Allende La Paz.
La Cámara de
Representantes, la misma que se ha negado a juzgar a Álvaro Uribe Vélez por las
más de 250 denuncias que tiene en la Comisión de Acusaciones de esa célula
legislativa (la única que puede juzgar a los presidentes), se quedó sin quórum
y no se pudo continuar con la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz
(JEP).
Es una práctica
recurrente de parte de los “padres de la patria” ausentarse de las deliberaciones
para evitar que sean aprobados proyectos que favorecen al pueblo. En cambio, se
dan correntillas cuando se trata de proyectos de ley que favorecen los interes
de los ricos, los empresarios, los ganaderos, los terratenientes, etc.
Evidentemente que aquí está presente el clásico “interés de clase” que favorece
al Bloque Dominante de Poder. Para el pueblo nada, para los ricos todo.
Mas el pueblo se
manifiesta en contra de ese tratamiento dado a sus peticiones, en este caso la
implementación del Acuerdo Final para una Paz estable y duradera.
Víctimas se pronuncian en la
CIDH
Las víctimas que al paso
que vamos van a terminar siendo excluídas de la esperada justicia con el
Acuerdo Final de Paz han sentado su voz de protesta porque la Cámara de
Representantes –el congreso colombiano está conformado por senado y cámara de
representantes- ha excluído a los “terceros civiles” (financiadores del
narco-paramilitarismo, empresarios, financistas, ganaderos, terratenientes,
etc) de la competencia de la JEP en contra vía de lo firmado en el Acuerdo
Final de Paz y han dejado en claro que ésta interpretación amañada de la Cámara
genera impunidad para los miles de víctimas asesinadas por el Terrorismo de
Estado adelantado por las fuerzas militares-narcoparamilitares.
Las FARC-EP han cumplido
Las FARC-EP han cumplido
con las víctimas y han reconocido su responsabilidad de actos derivados del conflicto
armado. Prueba de ello es que desde que las FARC-EP decretaron la tregua
unilateral de fuegos no se ha presentado ninguna víctima mortal por ella
causada ni hay denuncias de ninguna víctima no mortal. Es de señalar que las
FARC-EP tambien decretaron el cese de las retenciones como forma de
financiamiento de la organización insurgente armada y los más amplios
favorecidos son precisamente los sectores que están contra el proceso de paz
(empresarios del campo, ganaderos, terratenientes).
El gobierno y el estado han
incumplido
El gobierno de JM Santos
y el estado en su conjunto –Congreso, Justicia, Fiscalía- han incumplido con
las FARC-EP, con el pueblo colombiano y con el Acuerdo Final de Paz. Esos
incumplimientos van desde:
- el escamoteo del reconocimiento de la responsabilidad estatal -83% de las masacres, 83,3% de ejecuciones o asesinatos selectivos, 97,7% de desapariciones forzadas por motivos politicos, 100% de desplazamiento forzado son responsabilidad estatal-,
- el incumplimiento en la construcción de los campamentos de las zonas veredales,
- incumplimiento en la liberación de guerrilleros y líderes sociales y políticos presos en las aberrantes cárceles del Sistema,
- hasta el incumplimiento en la aprobación de las leyes necesarios para continuar con la implementación del Acuerdo Final de Paz.
- La Fiscalía entra a torpedear la JEP y pretende favorecer a sus “clientes” –como en el caso de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo-, como si “hacerse los de la vista gorda” no fuera una forma corrupción.
Sigue activo y asesinando el
Terrorismo de Estado
Es evidente que desde el
Estado se sigue aplicando el Terrorismo de Estado. El estado sigue desarrollando la guerra al seguirlo aplicando. Muestra de ello son las ejecuciones extrajudiciales -asesiantos selectivos- de 120 líderes populares en el 2016 y de 15 este año 2016.
El pueblo debe tomar
atenta nota de quiénes se oponen y quiénes favorecen la aprobación de las leyes
del fast track para el Acuerdo Final
y castigarlos negándoles sus votos. Apoyar a los sectores que están por la Paz
y la Implementación del Acuerdo Final debe ser el imperativo de los ciudadanos
en la próxima campaña del 2018.
Debemos con la
movilización popular ante las políticas del régimen y con el voto por los
sectores afines al proceso de paz comenzar a rediseñar la forma de hacer
política en el país, política que debe favorecer los intereses de las amplias
mayorías pobres de nuestro país.
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