Revista Dinero.
Colombia deberá destinar en los próximos 15 años cerca de $130 billones para afrontar el posconflicto. ¿Cuáles son las cuentas para financiarla? El director del DNP explica
Uno de los interrogantes reiterados sobre el futuro de la paz en Colombia se refiere a la forma en que se va a financiar.
El gobierno nacional reveló en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) las cuentas sobre los costos que van a generar los compromisos derivados del proceso de paz con las Farc y las fuentes para financiarlos.
“Se trata de $130 billones para los próximos 15 años, esto equivale a unos 10,7 puntos del PIB”, explica el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía.
El MFMP establece que lo que más recursos exigirá es la reforma rural integral, pues requiere 85% de los dineros, esto es, $110,6 billones. Los otros $19 billones van a ser destinados para el cumplimiento de lo pactado en los otros puntos de la negociación, que son participación en política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas.
Según explicó Mejía, las fuentes para financiar estos costos en su mayor parte corresponden a recursos con los que ya cuenta el Estado colombiano. De acuerdo con el documento, 80% de los recursos van a salir del Presupuesto General de la Nación ($46,7 billones), del Sistema General de Participaciones ($37,8 billones) y del Sistema de Regalías ($19,7 billones). Las entidades territoriales (municipios y departamentos) aportarán otros $5,5 billones y los restantes $20 billones entre cooperación internacional e inversión privada.
Las reformas
En este contexto hay que ver el desafío que tiene el país de financiar la paz. El director del DNP explicó que el Gobierno no considera que ello exija necesariamente de nuevos recursos o fuentes de financiación.
Foto: Luis Fernando Mejía, Director del DNP.
Por el contrario, asegura, reacomodando rubros que ya existen es posible conseguir buena parte de lo que se debe financiar con recursos propios. En ese sentido son claves dos reformas, una de las cuales se está adelantando a través del fast track. Esta última es la reforma al sistema de regalías que ofrece las siguientes salidas de recursos hacia la consolidación del posconflicto.
La primera es la creación del Ocad de Paz, que recibirá $650.000 millones anuales. En ese Ocad, un representante del gobierno nacional, un representante de los alcaldes y otro de los gobernadores decidirán los proyectos asociados al posconflicto que se construirán con esos recursos en zonas afectadas por la guerra.
Este proyecto está listo para el último de cuatro debates, que tendrá lugar en la plenaria del Senado. Una de las propuestas es que por una única vez se destinen hasta $1,5 billones que no han sido ejecutados en el Ocad de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto ha generado un debate interesante en el Legislativo, pues los representantes de las universidades y los centros de investigación señalan que la ciencia y la tecnología han sido siempre la cenicienta del presupuesto y por eso resulta ahora injusto quitarles esos dineros. En cualquier caso, al Ocad de Paz solo irá la mitad de esos recursos.
Sobre la mesa también está la propuesta de que el Ocad de paz se nutra con una parte de los recursos que hoy se ahorran en el Fonpet, que es donde se acumula ahorro para cubrir las pensiones territoriales. Se trataría de que el Fonpet ahorrara un poco menos de sus fuentes del sistema general de regalías durante el tiempo de las inversiones de paz. El argumento es que hoy ya se han logrado amplias coberturas de los pasivos pensionales en muchos municipios y departamentos, así que en esos casos es posible destinar esa plata a otros propósitos.
Igualmente, durante la discusión de la reforma a las regalías se ha planteado la posibilidad de que se habilite a los privados a ejecutar recursos del sistema de regalías. Esto, asociado exclusivamente a proyectos de ciencia y tecnología. Se trata de una propuesta que, aunque no es del Gobierno, es vista con buenos ojos por la administración central, pues ayudaría a agilizar los proyectos de este sector.
Cambios al SGP
La segunda reforma clave es la del Sistema General de Participaciones (SGP). Se trata de la norma que define qué recursos de los ingresos corrientes de la nación se van directamente a departamentos y municipios para cerrar las brechas de cobertura y calidad en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general. Tiene que ver con reformar la ley 715, que regula el principio constitucional de distribución de esos recursos.
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Según Mejía, el debate deberá darse sobre cómo se gastan las regiones esos $36,4 billones que se giran cada año para municipios y departamentos.
“En el marco de lo que tenemos es necesario hacer énfasis en la discusión sobre de qué manera se relocaliza el gasto para lograr los objetivos”, explicó Mejía.
Para él, no son ciertas las críticas de quienes señalan que los costos de la paz están siendo subestimados por el Gobierno, pues si se comparan estos estimativos con los que han hecho otros expertos, como los de la Misión del Campo, liderada por José Antonio Ocampo, y los cálculos de Fedesarrollo, los resultados son muy parecidos. Esto, sumado al hecho de que el PIB potencial del país podría aumentar, ratifican la confianza en el Gobierno de que el proceso de negociación con las Farc va a empezar a rendir frutos económicos.
A pesar del escepticismo, el Gobierno tiene la convicción de que los costos de la paz se pueden manejar si se consolidan las reformas que se están desarrollando. “Es necesario dar un parte de tranquilidad: el Gobierno puso las cartas sobre la mesa y buscó las fuentes adecuadas para financiar estos costos”, señaló Mejía.
Regalías billonarias
El gobierno nacional espera imprimirle un ritmo distinto al gasto de los recursos de regalías, que ha sido uno de los cuellos de botella en la ejecución presupuestal de este año.
Según el director del DNP, Luis Fernando Mejía, en este frente se tomarán tres medidas. La primera es destrabar al menos $1,9 billones en proyectos que estaban listos para ser aprobados, pero que no se había logrado por asuntos de trámite. Se trata de grandes “revisatones”, como los llamó el Gobierno, para agilizar la ejecución de esos recursos a los que solo les faltaban unos pequeños trámites en los Ocad. El primer anuncio de esta estrategia fue en el Ocad del Caribe de $621.000 millones para nuevos proyectos; se trata de la cifra más alta hasta el momento aprobada en un Ocad. Se espera que otras iniciativas que estaban atoradas se agilicen en los próximos meses.
Adicionalmente, el Gobierno espera impulsar la aprobación de otros $7 billones en proyectos que aún no han llegado a los Ocads. Para ello llevará a estas instancias del sistema de regalías un paquete de 9 proyectos tipo para que la aprobación, la contratación y la ejecución de las obras sean rápidas. En esos proyectos tipo, diseñados por el DNP, están polideportivos, placa huella, VIS rural, canchas sintéticas, infraestructura básica de salud, colegios, plazas, unidades sanitarias y celdas solares. Finalmente, el Gobierno promoverá la expedición de un único acuerdo marco por parte de la comisión rectora del régimen de regalías, para depurar las normas que se deben cumplir y agilizar los procesos de aprobación.
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