Por: COLPRENSA
En momentos en que se empieza consolidar la Justicia Especial para la Paz la cual se aplicará a las Farc, la Contraloría realizó un estudio sobre la Ley de Justicia y Paz, el modelo con el cual se procesó y juzgó en especial a los miembros de los grupos de paramilitares. Los resultados son preocupantes.
De tajo, el ente de control señaló que los resultados han “sido precarios y dejan en duda el logro de los objetivos de verdad, justicia y reparación integral”, más porque la misma le ha costado al Estado colombiana la suma de once billones de pesos.
La ley tiene en vigencia un poco más de diez años, tiempo durante el cual según el informe solo se han fallado 47 sentencias en las que se condenaron 195 postulados, tan sólo un 8,2% de los aspirantes a los beneficios de la legislación especial.
El mismo estudio encontró que solo el 6% de los $79.746 millones pagados por concepto de reparaciones judiciales ($5.100 millones), han sido cubiertos con bienes aportados por los postulados al Fondo para la Reparación de Victimas, quedando el 90% a cargo del Presupuesto General de la Nación, 4% restante ($2.886 millones) se pagó con recursos provenientes del Fondo FRISCO.
Para la Contraloría la falta de voluntad de los postulados en la reparación efectiva a las víctimas, se evidencia no solo en el tipo de bienes y las condiciones en que fueron aportados al Fondo de Reparación, sino también en la brecha existente entre las 612 hectáreas entregadas efectivamente por los desmovilizados, frente a las 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución.
Respecto a la labor cumplida por la Fiscalía General en lo que le compite con la ley de justicia y paz, el estudio señaló que se constató que de 4.981 postulados, 2.603 (52%) salieron del sistema penal especial, debiendo destacar que la terminación por archivo de diligencias por parte de la Fiscalía llegó al 80,3%, trasladándose estos casos al inventario de la justicia ordinaria.
El análisis indica además que los Magistrados de las Salas de Justicia y Paz excluyeron a 162 postulados, al comprobar que incumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley. Entre las más importantes causas de exclusión, se encuentran: renuencia a comparecer en las versiones libres 72 casos y reincidencia en la comisión de delitos 67 casos.
Reparación en cifras
De los 2.378 postulados activos, 83% pertenecen a las estructuras de autodefensa desmovilizadas, y solo 195 miembros (8,2%) cuentan con sentencia condenatoria luego de 10 años.
En el reconocimiento de víctimas al interior de los procesos judiciales, de las 537.861 registradas ante la Fiscalía, solo el 5% han sido reconocidas en las sentencias.
El 39% de víctimas registradas (211.013) están relacionadas en las investigaciones que actualmente cuentan con imputación.
La reparación ha obligado por $4,26 billones, los cuales beneficiaron a 544.421 personas mayores de edad.
