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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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COLOMBIA Más “vacas muertas” en el camino hacia la Paz

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

La Corte Constitucional se erige como la nueva “vaca muerta” en el camino hacia una Paz estable y duradera en Colombia.

Acojen el planteamiento de un jurado “enemigo de la paz” contra la aprobación mediante el fast track para aprobar el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y contra el sagrado derecho de alzarse en armas cuando un régimen como el colombiano ataca un grupo de campesinos que no tuvieron otro camino que tomar las armas para defenderse de la agresión. Agresión que cada 4 años era reiterada por parte del presidente de turno.



Evidentemente que en un proceso de Paz no se pueden juzgar igualmente los delitos políticos de los insurgentes con los delitos comunes cometidos por los miembros, por ejemplo, del CD o del establecimiento en todo lo relacionado con corrupción común (Reficar, Oderbrecht, Cafesalud, corrupción en justicia, etc, etc), con corrupción electoral (compra de votos, compra de jurados de votación, cambio de papeletas, compra de registradores, retención de cédulas, etc) que ha convertido el congreso, las asambleas, los concejos, las alcadías, las gobernaciones, y la justicia, también, en un inmenso estercolero de corrupción.

Las FARC-EP negociaron con el gobierno nacional durante 6 años el Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera y ahora de un plumazo se reversará todo lo alcanzado en esa negociación (pareciera que la CC quiere que los salones del hospital militar y los otros hospitales regionales estatales militares se llenen nuevamente heridos y muertos por cuenta del conflicto armado). Es de resaltar que esa negociación se presenta, después de los miles de millones mal gastados en la guerra, por la incapacidad manifiesta de las fuerzas estatales (justicia, legislativo, ejecutivo, militar) de vencer a la insurgencia, y a la vez de no poder vencer la insurgencia a las fuerzas estatales, y después de los miles de miles de colombianos muertos en la confrontación (44.000 militares y polcías según el último reporte) y de los miles de miles de civiles, desarmados, inermos, ejecutados bajo la política del Terrorismo de Estado que han adelantado éstos gobiernos que nos sumieron en una guerra fratricida entre colombianos y que solamente el gobierno de JM Santos tuvo la valentía de decir ”no más! paremos la guerra”.

También llama la atención que los medios de comunicación en poder de la élite por fuera y dentro del gobierno celebren alborozados ésta postura de la Corte Constitucional. No debemos olvidar que todo el estado, absolutamente todo, adelantó con todas sus fuerzas la pretensión de derrotar al los “desharrapados” campesinos que se atrevieron a enfrentárseles a la maquinaria de guerra estatal (militar-narcoparamilitar). Y ese estado lo conforma en parte la Corte Constitucional. Y lo ratifican los medios mediáticos al servicio del gran capital.

Queda demostrado que la guerra en Colombia fue adelantada por todo el estado en su conjunto y no parecen estar contentos con no haber podido vencer a las FARC-EP en la cambo de batalla y ahora pretenden vencerla en los estados judiciales y en el congreso, ese antro de atrocidades y corrupción.

Esperamos no se equivoquen en sus cálculos. El pueblo colombiano tiene la incommensurable capacidad de resisitir si es necesario 50 años hasta alcanzar el sagrado derecho humano a la Paz. La Paz es un bien que va de la mano del derecho a la vida, y sin derecho a la vida no hay posibilidad de ejercer los otros derechos. Por eso es nuestra lucha.

Tenemos confianza en que la CC estudiará conciencienzudamente su posición. Si no, diremos con Iván Cepeda, del Polo Democrático, qien considera que esta decisión "puede ser terriblemente contraproducente en relación con la implementación legislativa de los Acuerdos. Yo espero que la Corte Constitucional esté midiendo las consecuencias de sus decisiones, porque el hecho de abrir una discusión sobre las leyes para implementar el acuerdo en el Congreso significa anular lo que se ha negociado durante años en La Habana y darle un golpe al espíritu del acuerdo de paz”.


Se está cumpliendo la amenaza del pre-candidato del CD, Fernando Londoño, de “volver trizas el papeluco del Acuerdo con las FARC”?

En limbo jurídico queda ZRC en el Catatumbo, tras sentencia de la Corte Constitucional

Agencia Prensa Rural 

Con la sentencia T-052 de 2017 la Corte Constitucional ahonda en la división entre las comunidades campesinas y los pueblos ancestrales que se ubican en la región del Catatumbo. En respuesta a la tutela interpuesta por el representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí “Ñatubaiyibarí” los magistrados fallaron a favor de la comunidad indígena ordenando al Incoder "abstenerse de aprobar el acuerdo de constitución de ZRC hasta que, conjuntamente con pueblo Barí, se establezca y demarque los territorios ancestrales, la ampliación de los resguardos, el saneamiento y el acceso a sitios sagrados"

La asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc- manifestó que la Corte “pese a haber citado sentencias de su seno que reconocen el sujeto campesino como uno de especial protección, y a las Zona de Reserva Campesina (ZRC) como un instrumento de acceso a los derechos de los campesinos” suspendió la constitución de esta figura en el Catatumbo por las diferencias que se tienen en la delimitación de ésta con territorios del Pueblo Barí. (Leer Fallo irresponsable de Corte Constitucional agudiza tensiones entre indígenas y campesinos del Catatumbo)

Si bien en un principio se habían logrado concertar los límites de la ZRC entre campesinos e indígenas, a partir de 2013 se argumenta que su constitución puede estar traslapando territorios ancestrales. Desde entonces esta determinación, que debería amparar el territorio para el desarrollo de la comunidad y su protección, ha estado en un limbo jurídico hasta el pasado 3 de febrero cuando la Corte se pronunció al respecto.

Cabe resaltar que, tanto campesinos como indígenas, han sido comunidades hermanas que comparten lazos sanguíneos y han padecido por igual pobreza, despojo y violencia que ha dejado el conflicto social y armado en su territorio.

En la decisión los magistrados dan un plazo máximo de un año a partir de la notificación de la sentencia para “emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra”, hecho que obliga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a tomar decisiones de fondo y solucionar esta cuestión.

En ese sentido, la ZRC del Catatumbo no podrá ser constituida mientras no se “concluya de manera definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos actualmente pendiente”. Después de haber cumplido con este trámite, la entidad competente tendrá que adelantar un proceso de consulta previa para la constitución de la ZRC con la comunidad Barí, en los siguientes cuatro meses.

Finalmente, la sentencia ordena “la creación de una Mesa Consultiva entre la comunidad indígena Barí y Ascamcat, con el acompañamiento de la Onic y Anzorc, así como del Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, presidirá y liderará su trabajo”. Esta medida se tendría que haber adelantado en el mes siguiente después de la notificación, después de ello tendrían otro mes más para adelantar propuestas sobre los temas tratados anteriormente.

Anzorc subraya que el Estado colombiano ha sido inoperante en la resolución de estos temas y ha descargado en los hombros de campesinos e indígenas temas que hace tiempo ya debieron haber sido resueltos. “Queda claro que la Corte prefirió trasladar la responsabilidad al Incoder, dejando de lado una gran oportunidad para decidir de fondo sobre esta controversia”.

Corte Constitucional suspende licencia ambiental al Cerrejón en La Guajira

Por: Contagio Radio / Kavilando. 
Mediante la Sentencia T-704/16, la Corte Constitucional le dio la razón al pueblo indígena Wayuu, mediante el falló se suspendió el plan de manejo ambiental de la licencia que había obtenido la empresa El Cerrejón
Mediante la Sentencia T-704/16, la Corte Constitucional le dio la razón al pueblo indígena Wayuu, mediante el falló se suspendió el plan de manejo ambiental de la licencia que había obtenido la empresa El Cerrejón, para su proyecto de expansión 'Puerto Bolívar' y además ordenó realizar una Consulta Previa entre las comunidades y la multinacional que lleva más de 30 años explotando carbón en el territorio.
A través de la tutela T-5.451.805 presentada por la comunidad de Media Luna en Uribia y apoyada por el Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, la comunidad alegó la vulneración del ambiente sano, salud y debido proceso por parte del Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la empresa El Cerrejón, “por la expedición de la licencia ambiental Nº 0428 del 7 de mayo de 2014 para la modificación del Plan de Manejo”.
Jackeline Romero lideresa Wayuu integrante de la organización Fuerza Mujeres Wayuu, manifestó que "en La Guajira se están llevando todos nuestros recursos y nos están dejando los daños", la lideresa comentó que la comunidad recibió positivamente la noticia y esperan que otros graves problemas que afectan a la comunidad, también sean atendidos pues "el tema minero es sólo uno de todos los problemas que presenta la Guajira".
Romero también puntualizó que este problema no es reciente, ya que El Cerrejón irrumpió en territorio Wayuu desde hace 33 años, y en ninguna ocasión socializó o realizó Consulta Previa, resaltó que el primer responsable es el Estado colombiano y las autoridades ambientales, "no entendemos cómo se emite certificación de que nosotros los Wayúu no existimos en zona donde harán minería".
Por otra parte, la lideresa señala que está será una oportunidad para que el pueblo Wayuu pueda hablar y denunciar todos los vejámenes de que han sido victimas en todos estos años de explotación e indicó que "lo que hay que hacer es hablar ¿qué entiende el Estado por desarrollo?".
“Esta Corte concluye que la explotación de carbón en el Cerrejón no sólo ha producido secuelas negativas en el ambiente, sino también en distintos ámbitos de las comunidades étnicas de la Guajira. Las pruebas evidencian que del Puerto Bolívar se producen emisiones de carbón que contaminan el aire y al estar aproximadamente a 2Km del caserío, los habitantes han venido padeciendo afectaciones en su salud, actividades económicas y contaminación al ambiente de su zona como se puede comprobar por la Resolución 01749 de 2016 expedida por Corpoguajira”, reza la Sentencia del Alto Tribunal.
Por ultimo la lideresa Wayuu aseguró que estarán atentos de las disposiciones de la Corte para pactar una fecha de realización de la consulta Previa y que el pueblo Wayuu seguirá movilizándose, exigiendo sus derechos y soluciones por parte del Gobierno para la crisis humanitaria que atraviesan, representada en la alta mortandad de niños y niñas, carencia de centros educativos y de salud, dificultades de comunicaciones y vías y presencia de grupos paramilitares.


Bandera negra, bandera blanca

“…en un país como el nuestro, donde no hay libertad de sufragio para hacer triunfar por ese medio una causa política, toda oposición envuelve, para más o menos tarde, una apelación a la guerra, que es el sufragio de los países bárbaros”. Carlos Martínez Silva. Agosto de 1899.
Por: Alfredo Molano Bravo, El Espectador.

La decisión de la Corte Constitucional es un pronunciamiento trascendental y contundente en favor de la paz. No fue sólo un sí al plebiscito, sino, en realidad, un No mayúsculo a la guerra. El pataleo de la extrema derecha es explicable. Se hunde su única bandera –negra, por lo demás–. Uribe se quedará como esos borrachos que siguen diciendo lo mismo toda la noche hasta cuando ya los amigos más fieles se han ido. El país lo ha oído e inclusive un pedazo de él, en mala hora, lo siguió hasta el borde del despeñadero.
La tesis de acabar con la oposición, matándola, ha llegado a su fin. El país no está condenado a la guerra ni a la muerte de otro millón de ciudadanos en beneficio de unos contratos de armas y de otros de condecoraciones, y de todos los negocios sucios con el petróleo, con el oro, con la tierra. Por primera vez desde los años 1940, el Estado recuperará el monopolio de las armas y de los tributos; por primera vez se podrá ejercer la oposición sin armas. Bandera blanca: del Estado haremos parte todos los ciudadanos. Los acuerdos de La Habana con las FARC –y mañana, sin duda, con el ELN– le pondrán término a la tradición de declarar enemiga irreconciliable la oposición. Porque ¿acaso las guerrillas han sido cosa diferente a una oposición armada, obligada a la guerra desde hace más de medio siglo? Oposición liberal arrinconada por el Partido Conservador entre 1948 y 1958, declarada comunista y perseguida a muerte en los años 1960, ultimada a balazos como terrorista en los 1980 y masacrada a motosierrazo entre 1990 y el 2010.
El pronunciamiento de la Corte permitirá que el Sí rompa de tajo esa costumbre inveterada de la derecha. Razón tiene Santos cuando dice que la sentencia es histórica al suprimir definitivamente la violencia como palanca de poder. Lo que –habrá que recordarlo cada día– obliga a las dos partes. No es menor la responsabilidad que asumen las Fuerzas Armadas en el acuerdo. La guerra contra lo que la opinión pública aprendió a llamar –en el mejor de los casos– “esa gente” se acabará, y “esa gente” seguirá haciendo política, esta vez sin armas. Es la solución que siempre ha sido bloqueada. La extrema derecha pretende mantener a la guerrilla en armas para conservar la facultad de armar a sus fieles; de hacer negocios y negociados; de espiar, torturar, desaparecer. Las guerrillas dejarán las armas –es el trato–, pero no renunciarán, como movimiento político que han sido, a gobernar el país. Es el derecho adquirido que el sí sellará como pasaporte a la historia.
El plebiscito acabará con el uribismo y así lo saben el expresidente y su guardia pretoriana. Habrá guerrilleros que temen, no sin razón, dejar el camuflado y soldados que, también con razón, no saben de qué vivirán si el Estado no les abre puertas para dejar las armas. Hasta ahí la izquierda empujará el carro con el liberalismo, el Partido de la U, Cambio Radical, pero, entonces, cuando prenda y arranque, tratará de pasar al timón. Es la ley. El viraje que dará la historia con la paz será definitivo. Alcanzaremos a verlo y a gozar de un atardecer leyendo a José Asunción Silva.
Punto aparte: Carlos Arturo Velandia, cuyo nombre de guerra fue Felipe Torres, fue detenido hace más de un mes por un delito supuestamente cometido cuando estaba en la cárcel de Itagüí, donde lo conocí y comencé a estimarlo como revolucionario y como hombre de principios. Ha estado preso en una celda de tres metros por dos de la Fiscalía, con una hora diaria de luz de sol. Muchos ciudadanos hemos protestado por su detención porque, como se ha dicho, no es una buena señal para las negociaciones con la guerrilla. Carlos Arturo debe ser puesto en libertad para que desde la calle pueda seguir luchando por la paz a la que se ha entregado desde cuando salió por pena cumplida.  
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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