Acto I -Puerto Bello, Piñuña Blanco
El jueves 1 de Junio, a eso de las 8 p.m., media docena de individuos encapuchados y vestidos de negro, llegan a la comunidad de Puerto Bello, en Piñuña Blanco, armados de escopetas y revólveres. Pese a que a primera vista podrían parecer meros atracadores, sobre todo por las precarias armas que portan, sumodus operandi parece ser el de paramilitares. Cortan las comunicaciones, agrupan a varias personas al borde del río y proceden a robar a personas específicas, sobre todo del comercio. Luego, después de dos horas de aterrorizar al caserío, roban un motor y se van con total tranquilidad río abajo con todo lo robado. Esto ocurre en las mismas narices de un batallón militar en la vereda de La Alea, adscrito a la Brigada de Selva Número 27, así como de la Fuerza Naval del Sur que opera en todo el río Putumayo.
Esta es la segunda acción de este tipo que ocurre en la zona. Hace unos meses, también se había producido una acción similar en la vereda Puerto Silencio. También han aparecido panfletos amenazantes de grupos paramilitares –que vienen avanzando a paso firme desde el occidente de Putumayo- y hasta de un grupo que se hacen llamar “Los de Sinaloa”. Esto ocurre cuando las FARC-EP ya no se encuentran en este territorio, sino que se encuentran concentrados en la Zona Veredal “Heiler Mosquera”, en La Carmelita. Un mal precedente de lo que puede esperar el pueblo de estos territorios de la presencia de la fuerza pública. Hasta los más timoratos reconocen que “estas vainas no se veían cuando las FARC estaban por acá”. En el pueblo corren rumores que, de hecho, la misma fuerza pública no sólo toleraría estas acciones sino que algunos elementos hasta estarían detrás de ellos. Sea como sea, la desconfianza es grande, al igual que la ansiedad.
Esta acción ocurrió apenas un día después de una reunión en la comunidad en la cual se trató el tema de la explotación petrolera y la necesidad de oponerse al intento de la multinacional Amerisur Resources plc–de origen británico- de comenzar tareas de prospección y explotación en la zona, en medio de las comunidades campesinas, de un consejo comunitario afro y de un resguardo indígena. Esta obsesión por perforar la tierra, contaminar los ríos y saquear los recursos es parte de la visión del post-conflicto del gobierno: que las multinacionales vayan ocupando los territorios donde nunca se habían podido meter, porque se encontraban las FARC-EP en ellos. Literalmente, los territorios de presencia histórica de esta insurgencia, hoy están de remate. Para resistir al extractivismo, se está llamando a todas las comunidades del río a una asamblea los días 16 y 17 de Junio en Peneya, cerca de Puerto Calderón.
Acto II -Piñuña Negro
El día 2 de Junio, al mediodía, durante una reunión en Piñuña Negro con dirigentes campesinos y líderes de juntas de acción comunal, para tratar el tema de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, dos helicópteros militares sobrevuelan la reunión. Están sobrevolando por mucho tiempo, hasta que después de una hora y media sobrevolando, deciden aterrizar. “Afuera está el ejército”, nos comenta una señora que estaba en la reunión y que había salido para comprar algunos refrigerios. Salimos a hablar con ellos, pues la gente comienza a ponerse nerviosa. No es para menos. Piñuña Negro ha sido particularmente golpeado por las acciones contrainsurgentes durante el Plan Colombia, ha sido muy militarizado, ha vivido innumerables combates, ha visto muchos muertos y decenas de sus dirigentes han sido arrestados. Desde el 2004, al menos 36 dirigentes sociales han sido arrestados. El Plan Colombia también generó un desplazamiento masivo: de unas 2500 familias que había en el corregimiento al inicio de este operativo, hoy no quedan más de 400. Hoy el casco urbano de Piñuña Negro parece un pueblo fantasma, con casas abandonadas cayéndose a pedazos y un comercio moribundo donde alguna vez hubo de todo. En algunas de las veredas del corregimiento, esto se nota con mucha mayor crudeza: Puerto Tolima alguna vez llegó a tener 100 familias, y hoy apenas tiene 2. No es de extrañar, entonces, que la presencia militar provoque escalofríos en muchos.
Había llegado la armada en esos dos helicópteros; unos 30 militares contra-guerrillas, armados hasta los dientes con fusiles de asalto, mira telescópica, visores, granadas y cada quien con dos revólveres cruzados en el pecho, se paseaban por fuera del lugar de reunión y por el resto del caserío. Parecía que iban a una guerra medio oriental en vez de a dialogar con un grupo de dirigentes comunitarios que estaban realizando una reunión perfectamente legal. La gente miraba desde la distancia lo que está pasando con nerviosismo. Nosotros nos acercamos a hablar con un capitán de la manera más afable posible, tratando de bajar la tensión y de garantizar que la reunión pueda finalizar.
Nos informan que hemos roto un protocolo. Al parecer, la inspectora de Piñuña Negro tiene un acuerdo con la fuerza pública, a todas luces inconstitucional, según el cual no se puede realizar ninguna reunión comunitaria sin previa autorización de los mandos militares y sin la presencia física de un uniformado. Tales disposiciones son propias de las dictaduras militares del Cono Sur, más no así de un país que se dice democrático. Nos pregunta el militar que qué estábamos conversando. Le decimos el objetivo de la reunión y los temas tocados. Parece que la respuesta lo tranquiliza. Era como si esperaba que el objetivo de la reunión fuera otro.
Pregunta a mi compañero que si las cosas estaban tranquilas en Piñuña Blanco. Con sorpresa, le explicamos lo del “atraco”, aunque ellos ya sabían pues las denuncias se habían hecho por la mañana. Además, resulta extraordinariamente extraño que el ejército no haya sabido del “atraco” –que a esa altura lo sabía Raimundo y todo el mundo-, pero que se hayan enterado tan rápido de una reunión comunitaria para irla a interrumpir –y de paso, para acosar y amedrentar a los participantes. El capitán nos dice entonces que anotemos su número telefónico y que en caso de un nuevo incidente, llamemos al ejército porque ellos no vacilarán en llegar a “proteger” a la comunidad. Nos dijo que en esa zona la comunidad los rechazaba y que hasta los “hostigaban”, pero que si la comunidad los llamaba, ellos irían.
Luego nos preguntan si iríamos a Puerto Ospina, donde también la comunidad está adelantando acciones para oponerse a la explotación petrolera en su territorio, también por parte de Amerisur Resources plc. Uno ya va entendiendo por dónde va la cosa.
Acto III -Peneya, Piñuña Blanco
En el último acto, dirigentes comunitarios de Peneya, Piñuña Blanco, nos explican que el sábado 3 de Junio, se habían aparecido los ejecutivos de la Amerisur Resources plc, llamando a una reunión a la dirigencia. Palabras más, palabras menos, le preguntaron a los dirigentes que cuando soltaban la tierrita. A lo cual los dirigentes exclamaron diciendo que eso no era una decisión que podían tomar ellos, sino que correspondía a la comunidad. Y que la comunidad tiene su evento programado para el 16 y 17 y que entonces tomarán una decisión informada.
También nos enteramos que, camino a Piñuña Negro, los helicópteros que sobrevolaron la reunión comunitaria, también habían sobrevolado el caserío de Puerto Bello. El mensaje era claro. El día 3 también hubo reunión de la Junta de Acción Comunal en Puerto Bello y la decisión de la comunidad, ante la zozobra generada en los últimos días fue reforzar la organización comunitaria, tender más puentes con otros procesos, visibilizar la problemática del extractivismo y la resolución de la comunidad de defender el territorio. Dentro de esto, se llamó a participar masivamente en la asamblea en Peneya, pedir acompañamiento a los otros movimientos sociales, y a pedir a las autoridades garantías para que la reunión se pueda realizar en paz.
Aun cuando estos tres actos, a primera vista, puedan parecer hechos aislados, pensamos que son parte de una misma tragedia que se viene viviendo no sólo en el Putumayo, sino en todo el territorio colombiano.
Ahí donde las FARC-EP abandonaron los territorios, en el marco del proceso de paz adelantado con el gobierno (en el cual, dicho sea de paso, solamente los guerrilleros están cumpliendo su parte del acuerdo), las multinacionales han puesto la mira para adelantar actividades extractivistas y agroindustriales. En esos territorios existía no solamente insurgencia armada, sino también, por decirlo así, una insurgencia social: comunidades en resistencia contra la imposición del modelo neoliberal extractivista, que han buscado activamente participar en procesos amplios por una transformación de las estructuras políticas y económicas del país, así como en la creación de alternativas en su propia realidad local. Para quebrar esta resistencia campesina, indígena y afrocolombiana, la fuerza pública está tolerando, sino patrocinando, una situación de inseguridad y zozobra. Es muy raro que asesinatos selectivos, el aumento de la inseguridad y el avance incontenible del paramilitarismo estén ocurriendo en las mismas narices del ejército más poderoso de América Latina, y que ellos se muestren impotentes para operar en contra de estos elementos criminales. Eso si, muestran gran efectividad cuando las comunidades se organizan para protestar.
¿Qué se busca con esta zozobra inducida? Que la comunidad, en su desesperación, termine por llamar al ejército para que venga a poner orden. Al mismo ejército que ha permitido que esto ocurra. Así ellos llegan por invitación (“llámenos si vuelven a ocurrir incidentes”), como salvadores. Pero detrás de la militarización del territorio, lo que llegará es la petrolera. Eso es lo que realmente buscan, y no la seguridad de la comunidad: lo que buscan es dar garantías y protección a la petrolera para adelantar el saqueo de los recursos, y la consecuente destrucción de la selva. Con el ejército enquistado en los pozos petroleros, como se ve en otras partes del Putumayo ¿quién podría protestar o resistirse? Y como se ve en todos los territorios militarizados, la criminalidad y el paramilitarismo no cesarán sino que ahí seguirán o hasta aumentarán, mientras las multinacionales podrán saquear en paz todo lo que quieran.
La comunidad en Piñuña Blanco está viendo claramente esta estrategia y no se está dejando engatusar. Sabe que la única garantía para que la paz llegue a su territorio es la unidad de los procesos comunitarios, el fortalecimiento de su autonomía, la creación de un verdadero poder popular que pueda, mediante las guardias campesinas y la acción comunitaria, enfrentar las amenazas ante las cuales la fuerza pública se muestra impotente. En estos momentos está claro que la seguridad del pueblo depende de la capacidad del mismo pueblo. Que la defensa del territorio no puede ser impulsada más que por la alianza de campesinos, indígenas y afros, con el respaldo de los sectores urbanos que se hacen solidarios de estos procesos. Por más que uno le dé vuelta al asunto, no hay de otra. Por eso es tan importante que el 16 y 17 las comunidades de Piñuña Blanco no estén solas y que se les tienda una mano solidaria en esa lucha que es la lucha de todos.
El jueves 1 de Junio, a eso de las 8 p.m., media docena de individuos encapuchados y vestidos de negro, llegan a la comunidad de Puerto Bello, en Piñuña Blanco, armados de escopetas y revólveres. Pese a que a primera vista podrían parecer meros atracadores, sobre todo por las precarias armas que portan, sumodus operandi parece ser el de paramilitares. Cortan las comunicaciones, agrupan a varias personas al borde del río y proceden a robar a personas específicas, sobre todo del comercio. Luego, después de dos horas de aterrorizar al caserío, roban un motor y se van con total tranquilidad río abajo con todo lo robado. Esto ocurre en las mismas narices de un batallón militar en la vereda de La Alea, adscrito a la Brigada de Selva Número 27, así como de la Fuerza Naval del Sur que opera en todo el río Putumayo.
Esta es la segunda acción de este tipo que ocurre en la zona. Hace unos meses, también se había producido una acción similar en la vereda Puerto Silencio. También han aparecido panfletos amenazantes de grupos paramilitares –que vienen avanzando a paso firme desde el occidente de Putumayo- y hasta de un grupo que se hacen llamar “Los de Sinaloa”. Esto ocurre cuando las FARC-EP ya no se encuentran en este territorio, sino que se encuentran concentrados en la Zona Veredal “Heiler Mosquera”, en La Carmelita. Un mal precedente de lo que puede esperar el pueblo de estos territorios de la presencia de la fuerza pública. Hasta los más timoratos reconocen que “estas vainas no se veían cuando las FARC estaban por acá”. En el pueblo corren rumores que, de hecho, la misma fuerza pública no sólo toleraría estas acciones sino que algunos elementos hasta estarían detrás de ellos. Sea como sea, la desconfianza es grande, al igual que la ansiedad.
Esta acción ocurrió apenas un día después de una reunión en la comunidad en la cual se trató el tema de la explotación petrolera y la necesidad de oponerse al intento de la multinacional Amerisur Resources plc–de origen británico- de comenzar tareas de prospección y explotación en la zona, en medio de las comunidades campesinas, de un consejo comunitario afro y de un resguardo indígena. Esta obsesión por perforar la tierra, contaminar los ríos y saquear los recursos es parte de la visión del post-conflicto del gobierno: que las multinacionales vayan ocupando los territorios donde nunca se habían podido meter, porque se encontraban las FARC-EP en ellos. Literalmente, los territorios de presencia histórica de esta insurgencia, hoy están de remate. Para resistir al extractivismo, se está llamando a todas las comunidades del río a una asamblea los días 16 y 17 de Junio en Peneya, cerca de Puerto Calderón.
Acto II -Piñuña Negro
El día 2 de Junio, al mediodía, durante una reunión en Piñuña Negro con dirigentes campesinos y líderes de juntas de acción comunal, para tratar el tema de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, dos helicópteros militares sobrevuelan la reunión. Están sobrevolando por mucho tiempo, hasta que después de una hora y media sobrevolando, deciden aterrizar. “Afuera está el ejército”, nos comenta una señora que estaba en la reunión y que había salido para comprar algunos refrigerios. Salimos a hablar con ellos, pues la gente comienza a ponerse nerviosa. No es para menos. Piñuña Negro ha sido particularmente golpeado por las acciones contrainsurgentes durante el Plan Colombia, ha sido muy militarizado, ha vivido innumerables combates, ha visto muchos muertos y decenas de sus dirigentes han sido arrestados. Desde el 2004, al menos 36 dirigentes sociales han sido arrestados. El Plan Colombia también generó un desplazamiento masivo: de unas 2500 familias que había en el corregimiento al inicio de este operativo, hoy no quedan más de 400. Hoy el casco urbano de Piñuña Negro parece un pueblo fantasma, con casas abandonadas cayéndose a pedazos y un comercio moribundo donde alguna vez hubo de todo. En algunas de las veredas del corregimiento, esto se nota con mucha mayor crudeza: Puerto Tolima alguna vez llegó a tener 100 familias, y hoy apenas tiene 2. No es de extrañar, entonces, que la presencia militar provoque escalofríos en muchos.
Había llegado la armada en esos dos helicópteros; unos 30 militares contra-guerrillas, armados hasta los dientes con fusiles de asalto, mira telescópica, visores, granadas y cada quien con dos revólveres cruzados en el pecho, se paseaban por fuera del lugar de reunión y por el resto del caserío. Parecía que iban a una guerra medio oriental en vez de a dialogar con un grupo de dirigentes comunitarios que estaban realizando una reunión perfectamente legal. La gente miraba desde la distancia lo que está pasando con nerviosismo. Nosotros nos acercamos a hablar con un capitán de la manera más afable posible, tratando de bajar la tensión y de garantizar que la reunión pueda finalizar.
Nos informan que hemos roto un protocolo. Al parecer, la inspectora de Piñuña Negro tiene un acuerdo con la fuerza pública, a todas luces inconstitucional, según el cual no se puede realizar ninguna reunión comunitaria sin previa autorización de los mandos militares y sin la presencia física de un uniformado. Tales disposiciones son propias de las dictaduras militares del Cono Sur, más no así de un país que se dice democrático. Nos pregunta el militar que qué estábamos conversando. Le decimos el objetivo de la reunión y los temas tocados. Parece que la respuesta lo tranquiliza. Era como si esperaba que el objetivo de la reunión fuera otro.
Pregunta a mi compañero que si las cosas estaban tranquilas en Piñuña Blanco. Con sorpresa, le explicamos lo del “atraco”, aunque ellos ya sabían pues las denuncias se habían hecho por la mañana. Además, resulta extraordinariamente extraño que el ejército no haya sabido del “atraco” –que a esa altura lo sabía Raimundo y todo el mundo-, pero que se hayan enterado tan rápido de una reunión comunitaria para irla a interrumpir –y de paso, para acosar y amedrentar a los participantes. El capitán nos dice entonces que anotemos su número telefónico y que en caso de un nuevo incidente, llamemos al ejército porque ellos no vacilarán en llegar a “proteger” a la comunidad. Nos dijo que en esa zona la comunidad los rechazaba y que hasta los “hostigaban”, pero que si la comunidad los llamaba, ellos irían.
Luego nos preguntan si iríamos a Puerto Ospina, donde también la comunidad está adelantando acciones para oponerse a la explotación petrolera en su territorio, también por parte de Amerisur Resources plc. Uno ya va entendiendo por dónde va la cosa.
Acto III -Peneya, Piñuña Blanco
En el último acto, dirigentes comunitarios de Peneya, Piñuña Blanco, nos explican que el sábado 3 de Junio, se habían aparecido los ejecutivos de la Amerisur Resources plc, llamando a una reunión a la dirigencia. Palabras más, palabras menos, le preguntaron a los dirigentes que cuando soltaban la tierrita. A lo cual los dirigentes exclamaron diciendo que eso no era una decisión que podían tomar ellos, sino que correspondía a la comunidad. Y que la comunidad tiene su evento programado para el 16 y 17 y que entonces tomarán una decisión informada.
También nos enteramos que, camino a Piñuña Negro, los helicópteros que sobrevolaron la reunión comunitaria, también habían sobrevolado el caserío de Puerto Bello. El mensaje era claro. El día 3 también hubo reunión de la Junta de Acción Comunal en Puerto Bello y la decisión de la comunidad, ante la zozobra generada en los últimos días fue reforzar la organización comunitaria, tender más puentes con otros procesos, visibilizar la problemática del extractivismo y la resolución de la comunidad de defender el territorio. Dentro de esto, se llamó a participar masivamente en la asamblea en Peneya, pedir acompañamiento a los otros movimientos sociales, y a pedir a las autoridades garantías para que la reunión se pueda realizar en paz.
Aun cuando estos tres actos, a primera vista, puedan parecer hechos aislados, pensamos que son parte de una misma tragedia que se viene viviendo no sólo en el Putumayo, sino en todo el territorio colombiano.
Ahí donde las FARC-EP abandonaron los territorios, en el marco del proceso de paz adelantado con el gobierno (en el cual, dicho sea de paso, solamente los guerrilleros están cumpliendo su parte del acuerdo), las multinacionales han puesto la mira para adelantar actividades extractivistas y agroindustriales. En esos territorios existía no solamente insurgencia armada, sino también, por decirlo así, una insurgencia social: comunidades en resistencia contra la imposición del modelo neoliberal extractivista, que han buscado activamente participar en procesos amplios por una transformación de las estructuras políticas y económicas del país, así como en la creación de alternativas en su propia realidad local. Para quebrar esta resistencia campesina, indígena y afrocolombiana, la fuerza pública está tolerando, sino patrocinando, una situación de inseguridad y zozobra. Es muy raro que asesinatos selectivos, el aumento de la inseguridad y el avance incontenible del paramilitarismo estén ocurriendo en las mismas narices del ejército más poderoso de América Latina, y que ellos se muestren impotentes para operar en contra de estos elementos criminales. Eso si, muestran gran efectividad cuando las comunidades se organizan para protestar.
¿Qué se busca con esta zozobra inducida? Que la comunidad, en su desesperación, termine por llamar al ejército para que venga a poner orden. Al mismo ejército que ha permitido que esto ocurra. Así ellos llegan por invitación (“llámenos si vuelven a ocurrir incidentes”), como salvadores. Pero detrás de la militarización del territorio, lo que llegará es la petrolera. Eso es lo que realmente buscan, y no la seguridad de la comunidad: lo que buscan es dar garantías y protección a la petrolera para adelantar el saqueo de los recursos, y la consecuente destrucción de la selva. Con el ejército enquistado en los pozos petroleros, como se ve en otras partes del Putumayo ¿quién podría protestar o resistirse? Y como se ve en todos los territorios militarizados, la criminalidad y el paramilitarismo no cesarán sino que ahí seguirán o hasta aumentarán, mientras las multinacionales podrán saquear en paz todo lo que quieran.
La comunidad en Piñuña Blanco está viendo claramente esta estrategia y no se está dejando engatusar. Sabe que la única garantía para que la paz llegue a su territorio es la unidad de los procesos comunitarios, el fortalecimiento de su autonomía, la creación de un verdadero poder popular que pueda, mediante las guardias campesinas y la acción comunitaria, enfrentar las amenazas ante las cuales la fuerza pública se muestra impotente. En estos momentos está claro que la seguridad del pueblo depende de la capacidad del mismo pueblo. Que la defensa del territorio no puede ser impulsada más que por la alianza de campesinos, indígenas y afros, con el respaldo de los sectores urbanos que se hacen solidarios de estos procesos. Por más que uno le dé vuelta al asunto, no hay de otra. Por eso es tan importante que el 16 y 17 las comunidades de Piñuña Blanco no estén solas y que se les tienda una mano solidaria en esa lucha que es la lucha de todos.
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