Por Alfredo Molano Jimeno / Natalia Herrera - El Espectador.
El asesor jurídico de las Farc habló de la dejación de armas, los problemas en la implementación de los acuerdos y denunció que hay un “mico” en el tratamiento diferenciado de agentes del Estado, que permitiría que los servidores públicos que se han enriquecido gracias a la guerra queden impunes.
Esta semana el Congreso debe realizar el último debate del Acto Legislativo para la Paz, ¿cómo ve el texto tramitado hasta ahora?
Ha habido aportes importantes por parte del Congreso, que han permitido enriquecer y mejorar el Acuerdo. Pero también ha habido intentos de renegociarlo y eso no es lícito. El Acuerdo firmado en el teatro Colón el 24 de noviembre fue refrendado por el Congreso y eso le da una fuerza jurídica. Además, no corresponde a la fase de implementación renegociar algo que se construyó durante cinco años de conversaciones.
¿A qué se refiere cuando habla de intentos de renegociar el Acuerdo?
De situaciones en las que quizás con buena voluntad se intentan modificaciones que no son parciales y que atentan contra el espíritu del Acuerdo. Es decir, modificaciones que dan privilegios a algunos sectores que deben someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y este es un sistema equitativo. En concreto, las formuladas por la Fiscalía que han pretendido sustraer de la competencia de la JEP a guerrilleros y terceros para que queden bajo la justicia ordinaria. Y eso quiebra la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, que se aplica por igual a las partes que han tenido relación con el conflicto.
¿Cómo ha visto el papel del fiscal general, Néstor Humberto Martínez?
El fiscal debe respetar lo acordado, porque eso debe cumplirse. Y lo que he visto es que hace propuestas que favorecen a un colectivo y perjudican a otro. No son equitativas, y eso es inaceptable en un sistema judicial que propone tratar a las partes por igual.
¿Cree que intenta minar el Acuerdo en materia de justicia?
Pues él ha manifestado que es un acuerdo imperfecto que hay que corregir.
También hay diferencias respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía, ¿cuál es el asunto?
El comunicado de la Fiscalía del 27 de febrero no deja de llamar poderosamente la atención. Primero, porque está aplicando criterios discriminatorios a la hora de aprobar las amnistías. Sólo se la está dando a aquellos que habían abandonado las filas de las Farc antes del Acuerdo de Paz. Llama la atención que no estén priorizando al colectivo más grande, que es los que permanecen en las filas, presos o en las zonas veredales. Y eso no es un criterio jurídico, sino político.
¿Quiere decir que está privilegiando a los desertores y no a quienes firmaron el Acuerdo de Paz?
Desde luego está priorizando los casos de exguerrilleros sometidos a la Ley de Justicia y Paz. Y desde luego la demora en la aplicación de la amnistía, que lleva dos meses de aprobada, está generando mucha inseguridad, angustia y preocupación. No solo en las cárceles, sino en todos los integrantes de las Farc, especialmente en las bases. Lo que me preocupa es que esto puede causar incredulidad hacia lo acordado y hacia quienes negociaron. Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora.
Es irresponsable, porque si algo ha caracterizado el proceso con las Farc es un bajísimo número de disidencias, en comparación con cualquier proceso en el mundo. Los estudios hablan de que en promedio entran en disidencia el 20 % de los miembros de un grupo y en este caso no se llega al 8 %. Así que es muy peligroso que no se cumpla con la implementación de lo pactado.
¿Y porque cree que se está incumpliendo?
No quiero generalizar. Ha habido jueces y fiscales que han aplicado la ley con celeridad, pero creo que lo que hay es una falta de comprensión del momento histórico que se vive en muchas instituciones del Estado.
Pasemos al tema de los militares y la polémica acerca de la cadena de mando, ¿cómo interpreta lo que se ha dicho desde los cuarteles?
Hay dos cuestiones que quizás las Fuerzas Militares no acababan de comprender. Primero, la importancia del ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades. Eso es sanador, normaliza la situación política del país, contribuye a la reconciliación y, sobre todo, permite el funcionamiento ágil de la JEP. El otro tema es que veo que hay quienes se están preocupando por eludir responsabilidades desde la cúpula de la cadena de mando y buscan que los mandos medios sean quienes respondan. Eso no es ni justo ni valiente. Todos tienen que asumir la responsabilidad en el grado que les corresponde.
¿Los militares le temen a la verdad?
No creo que sea toda la institución, pero sí hay sectores que tienen pánico a que se conozca la verdad. En todos los procesos de paz hay resistencia a que se conozca la verdad por parte de los combatientes, porque en una guerra no actúan angelitos, sino guerreros.
¿Le temen a la verdad o a la Corte Penal Internacional (CPI)?
A lo que más le temen es a la verdad. También hay muchos sectores que temen perder una situación de impunidad estructural en la que han vivido y que les ha producido importantes beneficios. En Colombia, el mayor nicho de impunidad ya no está en las conductas de la Fuerza Pública, sino en sectores vinculados a la financiación, organización y estructuración del paramilitarismo. Civiles que han pasado de agache en todas las jurisdicciones. No tiene explicación que hoy haya 15 mil compulsas de copias que afectan a civiles y ninguno ha sido procesado.
Solo hay dos condenas contra civiles relacionado con el paramilitarismo. Hay miles de condenas contra guerrilleros, miles contra paramilitares, miles contra miembros de la Fuerza Pública y dos contra civiles vinculados al conflicto.
Hay dos interpretaciones para poner a la CPI como el “coco” de los militares: una la de Human Rights Watch, que dice que los requisitos para cumplir con la cadena de mando son demasiados y nunca se podría probar, o la de los militares de Acore, que dice que la definición es muy amplia y todos podrían ser condenados por responsabilidad de cadena de mando. ¿Qué versión tiene para usted validez?
Ni la una ni la otra. Cualquier sistema judicial es ponderado, equilibrado, que aplica responsabilidad de cadena de mando cuando hay unos presupuestos que conforma la regulación establecida. No todos los hechos de subordinados tienen como consecuencia una responsabilidad del mando. Hace falta que el mando conociera o pudiera conocer y tuviera los medios para evitar el resultado judicial. Por lo cual son visiones un tanto exageradas que demuestran es el miedo a que se sepa la verdad.
¿Por qué cree que la definición del artículo 28 del Estatuto de Roma, que quedó en el Acto Legislativo, despertó la atención de la CPI?
La desconfianza de la CPI desaparecería si simplemente se incluye en la regulación de la cadena de mando que su aplicación se hará conforme a lo establecido en el Derecho Internacional.
¿Qué quiere decir?
Ha habido representantes de instituciones del Estado que llegaron a afirmar en las conversaciones de La Habana que iban a dar instrucciones para que los agentes del Estado no reconocieran verdad. Eso es algo absurdo, porque esa instrucción es difícil que se dé. Implicaría que el subordinado asume toda la responsabilidad.
Aunque eso denuncian los familiares de los mal llamados falsos positivos...
Claro, por eso se necesita un sistema que incentive el reconocimiento de verdad temprana como la JEP. Porque no es posible poner en marcha un sistema que procese responsabilidades de 50 años de conflicto si no se estimula el reconocimiento de la verdad. La impunidad no se resolverá con que todos los casos lleguen a una sentencia, eso es imposible para cualquier sistema de justicia. Piénsese en Justicia y Paz, que en 12 años que lleva actuando ha dictado 34 sentencias, que no han condenado a más de 200 personas, cuando los desmovilizados eran 20 mil. A ese ritmo harían falta varios siglos para acabar la impunidad derivada del conflicto. Las víctimas tienen cuatro derechos: a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y hay que ser un equilibrio para que el resultado sea satisfactorio. Eso es lo que busca la JEP.
¿Y las Farc sí están comprometidas con los derechos de las víctimas?
Las Farc pelearon desde el primer momento que el sistema examinara todas las responsabilidades, pero obviamente priorizando los hechos más graves y representativos. Pero eso no puede significar que cientos de miles de supuestos de victimización queden en la impunidad porque no hayan sido cometidos por máximos responsables. Y en segundo lugar, las Farc están comprometidas con la verdad y es no es un discurso. Desde La Habana empezaron a hacer reconocimientos públicos de responsabilidad. A fecha de hoy, el Estado no ha hecho ninguno. Ninguno es ninguno. Los reconocimientos que ha hecho han sido por órdenes judiciales. El Estado desaprovechó una ocasión importante con el exterminio de la UP, cuando se hizo una declaración que satisfizo a medias las expectativas de las víctimas, porque solo reconoció una acción por omisión cuando son innumerables los casos judicializados de agentes del Estado que estuvieron directamente involucrados en los crímenes.
Eso es simplemente un ejemplo. Pero claro, la intención de las Farc es hacer pleno reconocimiento de responsabilidad, por supuesto, porque además su apuesta de normalización política no es posible sin reconocer esto.¿Y sobre la reparación?
En el Acuerdo es muy claro: hay una obligación del Estado de reparar y una obligación de contribuir de muchas formas, en primer lugar, con las sanciones restaurativas, y en segundo, con la aportación de aquellos patrimonios que estaban adscritos al conflicto. Una reparación proporcional a la victimización, que busca priorizar a las víctimas que han estado excluidas socialmente, al margen de quien haya sido el victimario. Hay sectores muy fariseos que se llevan las manos a la cabeza porque las Farc tenían una economía de guerra. Es obvio que no hubieran podido sobrevivir 50 años. Las Farc han dicho: cualquier enriquecimiento propio de un guerrillero queda fuera de la JEP y debe ser revisado por la justicia ordinaria. Cualquier situación de enriquecimiento personal no puede ser relacionado con el conflicto.
¿Cómo quedó ese tema de enriquecimiento en relación con los militares y civiles?
Puedo entender que en favor de la normalización política, de la reconciliación nacional y el fin del conflicto, la asunción de responsabilidades por parte de los agentes del Estado no les suponga acabar en una situación de pobreza. En lo que no puedo estar de acuerdo es que el Estado renuncie a exigir la reparación por parte de aquellos servidores públicos que se han enriquecido a costa del conflicto.
¿A qué se refiere?
A que el acto legislativo aprobado en el tercer debate establece que “la JEP es competente sobre los delitos cometidos directa o indirectamente con ocasión del conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito.
¿Eso qué quiere decir?
Me llama poderosamente la atención esta formulación, porque no existe ningún supuesto en el que un funcionario público pueda obtener un enriquecimiento lícito en relación con el conflicto. Eso no existe. Cualquier enriquecimiento obtenido por un servidor público en relación con la guerra es ilícito. No quiere decir que si un funcionario tiene negocios particulares esos sean ilícitos, pero si se ha enriquecido a consecuencia del conflicto, sólo puede ser ilícito. Es peligroso que se suponga que algún servidor público se pueda haber enriquecido lícitamente en relación con el conflicto.
¿Cómo se va a desarrollar la incorporación de los guerrilleros que viven en la clandestinidad?
Las Farc no es un ministerio y no tiene un registro de sus miembros, colaboradores o amigos, pues sería una irresponsabilidad en la guerra. Además, en este país hay miles de personas en los campos sin cédulas. Pero las Farc sí tienen la máxima voluntad de entregar los listados de todos sus miembros, ya que estos tienen asegurada una ruta de reincorporación.
Para terminar, ¿además de la amnistía a las Farc hay algo que le preocupe?
Por supuesto que la principal preocupación de las Farc hoy es la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el surgimiento de las instituciones que deben garantizarles la seguridad, especialmente, la unidad de investigación de los crímenes cometidos por organizaciones paramilitares. Van 60 líderes sociales asesinados desde que se firmó el Acuerdo de La Habana y los resultados son muy limitados. Es obvio que hay que desmontar esos grupos que amenazan el Acuerdo de Paz.
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