctrina Militar colombiana en los delitos que se cometen a diario en Colombia: Ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, torturas y desplazamiento forzado.


El cuerpo de la Doctrina Militar colombiana continúa incólume y día a día sigue produciendo sus nefastas cifras. Será necesario, para solucionar definitivamente ésta problemática, construir una Nueva Colombia, en Paz con Justicia Social, que dote a la Fuerza Pública de otra doctrina, una doctrina patriótica, bolivariana, que no mire al colombiano como su “enemigo interno”.



"Criando ratas" en la "noche herida"

Por  | 

La mayoría de colombianos contemplan el desplazamiento como una mera cifra, pero desconocen la vida íntima de quienes lo padecen.
Hay gente viviendo bajo los puentes, aferrada a la vida, que no puede entender las razones que tienen los suicidas para fugarse de este mundo. Los ven lanzarse desde la baranda del puente sin poder hacer nada para evitarlo. Suicidas exquisitamente vestidos, bien alimentados y vaciados de alma porque no encuentran respuesta a sus angustias metafísicas. Los que duermen bajo el puente, en cambio, sólo desean techo y comida. A unos, como el confeso violador, torturador y asesino Rafael Uribe Noguera, el sistema los colmó de riqueza, mientras que a otras como la desdichada niña Yuliana Samboní, las dejó por fuera.

«Criando Ratas» y «Noche Herida» son dos retratos hiperrealistas de la gente que, en España y Colombia, malvive en los bordes del sistema. La empobrecida Colonia Requena de la ciudad portuaria de Alicante y el precario barrio Verbenal de Ciudad Bolívar en Bogotá son el decorado de una hiperbólica y dura realidad. En el primer mundo prosperan esa clase de barrios en los que la violencia de naturaleza criminal empieza a normalizarse. En el caso de Colombia, la violencia política en el campo originó macrotugurios en la mayoría de las urbes.
En «Noche Herida», que se estrena en las salas de cine de Colombia el próximo 30 de marzo, una mujer envejecida por el peso de la tragedia, suplica –como en un relato de Rulfo– a las almas del purgatorio para que protejan a sus nietos que viven apiñados con ella en una estrecha barraca levantada sobre los cerros de Bogotá. El filme dirigido por Nicolás Rincón, mejor película del Festival de Cartagena 2016, es la épica de una mujer proletaria que procura inculcar a los críos una ética sencilla, hecha a golpe de martillo, para que puedan subsistir en un lugar hostil en el que unos tipos hacen limpieza por las noches y la violencia es una actividad económica más. La mayoría de colombianos contemplan el desplazamiento como una mera cifra, pero desconocen la vida íntima de quienes lo padecen.
Entretanto, la drogodependencia, el robo, la prostitución y el ajuste de cuentas suceden en un barrio de Alicante habitado por inmigrantes y nativos que rozan la pobreza. Carlos Salado, un chico del barrio, rodó con un presupuesto de 5.000 euros «Criando Ratas», un exitoso largometraje del género neoquinqui que lleva más de un millón de visualizaciones en Youtube, plataforma en la que se puede ver gratis. El protagonista de la cinta fue en la vida real un camello y ladrón que acabó, igual que otros jóvenes del barrio, en la cárcel. «Criando Ratas» es una sumatoria de pesadillas concatenadas en la que todos terminan mal, salvo una prostituta que se sale con la suya.
«Noche Herida» es una lección de lucha. En «Criando Ratas» no hay manera de torcerle el cuello al destino. En Verbenal, una trabajadora social visita la barraca en la que Blanca, la protagonista, vive con sus tres nietos. La chica le pregunta al mayor de ellos: ¿Cuál es tu proyecto de vida? El niño se encoge de hombros. Es su respuesta. No tiene más que decir.
Remate: Según las recientes estadísticas del DANE, la pobreza multidimensional en Bogotá aumentó en el 2016. Peñalosa sigue sumando pobres.
El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta su nuevo informe: Tierras y Conflictos Rurales. El gran asalto a la propiedad rural se dio entre 2000 y 2008.

Colombia es un país híper diagnosticado, aunque sea sobre mediciones parciales o precarias. Las cifras del llamado despojo de tierras (la desposesión de predios rurales de manera forzada) bailan entre los 10 millones de hectáreas que establece el Movimiento Nacional de Víctimas y las 6,5 millones de hectáreas consignadas por Acción Social en base a los Registros Únicos de Territorios y Predios Abandonados individual y colectivo (RUPTA). El fenómeno, en todo caso, supone toda una contrarreforma agraria que, según el informe que hace público ahora el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se concentró en dos periodos de tiempo: entre los años2000 y 2002, y entre 2005 y 2008. El despojo estuvo muy relacionado con el accionar paramilitary se produjo, con especial intensidad durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y deÁlvaro Uribe Vélez (2002-2010) –cuando estuvo vigente la denominada como política de Seguridad Democrática-.
El informe Tierras y Conflictos Rurales contiene un extenso recorrido por las políticas agrarias de Colombia y destaca que “desde la República, la adjudicación de terrenos baldíos ha sido prácticamente la única política estatal de distribución de tierra que ha tenido continuidad”. De hecho, entre 1903 y 2012 el Estado ha distribuido 60 millones de tierras baldías a personas, entidades y, en los últimos años, a pueblos étnicos.
El CNMH concluye que esa distribución no ha alterado de manera significativa la estructura de propiedad y desarrollo agrario. E, incluso, recuerda las denuncias hechas en 2013 por el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en los debates de control político sobre el tema de los baldíos: “El funcionario advirtió que el 77% de los baldíos no están en manos de las personas originarias a las que se les tituló. Según Vélez, desde 1961 han sido titulados 517 mil predios baldíos, 336 mil antes de la Ley 160 de 1994 y 180 mil después de esta Ley, pero entre el 65% y 80% de estas tierras ya fueron vendidas. Es decir, no están en manos de campesinos como se supone debería ser el uso de las tierras de la Nación”. No parece que haya nada casual. El informe señala que “en algunas zonas que han padecido con mayor intensidad el conflicto armado y el desplazamiento forzado, como los Montes de María, se observan incrementos anormales en la compraventa de predios adjudicados como baldíos y/o de parcelas de reforma agraria”.
La reforma agraria eternamente prometida y varias veces legislada se encontró con una violenta contrarreforma agraria alimentada por el fenómeno paramilitar, al auge de ciertos cultivos agroindustriales (como la palma africana) y de los biocombustibles, los cultivos de uso ilícito o el boom minero energético. A los investigadores no les sorprende, simplemente diagnostican la evolución de este despojo: “En Colombia, la apropiación ilegal de tierras públicas y privadas es una práctica tan antigua como el origen mismo de la propiedad privada, aunque ciertamente se ha potenciado, reproducido y sofisticado, no solo por efecto del narcotráfico y del conflicto armado, sino también por la corrupción en las esferas gubernamentales, en la dirigencia política y en miembros de las élites económicas del país”.

Los más afectados

Cuando se sigue el rastro del abandono de tierras, muy relacionado con el desplazamiento forzado, se puede hacer el mapa del desarrollo paramilitar en el país o del choque de estos con grupos subversivos. Los municipios que tenían más del 20% de sus tierras rurales abandonadas individualmente en el país se concentran en Antioquia (Turbo con el 23,7% de abandono y San Carlos, con el 23,5%), Bolívar (Carmen de Bolívar -47,7%-, San Jacinto -46,3%-, Cantagallo -34%- y San Pablo (31,9%), Meta (La Macarena con el 88,5% de sus predios rurales abandonados, Vistahermosa -43,1%- y La Uribe -24,8%) y Putumayo (Puerto Guzmán con un 56,4%).
Cuando se mira el abandono colectivo aparece el Chocó en primer lugar, donde el 37% de los predios de uso agropecuario fueron abandonados.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
La presión de los megaproyectos provoca abandono y despojo de tierras. Foto de Steve Cagan en el Chocó.
El despojo, según analiza el informe, se ha dado bajo tres perfiles. Uno de carácter “estratégico”, más relacionado con la lucha antisubversiva de grupos paramilitares y que buscaba restar control territorial a las guerrillas mediante el desplazamiento del campesinado y la acumulación de tierras para sumar poder en las regiones de confrontación. El segundo modelo ha sido el “clientelar”, en el que lo que se buscaba era consolidar el apoyo político local a las acciones paramilitares y que supone la alianza entre estos últimos, políticos locales y regionales y funcionarios militares y no militares. “Para ello, los paramilitares presionaban la usurpación y transferencia de propiedades a antiguos dueños o a terratenientes vecinos para la ampliación o el inicio de nuevas explotaciones”. El tercer perfil es el despojo “oportunista”, en el que mandos paramilitares han aprovechado “su posición en los grupos” para despojar de tierras a campesinos en beneficio propio.
El informe detalla que “la tendencia general muestra que los departamentos del noroccidente presentan mayores casos de abandono desde finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, en tanto que los del suroccidente presentan mayor abandono durante el periodo de la Política de Seguridad Democrática (2002-2010) y en años posteriores al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares”. Y se reseñan casos específicos, como el de La Mono y Puerto Torres, en el sur del Caquetá, donde “17 veredas pasaron 3 grandes haciendas en un periodo de 20 años”.
La información disponible también apunta a que en el periodo 2005-2008 influyó de manera determinante el Plan Patriota. Por un lado, por el incremento de las fumigaciones que no distinguían entre cultivos lícitos e ilícitos y que provocaron el desplazamiento y abandono de tierras de miles de campesinos. Por otro, la relación estudiada en municipios como la Macarena y La Uribe entre la implantación de puestos de la policía o de las fuerzas armadas y el abandono de tierras. “Estos indicios fortalecen la trama entre abandono y presencia de la fuerza pública. Como lo han señalado diversos estudios, esto puede estar relacionado con fuertes procesos de estigmatización de la población campesina por parte del Ejército. También, y en particular para esta zona, se ha señalado la alianza entre Ejército y paramilitares luego del fin de la zona de despeje”.
Por último, el informe categoriza las razones por las que alguien deja su tierra cuando preferiría quedarse. Las tradicionales serían por conflicto armado, por presión de los “proyectos de desarrollo”, por razones ambientales o por catástrofes. Pero en el caso de Colombia, el análisis se complejiza porque los expertos añaden: la fumigación de cultivos de uso ilícito, laestigmatización de poblaciones campesinas como guerrilleras y las incursiones de la fuerza pública, e, incluso, las políticas económicas, entre la que destaca la denominada como “apertura económica” desarrollada por el Gobierno de César Gaviria. “No solo las dinámicas del conflicto armado desplazan a productores del campo en Colombia. Las dificultades de acceso a crédito, la imposibilidad de tenencia de la tierra y las consecuencias de tratados de libre comercio con países que producen a menores costos, han expulsado, y continúan haciéndolo, a productores rurales”.

Corte le quita el ‘as’ a empresarios en líos por tierras

VerdadAbierta.com.
La Corte Constitucional es contundente en sostener que la conciliación no aplica en la etapa administrativa ni judicial en los procesos de restitución. Esta era una carta con la que varios empresarios buscaban que sus casos no llegaran a los juzgados y tribunales especializados.

Que una empresa o un particular pretenda conciliar con un campesino que reclama las tierras arrebatadas durante el conflicto armado, evitando así que su solicitud llegue a juzgados o tribunales, es negarles los derechos constitucionales a las víctimas. Esa es la esencia del fallo proferido el pasado 3 de agosto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2016, frente a una demanda de inconstitucionalidad que pretendía abrir la puerta a la conciliación en los procesos de restitución de tierras.
Desde que la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue formulada, tal figura quedó descartada. El artículo 94 indica que si durante los procesos de restitución al juez le planteaban dicha posibilidad debía “rechazarla de plano”.
Sin embargo, el abogado Maximiliano Londoño Arango consideró que negar tal opción vulneraba los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política porque, según él, a las víctimas se les estaba negando su autonomía, el reconocimiento expedito de sus derechos y el acceso a mecanismos alternativos de resolución que promueven la paz y la convivencia. Por eso presentó una demanda de inconstitucionalidad en diciembre del año pasado con el fin de que se declarara inexequible la expresión “ni la conciliación” contenida en el artículo 94. (Ver demanda)
Aunque en la exposición de argumentos a Londoño Arango pareciera importarle los derechos de las víctimas, la Corte pone en evidencia que el abogado se contradice. Para el Alto Tribunal, proponer la conciliación en estos casos es evitar que las víctimas accedan a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición contempladas en leyes de justicia transicional como la 1448; negarle la recuperación de las tierras que les pertenecen; además de frenar la recomposición del tejido social, la construcción de una paz sostenible y prevenir el desarraigo.
“La conciliación puede terminar reproduciendo, o incluso agravando, las desigualdades sociales existentes, en lugar de contribuir al logro de la justicia y de la paz al interior de la sociedad”, afirma la Corte en su pronunciamiento. (Ver sentencia)

El caso detonante

sentencia cc 404 2Para la Corte Constitucional, la conciliación es un despropósito en los procesos de restitución porque la víctima, por sus condiciones de vulnerabilidad, está en desventaja frente al opositor. Por eso el artículo 94 prohíbe esta figura.Desde que entró en vigencia La Ley 1448, el 1 de enero de 2012, y durante los tres primeros años de su aplicación, a nadie le ocurrió la idea de proponer la conciliación en los procesos de restitución de tierras. La razón es simple: entre 2012 y 2015 la mayoría de sentencias fallaron sobre demandas presentadas por la Unidad de Restitución en las que no había opositores, por cuanto se trataba de predios abandonados que seguían en ese estado o porque en los casos probados de despojo los victimarios estaban muertos o extraditados. El ejemplo más claro es el de las parcelaciones arrasadas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en Córdoba
Sin embargo, en febrero de este año el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta profirió un fallo que marcó un precedente para nuevos casos que involucraban a empresarios como opositores. De un lado estaba un campesino que reclamaba 17 hectáreas en Carmen de Bolívar; y del otro, la empresa Cementera Argos S.A., que adquirió 6.600 hectáreas en varios municipios de la región de los Montes en María.
Aunque la sentencia es clara en indicar que la empresa no tuvo relación alguna con grupos ilegales causantes del conflicto armado, los magistrados determinaron que la empresa solo probó la “buena fe” simple y no pudo pobrar el “exenta de culpa” al no haber hecho, por ejemplo, la debida diligencia de averiguar el pasado violento de esas tierras. Por esta razón, el Tribunal decidió restituirle la tierra al campesino y negarle cualquier medida de compensación económica o en especie [otro predio similar] a la compañía.
Durante el juicio, representantes de Argos les propusieron a los magistrados contemplar la figura de la conciliación posterior al fallo, para celebrar contratos con los beneficiarios de la restitución, pues allí tenían pensado el desarrollo de un proyecto forestal, que ahora pasó a ser uno social desde que le donaron las tierras a la Fundación Crecer en Paz. Como la Ley prohíbe esta figura en cualquier etapa, el Tribunal negó la propuesta e incluso cuestionó por qué el campesino, en medio del proceso, expresó que quería desistir de la restitución
“Tampoco sobra negar que dada la naturaleza del derecho objeto de protección, al reclamante le está vedado conciliar o desistir del derecho en litigio, tal como lo consagra el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011 concordante con la Ley 640 de 2001 […] llama la atención la redacción y terminología utilizada en los escritos de desistimiento y revocatoria directa presentados por [la víctima reclamante], quien dijo ser una “persona poco letrada”, asesorada, según expresó en forma contradictoria ante el juez instructor”, indica la sentencia del Tribunal de Cúcuta en las páginas 20 y 21.
En una columna publicada en Semana.com, el abogado Ramiro Bejarano, quien respaldó la postura de Maximiliano Londoño en la demanda de inconstitucionalidad, asegura que ni él ni su colega fueron instruidos o contratados por la empresa Argos para formular dicha demanda, en respuesta a una columna de opinión publicada también en Semana.com por Juan Diego Restrepo E., director de VerdadAbierta.com, quien divulgó el escrito presentado por Londoño.
En el fallo de la Corte Constitucional quedó consignada la exposición de Bejarano, quien insistió en indicar que tal como estaba redactado el artículo 94 de la Ley 1448, “no se podía inferir la prohibición de la conciliación”, explicando que esta figura permitiría “un reconocimiento más expedito y eficiente sobre los derechos de las víctimas”.
Pero el Alto Tribunal, con sus argumentos basados en jurisprudencia nacional e internacional, y a expertos consultados en el tema de forma complementaria, puso en evidencia que el discurso de Londoño y Bejarano va precisamente en contravía de los derechos a las víctimas, y que la Ley de Víctimas y Restitución está blindada para que se cumpla su espíritu.
“El objetivo de la justicia transicional es crear un conjunto de condiciones que permitan darle efectividad a la justicia y lograr la paz social durante períodos de tránsito, caracterizados por la presencia de conflictos sociales y políticos agudos, que atentan contra los derechos de las personas y contra la estabilidad de las instituciones”, recuerda la Corte en su decisión.

Los puntos sobre las íes

sentencia cc 404 3Foto: archivo Semana.En su proceso de análisis, la Corte escuchó a varios especialistas en el tema. Se destacan, por ejemplo, la representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), quien indicó que la conciliación y la transacción, que son negocios jurídicos propios del derecho privado, solo deben aplicarse cuando las dos partes están en condiciones de igualdad. Por ejemplo, cuando el reclamante y el opositor son víctimas del conflicto y están en condiciones de vulnerabilidad.
En ese sentido, para Codhes la conciliación no procede en los casos de restitución porque la víctima está en una situación de desventaja para llegar a un acuerdo; se le está negando el derecho a la restitución y además “implicaría una limitación al derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad sobre el despojo y el abandono al que fueron sometidas”.
También se pronunció el Ministerio del Derecho y la Justicia que, a través de su representante, argumentó que la prohibición de la conciliación es una forma de blindar a las víctimas de que negocien sobre “asuntos irrenunciables” como la reparación y el acceso a la justicia.
En igual sentido se pronunció la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, que coincidió con Codhes y el Ministerio, y agregó que “permitir la conciliación implicaría una vulneración de los principios de estabilización y seguridad jurídica, toda vez que daría pie a un potencial uso de la fuerza contra las víctimas y pretermitiría [omitiría] todas las etapas procesales del proceso de restitución”.
El Alto Tribunal complementa estos argumentos citando la Sentencia C-083 de 2001, que identificó los peligros de la práctica de la justicia informal, entre ellas, las profundas desigualdades materiales entre las partes, en las que la balanza se inclina hacia el más poderoso; la trivialización de las demandas ciudadanas de cambio social y la desactivación de los movimientos de organización comunitaria.
Para la Corte, que se proponga la conciliación en casos de restitución es desmoronar el modelo que busca proteger las tierras y territorios de las víctimas y que se se propuso este fin independientemente del resultado de un proceso de paz: “Este modelo permite prevenir la situación de desarraigo y de rompimiento del tejido social, producto del desplazamiento forzado, especialmente en las áreas rurales de este país”.
La sentencia reitera que ni en la etapa administrativa ni durante los juicios de restitución cabe que víctimas y opositores a la restitución lleguen a acuerdos por fuera de los procesos establecidos en la justicia transicional. De esta forma, en los tribunales otras empresas que explotan tierras reclamadas por víctimas tendrán que demostrar “la buena fe exenta de culpa”, pues los jueces ni magistrados les permitirán conciliar.
Este es por ejemplo el panorama que se le avecina a Drummond, involucrado en demandas de restitución en el Cesar, y de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, en el Valle del Cauca (Lea: El reto que plantea el caso Drummond para la restitución y Esta tierra es mía). Con la reciente sentencia, la Corte le arrebató el ‘as’ a otras compañías y particulares que buscaban evitar que sus nombres fueran expuestos públicamente en juzgados y tribunales.

Las Farc y la cuestión étnica

El escritor Alfredo Molano Bravo entrevistó al jefe guerrillero "Pastor Alape", integrante del Secretariado de las Farc, para conocer los puntos de vista de su organización respecto a las comunidades negras e indígenas.
Por: Alfredo Molano Bravo - El Espectador.

Las zonas veredales de concentración y normalización han creado una interesante polémica —no exenta de conflictos peligrosos— entre comunidades étnicas negras e indígenas con las Farc, alrededor de la presencia civil de este movimiento, que está cerca de la firma de un tratado de paz y dejación de armas con el gobierno colombiano. Es de suma importancia conocer cuál es la posición de un miembro del Secretariado, el comandante Pastor Alape, con relación al tema, que ha sido manoseado y tergiversado por la oposición al acuerdo.
¿Cómo van a resolver el problema de los territorios de paz donde viven desde hace 300 años comunidades negras ancestrales?
El asunto comienza a despejarse al mirar la historia del movimiento guerrillero en regiones como el Naya, el Atrato o el San Juan. El Quinto Frente se funda en 1972, antes de la Séptima Conferencia en 1978, y extiende su presencia desde el norte de Urabá hasta el sur de Córdoba y el norte de Antioquia. Eran zonas de colonización chilapa que estaban siendo arruinadas por la compra o despojo de las mejoras de colonos para fundar grandes ganaderías, que se transformaron en empresas bananeras. Es un proceso que se va extendiendo hacia el sur: Tierralta, Valencia, Juan José, alto San Jorge, a donde llega el Epl, y a Valdivia, Ituango, donde tiene fuerza el Eln. Del Quinto Frente de las Farc nace el 18, que operará en Córdoba y el norte de Antioquia. El Quinto se fortalece en el Eje Bananero y llega a Riosucio, Mutatá, Jiguamiandó, Curvaradó, y por ahí sale a Salaquí y Cacarica. Toda esta acción es anterior a la Ley 70 del 93. Llegué a Urabá en el 86, en desarrollo de la política de desdoblamiento de frentes. Se estaba creando el 34, que controló la zona costera: Unguía, Santa María, Zapzurro o Tutumate, hasta la Serranía del Darién, zona de colonización paisa. Al Atrato medio llegamos por Dabeiba, Urrao, Frontino, o sea, por el río Murry. Ya existían resguardos indígenas en Dabeiba y Riosucio. También estaba Maderas del Darién, que usaba hacheros nativos, tractores y barcos para sacar maderas finas hacia Cartagena. El Frente 34 fue formado casi por afros. Las comunidades ancestrales se organizaban por ríos y familias extensas. El Partido Comunista tenía un trabajo pequeño en Ungía. Aun así, comienza la matazón de gente de la UP y también de colonos que no tenían nada que ver con el movimiento.
¿Cómo se formaron los sindicatos del Eje Bananero?
Hubo sindicalistas que venían de luchar en la zona bananera de Santa Marta, pero también llegaron braceros del río Magdalena, obreros de Barranca, campesinos de Puerto Berrío. En Urabá se estableció la Federación de Trabajadores de Antioquia (Fedeta), filial de la CSTC. Llegaron dirigentes campesinos que tenían experiencias de lucha desde las épocas de Viotá, del sur del Tolima, del Sumapaz, del Quindío —hasta parientes lejanos de Timochenko—, y muchos eran desplazados que en Urabá se volvieron colonos. Tenían visión de Partido. Así que hubo una convergencia de sindicalistas y campesinos desplazados que fueron creando corriente sindical hasta la formación legal de sindicatos de obreros bananeros y de campesinos bananeros.
Y después del Quinto Frente, ¿cómo se desarrollan las cosas?
Como queda claro, el Frente 34 se mueve por el noroccidente y el suroeste de Antioquia: occidente de Chigorodó, occidente de Mutatá, occidente de Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, Urrao, Frontino, Murindó y Vigía del Fuerte. Se fundó el 18 con mando sobre Tarazá, Ituango, Tierralta, y sur de Córdoba, Puerto Libertadora, Monte Líbano. El 34 tenía tres columnas: unas de negros, otras de paisas y otras de negros y paisas. La mayoría de los mandos eran paisas venidos de Urabá, y chilapos. Había un comandante negro. En el año 90 se funda el Frente 57, que sale del Frente 34 y que actúa al occidente de río Atrato y cabeceras del río Baudó. Más tarde, hacia el río San Juan se desprende el 30, que viene del Frente 6. O sea, del Cauca. Más al sur, sobre el occidente, actúan ya el 19 y el 8, que llegan a Buenaventura, el Naya. En esas épocas la base de nuestro trabajo eran las Juntas de Acción Comunal. La gran pelea fue contra Maderas del Darién y contra las compañías comercializadoras de banano. Pero también los campesinos resistían el avance del latifundio ganadero. De otro lado, contra el Gobierno y el latifundio peleaban los resguardos indígenas. Apoyamos la constitución de los resguardos de Dabeiba, de Vigía del Fuerte, Murindó y Urrao. Trabajé en esa misión en el año 86, después de un acuerdo con el CRIC y la ONIC. Llegué a Urabá a “socializar” esos acuerdos. Los resguardos, para nosotros, han sido lo más cercano a la visión que tenemos sobre el uso de la tierra. La tierra es un medio de producción colectivo, y en los resguardos encontramos una figura de lo que podría ser el comunismo, el socialismo.
Usted sabe que existe cierto temor de que las Farc, al desmovilizarse, ejerzan de hecho una autoridad contraria a la indígena. ¿Qué opina?
Esa imagen está montada por estructuras que tienen otra visión del proceso que estamos viviendo. Lo primero es que no vamos a llegar armados. Más aún: no vamos a llegar porque estamos ahí. Pero cuando dejemos las armas no nos vamos a excluir del proyecto político regional. Las comunidades le van a apostar también a no excluirse de los beneficios económicos, culturales y políticos de la paz. Afirmar que las Farc vamos a llegar a ejercer el poder armadas no es correcto, ni coherente con nuestra trayectoria. Las Farc hemos estado desde 1978 en el Pacífico. No vamos a imponer ideas sino a construir la paz con las comunidades. Todo proyecto de vida lo vamos a hacer de común acuerdo. En esas comunidades, los insurgentes tenemos padres, abuelos, hijos, hermanos. Los guerrilleros seremos excombatientes, y en eso no nos distinguiremos del resto de la comunidad, porque somos parte de ella.
¿Por qué ellos no pueden trabajar en programas de vida como trabajan hoy muchachos y muchachas que pertenecen a ONG o a órdenes religiosas?
Toda esa campaña de que vamos a llegar a imponer el poder y la violencia está olvidando la relación histórica de las Farc con las comunidades agrarias. Con ellas, la insurgencia ha entretejido aspiraciones, sueños, formas de organización que no se van a abandonar sino que seguirán desarrollándose en las nuevas condiciones creadas por la dejación de armas y el paso de la guerrilla a la vida civil.
¿Y cuál fue el origen de las diferencias que existen con el movimiento indígena?
El desacuerdo se creó porque las Farc ejecutaron a unos indígenas que eran informantes del Ejército en Murindó. Para resolver el problema, se hizo una reunión en Uribe con representantes de la ONIC y del CRIC y se llegó a un acuerdo, que se socializó. A mí me enviaron a hacerlo en el Atrato medio en el año 86. Hablamos con las comunidades y con la gente para decirles que las Farc ratificaban el respeto de las organizaciones indígenas a su territorio y a sus normas, pero que, en contraprestación, las comunidades indígenas se comprometían a no asumir posición contrainsurgente.
Los territorios negros han sido demarcados a la sombra de la Ley 70 de 1993, pero en algunas zonas se teme que las Farc desconozcan esas conquistas. ¿Cuál es su opinión?
Las Farc no van a llegar a los territorios negros por que ya están allí, como movimiento guerrillero y político, desde antes de la Ley 70. No vamos a llegar, ahora de civil, a imponer nada, sino a construir conjuntamente, y ese propósito se basa en que gran parte de las unidades guerrilleras son negras, tienen familia negra, tienen río, pertenecen a un consejo comunitario.
¿Será que ellos, por haber estado luchando, no tienen derecho, ahora que viene la paz, a trabajar por ella con sus hermanos de sangre e historia?
La única diferencia cuando se establezcan las zonas campamentarias y veredales será que todos sabrán dónde estamos. Estarán mirando lo que hacemos. En primer lugar, la Misión de Observación y Verificación de las Naciones Unidas. Trabajaremos con los Consejos Comunitarios, las Juntas de Acción Comunal, las zonas de reserva campesina o las empresas privadas.
Y cuando las zonas campamentarias se acaben, ¿cómo ven ese futuro?
Seremos para entonces una fuerza política reconocida legalmente y defendida por la Constitución. Trabajaremos en defensa de la democracia y la convivencia pacífica. En ningún momento hemos planteado llegar a ser una fuerza hegemónica. La política es el arte de combinar fuerzas para sacar adelante ideas. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo erradicar el hambre y la mortalidad infantil. Ese objetivo les interesa a las comunidades, a la Iglesia, a los partidos políticos, a las guerrillas todas, incluyendo, claro está, el Eln, a las ONG, a los ciudadanos.
¿Por qué no trabajar juntos?
No será aceptable que, con el pretexto de combatir minería ilegal, un gobierno llegue a desconocer una actividad ancestral basada por normas de carácter consuetudinario, para entregar esos territorios a las empresas transnacionales. Los títulos mineros que den los gobiernos deben respetar la actividad ancestral. Ese es un derecho territorial de las comunidades negras o mestizas. La explotación del oro en Antioquia no fue exclusiva de los negros. Desde principios del siglo XIX también fue llevada a cabo por comunidades libres y pobres de mazamorreros. La minería debe proteger el medioambiente.
Hay una figura polémica creada por la Ley 169 de 1994, las zonas de reserva campesina. Los empresarios se han opuesto a ellas, los gobiernos de Uribe la persiguieron, pero ahora no son de buen recibo por algunas comunidades negras, siendo una iniciativa de naturaleza y origen campesino. ¿Cuál es la posición de la Farc sobre este asunto?
Ese es otro cuento para deslegitimar nuestras banderas. En el Chocó no hay solicitud de creación de zonas de reserva campesina, a pesar de que existen regiones mestizas o campesinos que han sido expulsados por terratenientes de Córdoba, Sucre o Magdalena Medio. Pero entiendo que hay interés de hacerlo en el alto San Juan, en el alto Sinú, en Peque y en Apartadó. En la mesa de La Habana se están discutiendo casos como el de Cauca, donde hay zonas en las que se traslapan colonizaciones campesinas antiguas y comunidades indígenas. Hay resguardos que quieren expandirse por razones demográficas. Los indígenas del Cauca han peleado sus tierras contra terratenientes, han sido perseguidos y golpeados por gobiernos, han sido asesinados por el paramilitarismo, y en esas luchas, los campesinos los han apoyado. Pero ahora, algunos sectores radicales quieren desconocer derechos adquiridos por campesinos que llevan trabajando tierras de colonización desde hace muchos años. Es un asunto que las comunidades campesinas e indígenas deben resolver. Ahí las Farc no tenemos nada que hacer.

No nos maten, por favor, no nos maten... y los que quedaron vivos están en la guerrilla


Revista Semana.
Muchos colombianos se asustaron al escuchar al temido jefe guerrillero ‘Iván Márquez’ el jueves 18 de octubre del 2012 en Oslo, Noruega, en el inicio formal de los Diálogos de Paz entre el gobierno de la administración Santos y las FARC. Lo que debía ser un sencillo acto protocolario se convirtió en
 una bajada de ánimo general por el tono desafiante del insurgente.

Muchos años atrás, este mismo hombre, con su nombre real –Luciano Marín Arango–, suplicaba, en la Plaza de Bolívar, desde su curul de congresista que no los asesinaran, que a él y a todos los militantes de la Unión Patriótica (UP) les respetaran la vida, que lo que querían hacer, juraban, era política legal: “No nos maten, por favor, no nos maten”.

También años atrás, el joven concejal de La Plata, Huila, Luis Édgar Devia Silva abandonó el cabildo ante las amenazas de muerte. A diferencia de sus padres, que igual habían salido huyendo de su casa por el cerco de los violentos por ser liberales, este militante del Partido Comunista (PC) decidió enrolarse en las FARC con el alias de ‘Raúl Reyes’. Terminó muerto en un bombardeo en Ecuador con un prontuario de miedo.

En su juventud el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera corría de boca en boca por las tierras de Cesar, pues Diomedes Díaz lo había incluido en su vallenato titulado 'El mundo'. Por aquel entonces él era un querido gerente del Banco del Comercio de Valledupar, que vivían en la exclusiva calle Santo Domingo, adyacente a la plaza Alfonso López, y que había crecido en un ambiente de privilegios. Apasionado por la política, optó por la izquierda con la ilusión de un soñador.

Pronto, empezó a ver cómo asesinaban, desaparecían o herían a sus compañeros de militancia. “El exterminio de la burguesía contra nosotros me obligó a irme al monte”. Entró a las FARC con el nombre de ‘Simón Trinidad’. Fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Hoy está preso allá mientras los negociadores de esta guerrilla exhiben su imagen fotográfica en La Habana.

“No nos maten, por favor, no nos maten”, suplicaban. Pero los siguieron matando. No a uno, ni a diez, ni a cien ni a mil. Sino a 4.000. Todo un partido político desaparecido de la faz de la tierra en una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia. Los mataron bajo el sol ardiente de Barrancabermeja, como a Leonardo Posada; o en una tibia carretera de Cundinamarca, como a Jaime Pardo Leal; o en el atestado aeropuerto El Dorado, como a José Antequera; o en un Puente Aéreo, rodeado una decena de escoltas, como a Bernardo Jaramillo.

¿Quiénes quedaron? Algunos cuantos que se contaban con los dedos de las manos y que debieron salir para el exilio. Entre ellos Aida Avella. Hay que contarles a los menores de 20 años que esta mujer fue una de las sobrevivientes de esta colectividad y que pasó 17 años sin venir a Colombia. Exactamente 17 años, seis meses y cuatro días. Toda una generación.

Se fue porque, como a sus compañeros de militancia, a ella también la iban a matar y porque ya no soportaba tanto dolor: “Cuando salimos de la Constituyente, en diciembre de 1991, me eligieron presidente de la UP y ahí fue Troya”, dijo a Semana.com en una entrevista. “Las amenazas no dejaban descansar”. Para la época era concejal de Bogotá a donde le llegaban las noticias de un país bañado en sangre. “Fue cuando aparecieron los ‘mochacabezas’ en Urabá, les quitaban la cabeza a nuestros compañeros, las colgaban en estacas, sobre todo en la diagonal San José de Apartadó”, recuerda.

“Algunos iban a sus fincas bananeras, les cortaban las cabezas y las mandaban en bandejas a los casinos de los trabajadores en la hora del almuerzo, con el mensaje de que si seguían en el sindicato, las cabezas rodarían. Jugaban fútbol con las cabezas de la gente que asesinaban, y esperaban a que vinieran las aves de rapiña a comerse los cuerpos”. El auge del horror en todo su esplendor.

El 17 de mayo de 1996, cuando se desplazaba por la autopista Norte a su oficina del Concejo de Bogotá, la atacaron con un rocket. “La muerte nos acariciaba. Recuerdo que había un extraño trancón, no podíamos avanzar. Vi un carro al lado del que salía un tubo, era como una bazuca. Después nos dispararon tres revólveres al tiempo, el carro quedó con 40 impactos de bala”. Asustada, con las pocas lágrimas que le quedaban, se marchó lejos.

Tras la decisión del Consejo de Estado de restituirle la personería a la UP, volvió a Colombia y decidió lanzarse a la Presidencia de la República. Y este sábado, en una de sus primeras correrías, por Arauca, fue objeto de un atentado.

En la mañana de este lunes varios comentaristas radiales relataron el hecho aunque atenuaron la gravedad porque, según ellos, en las encuestas sólo tiene el 1 % en la intención de voto, lo que matemáticamente hace que no tenga opciones reales de ganar las elecciones. Es al revés. El asunto es de extrema gravedad por la misma circunstancia. Hay que protegerla porque la democracia es la garantía absoluta de los derechos de las minorías.

Asimismo, porque si la izquierda legal en Colombia no obtiene la absoluta certeza de que nunca jamás les va a pasar nada, la armada en La Habana no firmará la paz. Porque Aida Avella es el símbolo vivo de una tragedia que nunca debió ocurrir. Y porque así, valiente, honesta y a pesar de todo, jamás ha empuñado un arma. La democracia es una mentira si a ella le pasa algo.

Y no se trata sólo de ella, de su familia y de sus seguidores, sino también de aquellos jóvenes inconformes que nacieron en Colombia mientras ella estaba en el exilio y hoy quieren cambiar el país, hacer política con sus ideales y sus propuestas. Tenemos que darles las garantías absolutas a todos los Luciano Marín Arango, Luis Édgar Devia Silva, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, para que no haya ‘Iván Márquez’, ‘Raúl Reyes’, ni ‘Simón Trinidad’.

Población desplazada en Bogotá, sin techo y sin derechos

 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

Tendencias

.

Basta de Terrorismo de Estado

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. CambioTotalRevista - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger