Por Allende La Paz.
Colombia es un país en
que todo el tiempo salta de un escándalo de corrupción a otro. Se roban 50
billones de pesos al año, es decir, un billón mensual, y en éste cálculo de
queda corta la Contraloría.
Son miles los escándalos
y uno tapa al otro y le resta importancia al escándalo predecesor. Hay
zonas que son especiales para robarse toda la plata, en otras invierten si
acaso el 40%, y en otras un poquito más. En algunas regiones son más cuidadosos
para robar, en otras son descarados, en otras nada les importa y van por todo. Mas
en todo el país los politiqueros y los ”contratistas” roban porque esa es la
razón del sistema sobre el cual se asienta la corrupción, la ganancia a
ultranza.
Ejemplos tenemos a
granel. En el Chocó no tienen ningún rescoldo moral ni ético para robar los
dineros estatales. Total, esos ”negros” e ”indios” están “acostumbrados” a
vivir en la miseria, creen ellos. Nacieron pobres y vivirán pobres per secula seculorum. En el Atlántico,
los Names y Gerlein se robaban todo, hasta que llegó el “Cura” y robó un poco
menos y el pueblo se acostumbró a ello; ahora a Char le tocó seguir esa línea. Roban menos, pero roban y “algo” dejan para el pueblo, es el decir.
Por ello existe el
Neoliberalismo. Explotación salvaje, mercado salvaje, corrupción salvaje,
terrorismo de estado dalvaje. Hay que amasar fortuna al precio que sea, no
importa si atropellas a los más humildes y necesitados, y si alguno se
atraviesa y denuncia, pues plomo con él y se acabó el problema. El denunciante
es alguien anti-sistema, ese quiere acabar el Sistema capitalista.
El último escándalo
corre por cuenta de Odebrecht y tiene en aprietos al estado y a la clase
politiquera, es decir, liberales, conservadores, de la U, Cambio Radical, etc. Ha
levantado una oleada en los medios en poder de la oligarquía (El Tiempo, El
Espectador, Revista Semana, Caracol, RCN, etc) y aprovechándolo tratan de
minimizar el impacto histórico del Acuerdo Final para una Paz estable y
duradera entre las FARC-EP y el gobierno nacional con el argumento que ahora sí
al firmar el Acuerdo Final llegó la hora del combate a la corrupción.
El objetivo es claro, minimizar
la simpatía del pueblo con las FARC-EP y abonar el terreno para descalificar al
próximo partido político que nacerá de ellas al señalar o insinuar que nació
corrompido, como todos los partidos políticos del establecimiento, salpicando
su enorme podredumbre, como si las FARC-EP estuvieran llegando al “establecimiento”
y no a adelantar la lucha política de clases “por otros medios”, por medios
legales y sin uso de las armas, en contra del actual estado de cosas.
Si antes las FARC-EP eran
el “demonio” al cual le endilgaban todas las causas de los males del país,
ahora también las FARC-EP están corrompidas –o susceptibles de corrupción- por
el escándalo Odebrecht. Para ello viajó el leguleyo Fiscal General, no a
recabar pruebas contra los verdaderos implicados en el caso de marras porque ya
las pruebas van saliendo con cada nuevo detenido, sino a recabar “pruebas” que
comprometan a las FARC-EP, organización objetivo estratégico de la Fiscalía de
Néstor Humberto Martínez. La cuestión pintaba fácil. La Procuraduría y la
Fiscalía brasileñas están metidas de lleno en la corrupción, como lo prueba el
golpe de estado propinado por los corrompidos politiqueros brasileros al
gobierno de Dilma Roussef.
Que las FARC-EP hubiese “cobrado”
a una empresa extranjera un impuesto para permitir adelantar una obra de
infraestructura era algo normal ya que ellas actuaban de hecho como un estado
en sus zonas de presencia militar-política. Igual hace el estado al cobrar
impuestos sobre los contratos y sobre la compra de materiales de construcción,
impuestos a los trabajadores de las obras, impuestos sobre los activos y
pasivos de las empresas, etc, etc.
Ahora, si el estado no
lo hacía o hace obedecía a la parte de corrupción denunciada, dineros pagados “debajo
de la mesa”, la cual era pagada a los funcionarios estatales y a los encargados
de hacer lobby para la consecución fraudulenta de los contratos. Ahí está la
corrupción. No hay libre competencia entre las empresas –abc del
neoliberalismo-, sino que esa corrupción permitía –y permite- que unos pocos
avivatos se enriquezcan a costa de los colombianos, que son quienes en últimas
pagan los sobornos de las empresas ya que éstos son deducidos del valor total
de las obras.
Al Fiscal Martínez le
salió “sangre en el ojo” y, como buen empleado de los empresarios burgueses,
pretende enlodar una imagen como las de las FARC-EP que el pueblo reconoce como
una guerrilla luchadora contra el régimen colombiano, verdadero causante de los
sufrimientos del pueblo. Le falló el cálculo al abogaducho. En varias
ocasiones tal posición del Fiscal lo ha llevado a convertirse en una ”vaca
muerta” en el camino de la Paz en Colombia.
El pueblo sabrá
enfrentar a esas ”vacas muertas” y ya de hecho lo está haciendo. Serán
arrasados por el paso avasallador de las masas populares en lucha por sus más
sentidas reivindicaciones, la Paz entre ellas, paso previo para construir la
Nueva Colombia en Paz con Justicia Social.
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