Por Colombia Informa / Kaos en la red.
El asesinato de la lideresa Alicia López Guisao se suma a la muerte de 23 líderes sociales en lo que va del 2017. El jueves 2 de marzo en pleno centro de Medellín un grupo de hombres asesinó a la lideresa que trabajaba con la Cumbre Agraria en el departamento del Chocó. En 2016 fueron […]
El asesinato de la lideresa Alicia López Guisao se suma a la muerte de 23 líderes sociales en lo que va del 2017. El jueves 2 de marzo en pleno centro de Medellín un grupo de hombres asesinó a la lideresa que trabajaba con la Cumbre Agraria en el departamento del Chocó.
En 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales en Colombia. Desde 2002 suman más de 500 defensores de derechos humanos. El asesinato de Alicia López Guisao en Antioquia es el cuarto en este departamento desde el mes de diciembre de 2016 y el sexto asesinato de una mujer comprometida con las comunidades.
Mientras crecen los asesinatos de líderes y lideresas sociales en todo el país, el presidente Juan Manuel Santos insiste en que la paz avanza en todo el territorio nacional. En memes y caricaturas aún se critica las declaraciones del ministro de defensa Juan Carlos Villegas: “En Colombia no existe el paramilitarismo”. Igualmente resuenan las declaraciones del Fiscal General de la Nación quien señaló que no existe ninguna sistematicidad en los asesinatos.
Lo cierto es que el Estado colombiano carece de medidas para prevenir los crímenes y garantizar justicia para las víctimas. Según la Comisión Asesora de Política Criminal, entre 2005 y 2010 el nivel de impunidad alcanzó el 96%.
Mientras la Fiscalía y el Ministerio de Defensa les restan importancia a los crímenes, el director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, insiste en hacer llamados a la Fiscalía y a la Fuerza Pública para que se investiguen los casos: “Están masacrando a los líderes sociales; su trabajo es completamente legal y desde el Estado debemos brindarles protección para sus vidas e integridad para que puedan continuar con las labores que adelantan diariamente”.
Mientras la Fiscalía y el Ministerio de Defensa les restan importancia a los crímenes, el director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, insiste en hacer llamados a la Fiscalía y a la Fuerza Pública para que se investiguen los casos: “Están masacrando a los líderes sociales; su trabajo es completamente legal y desde el Estado debemos brindarles protección para sus vidas e integridad para que puedan continuar con las labores que adelantan diariamente”.
Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz-, solo en 2016 fueron identificadas 13 estructuras narcoparamilitares con presencia en 351 municipios de 31 departamentos en Colombia. Antioquia es el departamento más afectado, ya que reporta presencia paramilitar en más de 70 municipios. Otros estudios plantean que en 1 de cada 3 municipios hay presencia de los paramilitares.
Indepaz en su informe plantea que las 13 estructuras paramilitares identificadas buscan centrarse en el control de negocios ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la seguridad privada, el tráfico de personas y el lavado de dinero. Otras de estas estructuras criminales manejan negocios de microtráfico, prostitución o préstamos. El informe coincide en que todos estos grupos buscan fortalecer sus nexos con las fuerzas militares de Colombia y coinciden en los ataques contra la población.
Mientras el gobierno colombiano celebra aún los acuerdos de paz logrados con las Farc y el inicio de la dejación de armas de este grupo insurgente; así como el inicio de las negociaciones con el ELN, la pregunta que persiste en el movimiento social y en los defensores de derechos humanos es: ¿Se avecina otro exterminio como el ocurrido en los años 80 y 90, como el de la UP y A Luchar?
CI FC/DM/03/03/2017/08:30
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