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Un congreso de espalda al país y que no quiere la Paz

Written By Allende La Paz - Revista Cambio Total on jueves, marzo 23, 2017 | jueves, marzo 23, 2017

Allende La Paz.

La Cámara de Representantes, la misma que se ha negado a juzgar a Álvaro Uribe Vélez por las más de 250 denuncias que tiene en la Comisión de Acusaciones de esa célula legislativa (la única que puede juzgar a los presidentes), se quedó sin quórum y no se pudo continuar con la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Es una práctica recurrente de parte de los “padres de la patria” ausentarse de las deliberaciones para evitar que sean aprobados proyectos que favorecen al pueblo. En cambio, se dan correntillas cuando se trata de proyectos de ley que favorecen los interes de los ricos, los empresarios, los ganaderos, los terratenientes, etc. Evidentemente que aquí está presente el clásico “interés de clase” que favorece al Bloque Dominante de Poder. Para el pueblo nada, para los ricos todo.

Mas el pueblo se manifiesta en contra de ese tratamiento dado a sus peticiones, en este caso la implementación del Acuerdo Final para una Paz estable y duradera.

Víctimas se pronuncian en la CIDH

Las víctimas que al paso que vamos van a terminar siendo excluídas de la esperada justicia con el Acuerdo Final de Paz han sentado su voz de protesta porque la Cámara de Representantes –el congreso colombiano está conformado por senado y cámara de representantes- ha excluído a los “terceros civiles” (financiadores del narco-paramilitarismo, empresarios, financistas, ganaderos, terratenientes, etc) de la competencia de la JEP en contra vía de lo firmado en el Acuerdo Final de Paz y han dejado en claro que ésta interpretación amañada de la Cámara genera impunidad para los miles de víctimas asesinadas por el Terrorismo de Estado adelantado por las fuerzas militares-narcoparamilitares.

Las FARC-EP han cumplido

Las FARC-EP han cumplido con las víctimas y han reconocido su responsabilidad de actos derivados del conflicto armado. Prueba de ello es que desde que las FARC-EP decretaron la tregua unilateral de fuegos no se ha presentado ninguna víctima mortal por ella causada ni hay denuncias de ninguna víctima no mortal. Es de señalar que las FARC-EP tambien decretaron el cese de las retenciones como forma de financiamiento de la organización insurgente armada y los más amplios favorecidos son precisamente los sectores que están contra el proceso de paz (empresarios del campo, ganaderos, terratenientes).

El gobierno y el estado han incumplido

El gobierno de JM Santos y el estado en su conjunto –Congreso, Justicia, Fiscalía- han incumplido con las FARC-EP, con el pueblo colombiano y con el Acuerdo Final de Paz. Esos incumplimientos van desde:

  • el escamoteo del reconocimiento de la responsabilidad estatal -83% de las masacres, 83,3% de ejecuciones o asesinatos selectivos, 97,7% de desapariciones forzadas por motivos politicos, 100% de desplazamiento forzado son responsabilidad estatal-,
  • el incumplimiento en la construcción de los campamentos de las zonas veredales,
  • incumplimiento en la liberación de guerrilleros y líderes sociales y políticos presos en las aberrantes cárceles del Sistema,
  • hasta el incumplimiento en la aprobación de las leyes necesarios para continuar con la implementación del Acuerdo Final de Paz.
  • La Fiscalía entra a torpedear la JEP y pretende favorecer a sus “clientes” –como en el caso de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo-, como si “hacerse los de la vista gorda” no fuera una forma corrupción.


Sigue activo y asesinando el Terrorismo de Estado

Es evidente que desde el Estado se sigue aplicando el Terrorismo de Estado. El estado sigue desarrollando la guerra al seguirlo aplicando. Muestra de ello son las ejecuciones extrajudiciales -asesiantos selectivos- de 120 líderes populares en el 2016 y de 15 este año 2016.

El pueblo debe tomar atenta nota de quiénes se oponen y quiénes favorecen la aprobación de las leyes del fast track para el Acuerdo Final y castigarlos negándoles sus votos. Apoyar a los sectores que están por la Paz y la Implementación del Acuerdo Final debe ser el imperativo de los ciudadanos en la próxima campaña del 2018.

Debemos con la movilización popular ante las políticas del régimen y con el voto por los sectores afines al proceso de paz comenzar a rediseñar la forma de hacer política en el país, política que debe favorecer los intereses de las amplias mayorías pobres de nuestro país.
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