México: Seguridad para los burgueses, terrorismo contra los trabajadores

Por OLEP / Kaos.

Ley de Seguridad Interna

Desde que el ejército ha estado en las calles las consecuencias para el pueblo han sido desastrosas: más de 30 mil desaparecidos, 225 mil ejecutados, 170 mil desplazados forzadamente —todo según versiones oficiales–, 3,139 violaciones a los derechos humanos de los defensores de esos mismos derechos. Cuando el gobierno mexicano adoptó las políticas emanadas de la Iniciativa Mérida, diversas organizaciones sociales alzaron la voz para denunciar que dicha estrategia significaría la implementación del terrorismo de Estado en México que, en pocas palabras, significa el uso sistemático del terror con la finalidad de destruir el tejido social, ejercer control social y eliminar cualquier oposición a las políticas neoliberales y antipopulares que lleva a cabo el gobierno. Sin embargo, el proceso de militarización de la vida social lleva muchos años gestándose lentamente, por ejemplo, desde que en 1999 se fundó la Policía Federal Preventiva (ahora Policía Federal), simplemente cambiándole a un grupo de militares el uniforme verde por uno gris, la lógica castrense fue permeando en las tareas de seguridad pública.

La salida de los militares a las calles sólo fue una parte de la punta del iceberg de un proceso más profundo que pasa por la necesidad del imperialismo estadounidense y las oligarquías nacionales de legitimar y legalizar las dictaduras militares en América Latina. En México, con la iniciativa mencionada, se implementó la estrategia de crear un “enemigo interno”, al cual era necesario combatir si no queríamos terminar presos del desorden, el descontrol y la ilegalidad. Fue así que en el 2006 el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, declaró la “guerra contra el narcotráfico” y sacó de los cuarteles a las fuerzas armadas con la justificación de que las instituciones del Estado estaban “infiltradas” y eran incapaces de hacer efectivo el estado de derecho.

Sin embargo, después de 10 años de presencia militar en las calles sabemos que para el gobierno mexicano el narcotráfico no es el enemigo al cual combatir, sino el pueblo organizado; que los militares, mediante el terrorismo de Estado, cumplen tareas de contrainsurgencia con el objetivo de minar la organización popular, ya que cuando hablan de “salvaguardar” el estado de derecho significa combatir a todo aquél que se oponga a la imposición de una serie de políticas antipopulares que sólo benefician a la burguesía y ponen al país en bandeja de plata para la explotación de sus recursos. Queda claro que no estamos frente a un Estado debilitado o fallido, sino todo lo contrario, un Estado fuerte que ha impuesto a sangre y fuego una serie de reformas neoliberales incluidas en el Pacto por México.

A finales del año pasado el Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, afirmó: “nosotros no pedimos estar aquí. No nos sentimos a gusto. Los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes”. A la par de estas declaraciones los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron al poder legislativo tres propuestas para la creación de una Ley de Seguridad Interior, mediante la cual pretenden dar un marco jurídico y “regular” las acciones que las fuerzas armadas vienen realizando en materia de Seguridad Pública.

Según reza la propia ley, el objetivo de la misma será “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes”, por lo cual la intervención de las fuerzas armadas estará justificada cuando ocurran “actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional […] o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico [causados por el hombre]”.

No es casualidad que la propuesta de ley se presente cuando el descontento popular se ha exacerbado, consecuencia del empobrecimiento acelerado que están sufriendo grandes masas de la población, cuando la resistencia y la protesta ha llegado a lugares y sectores en los cuales antes no se manifestaba y cuando la organización popular busca caminos para fortalecerse. Sería ingenuo de nuestra parte pensar que los militares ya se cansaron o que, como dice el general Cienfuegos, “no estudiaron” para las tareas que ahora desempeñan. Eso es totalmente una mentira, los militares sí están cumpliendo con las tareas para las cuales fueron entrenados, los militares están en las calles llevando a cabo acciones de contrainsurgencia y protegiendo los intereses de la oligarquía mexicana, sólo que ahora quieren que la ley legitime sus acciones, para fortalecer a un Estado cuyo principal pilar para imponer sus intereses es la violencia.

En este tenor es que se puede afirmar que con la Ley de Seguridad Interna lo único que se pretende es hacer legal lo ilegal, es decir, que toda la serie de violaciones a derechos humanos que lleva a cabo el ejército dejarán de serlo al existir un marco legal que permita su actuación, ya que ahora será legal, entre otras cosas, “hacer uso de cualquier método de recolección de información” al momento de realizar tareas de inteligencia, léase torturar, desaparecer, ejecutar y demás métodos de coerción utilizados contra la lucha del pueblo. Sólo será necesario un decreto del Ejecutivo Federal o una solicitud del poder legislativo y estatal para suspender legalmente las garantías individuales de la población. Sin embargo, esto no debe atemorizarnos, en la realidad ya hay partes del país en las que están suspendidas las garantías individuales, en donde los métodos de terror son pan de cada día, pero también ahí hay gente resistiendo, luchando y organizándose, porque donde haya una bota militar socavando a nuestro pueblo y abriendo paso a la ferocidad de la burguesía habrá también un socialista organizando, agitando, luchando codo a codo con el pueblo, con la plena convicción de que el peso de la historia está de nuestro lado.

¡Luchar con dignidad, con el pueblo organizado, luchar hasta vencer!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección REPRESION del No. 23 de FRAGUA , órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Febrero-Marzo 2017.

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