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"Sí se abrió la puerta para cambiar el acuerdo de paz": Enrique Santiago

Written By Allende La Paz - Revista Cambio Total on miércoles, mayo 24, 2017 | miércoles, mayo 24, 2017

REVISTA SEMANA.
El asesor jurídico de las Farc asegura que ahora el Congreso podrá renegociar lo pactado en La Habana, dice que es escéptico frente a la coalición social para apoyar el proceso y pide que el presidente haga uso de sus facultades extraordinarias.
El fallo de la Corte Constitucional sembró un manto de duda sobre la celeridad con las que se terminará de adecuar el andamiaje jurídico de la implementación del acuerdo con las FARC. La decisión que se tomó hace ocho días en el alto tribunal tumbo dos artítulos del fast track. El artículo ‘h’ que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del Gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no cada artículo.
Semana.com habló con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, sobre los efectos de la decisión.
Semana.com: ¿Cree que la Corte Constitucional puso en jaque el acuerdo de paz?
Enrique Santiago: La Corte ha ralentizado sumamente el proceso de implementación del acuerdo, tanto que en la práctica va a ser imposible que el calendario de implementación vigente –previsto en el punto seis del acuerdo para el primer año después de la firma- se pueda llevar a la práctica. Además, al declarar inexequible el literal H del artículo primero del Acto Legislativo, se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo. Es decir, al no estar limitado, prohibida o vetada la aprobación de normas que sean contrarias al acuerdo el resultado es que del proceso de implementación podrán aprobarse normas que no reflejan lo acordado en La Habana.
"Se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo".
Semana.com: Se ha dicho que las modificaciones que se tramiten deben ir en la misma vía de lo que se pactó, ¿realmente existe ese seguro?
E. S.: Yo no estoy de acuerdo porque el punto A dice que el procedimiento de fast track debe utilizarse para asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo. Sin embargo, este punto se complementa con el H que es el que se declaró inexequible y se refería a las modificaciones. Con esta decisión, se abre la puerta para que los cambios ya no sean conforme al acuerdo sino contrarias a él. La existencia del numeral A es una garantía con la que el Gobierno sigue teniendo la obligación de presentar leyes conformes al acuerdo, pero la obligación del Congreso de sólo aprobar modificaciones cuando son conformes a lo que se pactó, desaparece.
Semana.com: Por ejemplo... ¿se pueden modificar las penas alternativas?
E. S.: Claro, el Gobierno tendrá que presentar los proyectos ajustados al acuerdo pero luego en el Congreso pueden modificar lo relativo a las sanciones, a la reforma rural, a la participación política, las garantías de seguridad y desaparición del paramilitarismo. Una cosa sorprendente es la resistencia que hay para poner en marcha las medidas que garantizan el monopolio del uso de la fuerza y de las armas en manos del Estado.
Semana.com: ¿A qué se refiere?
E. S.: En cualquier Estado de Derecho el monopolio de la fuerza y de las armas corresponde en exclusiva al Estado. Por eso es que no se entiende la resistencia que hay en distintos sectores para que las normas que garantizan ese monopolio se lleven a la práctica. Los argumentos que dan algunos de que el acuerdo de justicia persigue civiles inocentes no se sustenta. Las personas que son inocentes igualmente lo van a ser ante un tribunal ordinario o uno de justicia para la paz. De lo que se trata es de poner en marcha normas que garanticen ese monopolio del uso de la fuerza y las armas por parte del Estado que no ha existido. Este es uno de los temas que más preocupa a todos los sectores que han apostado por la paz. En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones.
"En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones".
Semana.com: ¿Ve en la decisión de la Corte Constitucional una oportunidad para legitimar los acuerdos?
E. S.: Lo que yo veo a diario son declaraciones de agentes políticos que se oponen al acuerdo y que proponen la necesidad de variarlo. Limitar los contenidos, hacerlo "trizas" y acabarlo siempre apelando a la paz. Ellos aportan las ideas que tienen pero son las posiciones que manejó el gobierno del presidente Álvaro Uribe donde fue imposible llegar a un acuerdo con las Farc y el ELN. Parece mentira que se insista en utilizar propuestas que han resultado históricamente fracasadas y despreciando los contenidos de un acuerdo que ya se consiguió para ponerle fin a más de 50 años de conflicto. Eso es una realidad. Con el argumento de que todo el mundo quiere la paz, políticamente nadie va a declarar lo contrario. Pero constantemente se está alegando por sectores que se han opuesto al proceso la necesidad de variar el contenido de La Habana.
Semana.com: ¿Cuáles son las consecuencias?
E. S.: Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad. Eso puede extenderse, por ejemplo, a inversiones extranjeras. Es decir, los inversionistas se verán atraídos de realizar inversiones si se trata de un país donde no se respeta lo que ha acordado el Gobierno anterior.
"Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad".
Semana.com: ¿Ve preocupados a los miembros de las Farc?
E. S.: Tanto los comunicados que han salido del Secretariado como de su comandante muestran una seria preocupación y angustia por lo que está pasando. Es muy peligroso que esa situación continúe de forma indefinida. Se debe eliminar rápidamente dando garantías de cumplimiento de lo acordado por parte del Estado. Las consecuencias pueden ser evidentemente muy difíciles y pueden provocar un retroceso importante en la implementación. 
Semana.com: ¿Cree que una coalición social es la mejor vía para blindar el acuerdo?
E. S.: Las Farc han manifestado la necesidad de una voluntad de todos los sectores que defienden la paz de forma coherente. No sólo de palabra sino los que han tenido actos de apoyo con este proceso. En todo caso, desde mi punto de vista la única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales que se recogen en la constitución para alcanzar acuerdos de paz e implementarlos. 
"La única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales".
Semana.com: ¿Aún faltan cosas por precisar en el caso de los terceros civiles? Por ejemplo... cómo van los paramilitares
E. S.: En el acuerdo de La Habana está absolutamente definido en el Acto Legislativo. Entonces, todos aquellos que se hayan sometido a la Jurisdicción de Justicia y Paz y estén en cursos de procedimientos judiciales o hayan ya obtenido sus sentencias, obviamente la Jurisdicción Especial de Paz no tiene competencias sobre ellos. No faltaba más, es el principio de cosa juzgada. Frente a aquellos que no se sometieron a la primera le Jurisdicción Especial de Paz si va a tener competencias. ¿En qué términos?, en los que se establecen en el Acto Legislativo que es conforme a lo que se acordó en La Habana respecto a combatientes paramilitares o terceros civiles que han participado con esos grupos. 
Semana.com: Todo apunta a que la dejación no concluirá el día 180, ¿cómo se resuelve el tema de los delitos continuados?
E. S.: Se estableció que la Jurisdicción Especial de Paz se aplica también para todos los actos realizados por las Farc durante el proceso de dejación de armas. El Acto Legislativo no habla de una fecha sino de un proceso. Eso no es ningún problema.
Semana.com: ¿Caballitos de batalla como el narcotráfico y la extradición podrán traerse a colación en el trámite de la Ley Estatutaria?
E. S.: No porque eso ya está aprobado en un Acto Legislativo. Eso ya es norma constitucional. Otra cosa es que la Fiscalía no lo aplique sorprendentemente. Como han alegado por escrito en varias resoluciones posteriores a la aprobación del Acto Legislativo donde dicen que no hay norma aprobada que permita suspender un proceso de extradición. Claro que lo hay. En el Acto Legislativo figura claramente que cualquier desarrollo de esas normas debe hacerse conforme lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Otra es que yo no sé si van a intentar alterar el contenido, espero que no. Eso tendría trágicas consecuencias. Uno de lo acuerdos fundamentales de La Habana fueron las garantías de no extradición para los antiguos integrantes de las Farc. Nadie va a hacer la paz para que lo extraditen a Estados Unidos como ha ocurrido en casos recientes.
Semana.com: ¿Le preocupan los tiempos?
E. S.: Lo que me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz. No tengo que explicar cómo han acabado los dirigentes de las organizaciones insurgentes que han firmado acuerdos de paz. Algunos han acabado asesinados y no se ha respetado el contenido de los acuerdos. Parecía que en esta ocasión el Estado iba a variar esa tendencia histórica e iba a garantizar los acuerdos. Es una auténtica tragedia que en la instauración tampoco el Estado estuviera en condiciones de garantizar el cumplimiento del acuerdo. El Estado está en condiciones de garantizar el cumplimiento. Bueno, al menos por parte del Ejecutivo y buena parte del Legislativo se hacen esfuerzos por garantizar el cumplimiento. Sin embargo, hay fuerzas oscuras que constantemente trabajan para no implementarlo y dejarlo en papel mojado y eso me parece desperdiciar un momento histórico para acabar con una guerra tan larga.
"Me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz".
Semana.com: ¿Teme que también se caiga la Ley de Amnistía en la Corte Constitucional?
E. S.: La corte va a situar como principio orientador en cualquiera de sus resoluciones la paz, el derecho y la obligación de construirla que figuran en el artículo 22 de la Constitución. La paz como ese derecho síntesis fundamental para la garantía de los demás derechos. Por una cuestión formal se ha declarado inexequible el decreto que garantizaba el mecanismo de protección a los antiguos guerrilleros. Me imagino que todos se dan cuenta de las consecuencias que esto tiene. Si el Estado es incapaz de poner en marcha las garantías de seguridad que combatan el paramilitarismo y a la vez deja sin efecto las medidas aprobadas por el Ejecutivo para garantizar la protección individual, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que se está exponiendo a los guerrilleros a un grave riesgo para su vida.
El asesinato de guerrilleros y sus familias se está evidenciando desde el mes de abril Espero que la Corte Constitucional, estoy seguro, va a garantizar la aplicación de ese principio orientador del derecho a la paz, de la obligacion de construir la paz y francamente espero que no deje sin efecto la Ley de Amnistía. No hay un proceso de paz que se construya hasta que no haya garantías de aplicación de una amnistía.
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