El centro de Bogotá es un hormiguero de ciclistas, vendedores ambulantes y escenario de un tropel entre centenares anti taurinos y la policía enviada a defender el cierre de las vías públicas para beneficio de un empresario que logró la reapertura de la plaza de toros cerrada desde hace cinco años por un alcalde de izquierda. La policía se emplea a fondo cuando cae la tarde del domingo 5 de febrero.
En la otra Colombia muchas personas salen a los caminos, puertos y carreteras a saludar a miles de guerrilleros-as de las FARC que llegan desde las selvas y los páramos con sus armas, mascotas, esperanzas y equipos de campaña para reunirse en las zonas de concentración previas a la desmovilización acordada con el gobierno.
Hace un mes debieran haber llegado, pero los incumplimientos del gobierno imponen un ritmo que la guerrilla asume con paciencia revolucionaria. Sin embargo ya no es sólo el atraso en la construcción de las obras necesarias para que la insurgencia haga vida comunitaria mientras vuelve a la vida civil. Preocupa tanto o más el atraso en el trámite de la ley de amnistía, el incumplimiento del compromiso de indultar a guerrilleros presos, la desidia para ordenar campañas de salud en las cárceles y la falta de garantías por la presencia paramilitar en las regiones por donde pasan las tropas insurgentes.
Son días de sol y son momentos históricos.
En dos días se instala -por fin- la Mesa de Diálogo con la guerrilla del ELN en Quito, luego de la liberación -exigida como requisito por el presidente Santos- de Odín Sánchez, un político retenido por la insurgencia por financiar el terror paramilitar y por robarse la plata de la salud y de la educación pública en una de las regiones más pobres del país.
El ELN se apresta a una negociación que cimenta en la participación de la sociedad movilizada que rompa los límites que les deja marcados el Acuerdo suscrito con las FARC. Difícil asunto, pero que podría tener comienzo el 20 de febrero con una movilización de campesinos, indígenas, obreros y camioneros cabreados –también- por el incumplimiento de los acuerdos que el gobierno suscribió en el último gran paro nacional.
Mientras tanto, los indígenas wayúu se mueren de sed y de hambre en el territorio en el que las multinacionales del Consorcio Cerrejón saquean el carbón que hay bajo sus pies descalzos. La minería no les trajo el progreso prometido, sino todo lo contrario.
Y los indios embera wounaan y las comunidades negras también se ven abocadas a la hambruna en el municipio de Juradó - Chocó por todo lo contrario: para proteger la selva se paralizó el saqueo de las maderas y no volvieron los barcos con alimentos a esta región fronteriza con Panamá. Su alcalde, el indígena Alberto Achito ahora debe enfrentar también el desabastecimiento, otro problema, como si fueran pocos los creados por la exclusión histórica.
De todas maneras las palabras de moda en Colombia son paz, derechos humanos, democracia, corrupción, asesinatos políticos, falta de garantías.
El alcance y contenido de esas aspiraciones y denuncias será la materia que le espera a la 13 Delegación Asturiana de Derechos Humanos que inicia sus trabajos de campo el 20 de febrero, en medio de una brutal campaña de exterminio de defensores de Defensores-as y de opositores políticos que desmiente las afirmaciones del Ministro de Defensa que niega la existencia de los grupos paramilitares y el carácter de sistemática de la persecución contra activistas por la paz y opositores del modelo político y económico.
Colombia de paradojas. Colombia viva, Colombia hermosa en sus luchas, sus colores y sus esperanzas.
Javier Orozco Peñaranda. Coordinador de la 13 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.
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