LA ÚLTIMA VIOLACIÓN DEL CESE del fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sucedida esta semana en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) Jaime Pardo Leal, en Guaviare, no es la primera. En la misma área se registrado otros dos incidentes que pasaron de agache pero que no dejan de sembrar interrogantes. El Cerac habla de cuatro violaciones del cese del fuego, 18 episodios que podrían ser infracciones y 53 acciones violentas en todo el país desde cuando se firmó el fin del conflicto, hace nueve meses. En círculos oficiales se dice lacónicamente que los hechos se están investigando. Es muy probable que algunos hayan sido “tas-tases” involuntarios, pero, sin duda, otros no. El Gobierno se responsabilizó del más reciente, donde fue herido un capitán de la Armada. Si la violación de un protocolo tan preciso y divulgado entre las partes hubiera sido hecha por un soldadito perdido, se podría pensar que fue un evento aislado e involuntario y el batallón respectivo habría dicho, “Bueno, pues… qué pena”. Pero si el asunto involucra a un capitán de la Infantería de Marina, que –se supone– debe saber de memoria la norma sobre el terreno y, además, a una fuerza que suele hacer acciones encubiertas temerarias, la cosa es sospechosa a pesar de que el ministro de Defensa salió, muy oportunamente, a hacer el quite y a reconocer la responsabilidad oficial.
La cuestión podría parar ahí, pero hay indicios de que no fue una mera equivocación: uno de los civiles capturados en el operativo es un desertor de las Farc, lo que hace suponer que el comando iba por algo y lo más seguro es que ese algo fuera la acogida en el área de otros desertores contactados por el capturado. En otras ocasiones la deserción es encubierta con la figura de captura de guerrilleros “intentando escapar”.
Las Fuerzas Armadas han usado a fondo las posibilidades que ofrece el programa de reinserción y reincorporación del Gobierno como un instrumento para minar la moral guerrillera y para “insertar” a los reinsertados en los cuerpos de inteligencia militar. Esto último es lo que llaman “colaborar” con la patria. La reinserción es una enorme fuente de información. Durante el actual proceso de paz, los batallones siguen dándole manivela a este mecanismo de deserción al ofrecer el oro y el moro a los guerrilleros. Un grupo de desmovilizados me confesó que en la unidad militar donde deben permanecer unos días los desertados se les advertía que en ese punto había dos puertas de salida: una hacia la cárcel y otra hacia la colaboración.
Por su lado, los paramilitares apelan a una práctica complementaria: reclutan desertados, reinsertados o desmovilizados para fortalecer sus organizaciones y les pagan sumas muy atractivas para jóvenes que gustan de las armas y que tienen inaguantables ganas de consumir todo lo que la “sociedad libre” les ofrece: trago, mujeres, droga, carros, ropa de marca. El paramilitarismo está cercando muchas Zonas Veredales para pescar en río revuelto. Lo que valdría la pena investigar por parte de la opinión pública es si hay una relación entre los operativos de reinserción legal y el reclutamiento hecho por los paramilitares. Es lícito preguntarse ¿Qué habría hecho el capitán de la Armada herido en Guaviare con los guerrilleros que hubiera podido apañar si su objetivo era cubrir la deserción de algún par de ellos? Entregarlos al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado o entregárselos a un grupo paramilitar. Porque de todas maneras un desertor es un morral de información útil para hacer la guerra.
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