Cuando estudiaba en París, pocos años después de mayo del 68, y nos pillaban robándonos una libra de carne o un tarro de aceitunas en un supermercado, nos defendíamos en la comisaría con la figura de “robo famélico”; prometíamos entonces no volver a hacerlo y asunto arreglado. Estoy hablando de una república donde no fue presidente Francisco de Paula Santander y donde tampoco se lo habrían aguantado. Somos un país de fórmulas legales, hechas para enredar a todos y dar de comer a sus autores.
El Gobierno ha presentado, para ser aprobado vía rápida, un proyecto de ley que define el tamaño de las parcelas con cultivos ilícitos, que en el caso de la coca se limitaría a 3,8 hectáreas. La esencia del proyecto –que honra el acuerdo de La Habana– consiste en rebajar las penas por cultivos de coca, marihuana o amapola siempre y cuando los campesinos se acojan a los programas de sustitución (suponiendo que algún día Pardo los deje andar). Hoy las penas varían entre seis y 12 años por chagra, sin importar su tamaño; de ser aprobada la ley, quedarían entre uno y cuatro años excarcelables. Se trata de un estímulo a la sustitución por cultivos legales apelando a la figura de delito de hambre, introducido en el Acuerdo y que reconoce de hecho la naturaleza socioeconómica de los cultivos ilegales.
El fiscal Néstor Humberto Martínez, que de seguro estudió en Francia, ha puesto el grito en el cielo y declaró que la Fiscalía –o sea él mismo– está aterrada con el proyecto de ley. Una nueva zancadilla a la paz. Valdría la pena que el doctor Martínez se echara una caminada por las zonas de colonización y dejara en su oficina los códigos por un rato.
Hagamos cuentas: según cultivadores de Tumaco, una hectárea de coca amarga –la variedad promedio– produce al mes un kilo y medio de pasta básica, que a precios de hoy –2,2 millones/kilo– le dejaría a un campesino en cada cosecha un total bruto de 3,3 millones. Al año unos 20 millones por hectárea; o sea, 76 millones por chagra de 3,8 hectáreas. Si se descuentan los gastos –que cambian mucho por la variedad y la distancia los mercados–, se podría estar hablando de 30 millones limpios. Si se asume que cada chagra es cultivada por una familia compuesta por cinco miembros que trabajan todos tumbando monte, sembrando, cosechando y sacando base de coca, a cada uno correspondería un salario anual de seis millones: 500.000 pesos mensuales. ¡Menos del salario mínimo legal sin prestaciones!
Más aún, en Tumaco, señor fiscal, hay 19.305 familias que cultivan coca en 15.933 hectáreas, o sea, el promedio de chagra familiar es de 0,82 hectáreas. ¿Cuál es el miedo de la –digamos– letra de la ley a semejante panorama? Una finca de 0,82 hectáreas produciría, limpios, al año, 6,3 millones de pesos, que distribuidos entre cinco miembros, daría al año 1,2 millones de pesos para cada uno, unos 105.000 pesos al mes.
Esa es la realidad en números de un cultivo familiar promedio en Tumaco, por el que un cultivador tendría que pagar hoy seis años de cárcel. Estamos hablando del eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, que comparado con lo que se robó el exfiscal contra la corrupción con el cartel de la toga es del tamaño de una gota de agua en el río Bogotá.
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